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Manipulación de pruebas por carabineros en el contexto de la toma de la municipalidad de Curacautín por comuneros mapuche.

Javier Aliaga.

En Chile ha existido una fuerte tendencia institucional de frenar con brazos armados acciones e intervenciones político-sociales que funcionen como desestabilizadores de la elite. Este sostenido contexto de agitación y conflicto llevó a desarrollar –por parte del poder institucional- una serie de mecanismos y operaciones que permiten sujetar la sublevación y aniquilarla mediante fuerzas punitivas de carácter judicial-carcelarias.

La ley antiterrorista y el montaje político se levantan como dispositivos político-judiciales para criminalizar la acción social contestataria de un pueblo que se rebela.

Un montaje político es básicamente crear y representar -a partir de una situación social en conflicto- una historia estratégicamente diseñada que permita criminalizar a los antagonistas, presentando una serie de pruebas previamente seleccionadas para argumentar la criminalización, de esta manera se crea un espacio casi “performático sobre una situación social.

Basta con recordar lo que fueron el montaje político-mediático del llamado “caso bombas” y la “operación salamandra” (2010), un despliegue policial que rayó en el delirio tras el acérrimo interés de allanar lo que en ese entonces estaba siendo la proliferación de casas okupas como centros contraculturales, y a quienes se les incriminó de  la confección y colocación de bombas en la ciudad.

En 1984 se promulgó la Ley Antiterrorista paradójicamente bajo un contexto de dictadura cívico-militar y de violación sistemática a los derechos humanos. La ley en sus inicios se aplicó a grupos antagonistas que representaban un peligro y amenaza en desestabilizar la tiranía de Augusto Pinochet.

La ley establece como terrorismo la acción que “se cometa con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie” o bien también colocar, activar y/o arrojar “armas o artificios de gran poder destructivo o de efectos tóxicos, corrosivos o infecciosos”.

De esta manera, la herencia dictatorial deja institucionalmente instalado un enemigo interno -o externo- imaginario. Un enemigo que se necesita para justificar las medidas represivas, de control y armamentistas. Es bajo el fuerte contexto de resistencia y luchas donde las autoridades de turno y el poder institucional ven la construcción del otro, de un otro terrorista: comunista terrorista, mapuche terrorista o estudiante violento-contestatario.

Siguiendo en ese sentido, la dura lucha que ha venido resistiendo el pueblo mapuche frente a la fuerza policial ejemplifica los intereses de aplicar el montaje y la Ley Antiterrorista particularmente en esta situación: la ocupación total y definitivita de Wallmapu. Sin ir más lejos, solo hay que recordar el despliegue policial que implicó el montaje de la llamada “Operación Huracán”, donde se detuvieron a ocho líderes mapuches bajo el cargo de asociación ilícita terrorista por la supuesta participación en la quema de camiones en zona mapuche.

Sin embargo, hoy la credibilidad de la institución policial junto al Ministerio del Interior no hay quién la sustente. Se convirtieron en el enemigo interno que el mismo poder creó, entonces la pregunta es ¿quién es el terrorista? ¿Un pueblo que defiende sus tierras con huelgas de hambre, resistencia, voz y fuerza; o la institución que realiza desplazamiento forzados, mutilaciones oculares, vuelca sus armas contra el pueblo y gasea la ciudad con armas químicas?

La violencia política y quienes la ejercen han comenzado su proceso autofagocitante del cual nos queda resistir y sobrevivir, dirigir la energía vital a las luchas instaladas y vencer.

Marcha mapuche en Nueva Imperial, agosto 2020. Créditos: Cecilia Hormazábal

Por Roberto Candia.

Cuando pensábamos que Chile estaba cambiando, somos testigos de una arremetida de racismo contra el pueblo mapuche y su larga lucha de más de 500 años. Esta enfermedad llamada “racismo” la hemos heredado del pasado colonial y se manifiesta en varios escenarios de nuestra vida hasta hoy.

A través de un acto de autotutela, prohibido en nuestro ordenamiento jurídico, un grupo de chilenos junto a la policía se concertaron en La Araucanía para ir en un supuesto rescate de algunas municipalidades tomadas para reclamar por el incumplimiento del Estado Chileno al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Dicho convenio obliga a los Estados y a sus instituciones carcelarias a no afectar los derechos humanos de los presos indígenas, considerando las nociones de identidad cultural de aquellos pueblos.

Después de 123 días en huelga de hambre, el machi Celestino Córdova y otros ocho comuneros mapuche en la cárcel de Angol, pusieron fin a ese movimiento, quedando con serios daños físicos. Frente a ese deterioro de los huelguistas, un grupo de comuneros presionaron tomándose las municipalidades de Curacautín, Tirúa, entre otras. Producto de esa acción, surgieron manifestaciones racistas de unos pocos, claramente identificados con la extrema derecha, que prepararon el ataque con el apoyo por omisión de la policía. De hecho, existe registro de audio donde se realiza un llamado a tomar armas y se solicita que la policía no intervenga. Se escuchan el cántico “el que no salta es mapuche”, dando cuenta del desprecio a ese pueblo y a su lucha, retrocediendo unos 150 años en la historia y rememorando los peores horrores cometidos por el Estado Chileno.

En la historia se cuenta varios episodios en que hablan de traición y ambición del Estado chileno. Tenemos que poner en contexto que el pueblo mapuche, por lo menos, lleva unos mil años en el continente y que tanto los españoles como el Estado de Chile quisieron exterminarlo, pero éste resistió estoicamente.

El pueblo mapuche siempre ha luchado por su independencia y autonomía como lo haría cualquier pueblo. Es así como en el desastre de Curalaba (1592), el toqui Pelentaru atacó a los españoles a orillas del río Lumaco, dando muerte al gobernador designado desde España para Chile, Martín García Oñez de Loyola. El triunfo del ejército mapuche derivaría con el tiempo en el reconocimiento del Rey de España para aceptar el derecho del pueblo mapuche al territorio y la frontera natural del Bío-Bío al sur.

Otro hito, ya con el Estado chileno establecido, fue la firma en el gobierno de Ramón Freire, en 1825 de un tratado de 33 puntos, y en su artículo 19 se reconoció nuevamente la frontera del Bío-Bío al sur y se aceptó el derecho del autogobierno mapuche. Como autoridad participó el Lonko Francisco Marihuán. Con esto parecía que los años de lucha podían ya tener un resultado definitivo, pero vino la traición y el desconocimiento del acuerdo en  1866 y Chile -movido principalmente por la ambición y viendo las riquezas de la tierra-, dictó una ley que declaraba la propiedad de todas las tierras para Chile. Años después vendría la ocupación militar en la Araucanía, el llamado proceso de radicación indígena.

BORRAR APELLIDOS Y PROHIBIR LA LENGUA

Ante la traición  por el Estado de Chile, el pueblo mapuche respondió con más procesos de lucha y nunca dejó de lado su identidad como pueblo a pesar del racismo descontrolado por la cultura chilena. El cambio de apellidos mapuche fue un intento infructuoso de ese intento negacionista que además se extendió a tratar de prohibir la lengua. Sin embargo, muchos años después se viviría un periodo de recuperación de tierras en los años 70 por medio de la reforma agraria. Los vínculos de con el movimiento campesino revolucionario (MCR) dirigido por el MIR, posibilitaron dicha recuperación. Ese proceso marcó también otro hito que vino a reparar en parte los años de postergación por el Estado y por sus distintos gobiernos. Sin embargo, después del golpe de 1973 todo se truncó y la historia registraría ya no solo la usurpación de las tierras, sino también el saqueo a las comunidades indígenas. La llegada de la dictadura produjo el zarpazo del capitalismo por medio del decreto 701 dictado por Pinochet. Este tendría sus resultados muchos años después de su firma, con grandes problemas de agua y dejaría a la Región de La Araucanía como una de las más pobres del país. Contrariamente a esto, posicionaría a dos familias como las más ricas de Chile: los Matte y Angelini que se hicieron del negocio de la forestales que hoy superan un capital de más de 5.000 millones de dólares y una ganancia anual de más de 1.950 millones de dólares. El decreto 701 se ha mantenido intacto, e incluso, ha ampliado su vigencia durante los gobiernos de la Concertación. Negocio redondo, pues estas familias han sido los financistas de ambos sectores políticos.

Al pueblo mapuche no solo han tratado de aniquilarlo, han ocupado sus tierras de forma ilegal y además han explotado su territorio lucrando y dejando a muchas comunidades sin agua y con nula posibilidad de cultivar. Para todo esto fue necesario la fuerza del tan “valeroso” ejército chileno que se destaca en la historia por masacrar a sus compatriotas, teniendo como cómplices también a la clase política y a un grupo de familias de la oligarquía. Para que decir de nuestros reputados historiadores que dejaron al pueblo mapuche como flojo e improductivo. El anhelo de ser los europeos de América dejó en segundo plano y totalmente anulado por varios años al pueblo mapuche y a otros pueblos originarios.

Pero Chile despertó y son hoy miles de banderas mapuche las que se han enarbolado en la Plaza de la Dignidad, dando esperanza también a ese pueblo y a su lucha histórica de autonomía y territorialidad como pueblo nación que reclama su necesidad de libre determinación. En una alianza que puede ser historia, el pueblo chileno y el pueblo mapuche pueden unirse y trabajar juntos, pues después de todo son víctimas de años de abusos y explotación. Ambos han solidarizado y las marchas y trawun son testigos que estos dos pueblos pueden convivir frenando al racismo. Antes de esto se debe hacer frente a la feroz envestida de la elite capitalista que claramente ve en esta relación el peligro de perder sus tremendas ganancias y sus comodidades.

 

-Camino a la plurinacionalidad.

-Libertad a todos los presos políticos chileno y mapuche.

-Fin al Terrorismo de Estado.

El encuentro comunitario mapuche en Curacautín logró definir algunos pasos, logró un grado de rearticulación, repudiar el acto cobarde que hicieron los fascistas, latifundistas, amparados por la gente del pueblo chileno. Aunque el Lonco Curamil precisa: “Es importante no confundir a nuestro enemigo, sabemos dónde tenemos que pelear, dónde tenemos que dar la lucha. Hay un territorio usurpado, están las empresas forestales, están los camiones que muchas veces contaminan nuestro territorio, pero acá en Curacautín también hay pobres”.

Así mismo, la huelga de hambre de los presos mapuche, en particular del machi Celestino Córdova, logra un pequeño avance, al llegar a un acuerdo  con el gobierno que contempla que; los presos políticos mapuche en huelga de hambre no serán sancionados disciplinariamente por Gendarmería; que por ser miembros de pueblos originarios podrán optar a ser trasladados a Centros de Educación y Trabajo; se oficiará a la Defensoría Penal Pública para que pidan solicitudes de revisión de medidas cautelares y su paso de prisión preventiva a arresto domiciliario; Módulos especiales para presos políticos mapuche y se continuará con los diálogos interculturales penitenciarios que permitirían modificar paulatinamente el respeto a la pertinencia cultural en la reinserción laboral y educación, salud, alimentación y asistencia espiritual.

Aunque paralelamente Piñera insiste en señalar “nuestro compromiso con el Estado de derecho, con el orden público y la seguridad ciudadana es total”; esto se traduce en agudizar la ocupación militar del estado en las regiones de la Araucanía y del Biobío, con el masivo despliegue terrestre y accionar de fuerzas policiales y militares.

Además, sectores sociales de su base de apoyo exigen más represión en la región, en particular los transportistas de camiones que ya se han prestado anteriormente como punta de lanza para boicotear las aspiraciones populares y justificar la bota militar como en octubre del 72 y septiembre 73 nuevamente lo hacen. Tanto es así, que este sector ha impulsado una movilización nacional que incluye, prostitución, carretes, incumplimiento de norma sanitarias, bloqueo y cortes de carreteras e incluso asumiendo de hecho funciones de fiscalización con camioneros que circulen con mercadería sin acatar el paro.  Hay una actitud cómplice del gobierno con esta movilización de los transportistas para presionar al congreso para aprobación de un paquete de leyes represivas que le interesa impulsar a Piñera, por eso el guante de seda y las justificaciones desde el ministerio del interior.

Este mes de septiembre no podemos dejar de señalar que se cumplen 47 años del golpe cívico militar en que, la clase dominante recuperó el aparato del gobierno, arrebatando las conquistas de los sectores populares, desarrollando una feroz represión e instaurando a sangre y fuego un modelo neoliberal capitalista con todas las consecuencias que conocemos, aunque la derecha se vista con otro ropaje su vocación de dominación y represión es inherente a ella.

En ese marco, ante la nueva situación generada a raíz de las movilizaciones sociales políticas de octubre del año pasado, a regañadientes y en un acuerdo de las elites a espaldas de los sectores sociales movilizados, el 15 de noviembre los personeros políticos por arriba y entre cuatro paredes imponen un acuerdo que contempla el plebiscito con letra chica. Pero, aun así, para la derecha el plebiscito es un estorbo y maneja varias alternativas. Desde no hacerlo que incluya contener y reprimir. Perder por poco para quitarle legitimidad al proceso. Pugnar para que el futuro congreso elegido próximamente asuma la representación de una constituyente como lo ha insinuado en un par de ocasiones recientemente el propio Piñera.

También es relevante el escenario después del plebiscito. Es decir, lo que se llama el plebiscito de salida que dará cuenta de lo concreto que se pueda lograr dentro de las limitaciones que van desde el acuerdo de las élites el 15 de noviembre. Cuando en verdad lo que cambió la situación y correlación de fuerzas fue la movilización masiva, transversal de los sectores populares ante el abuso y por sus derechos y demandas. Estas movilizaciones no se detuvieron ni ante la represión indiscriminada, los presos, los mutilados oculares, los torturados ni los muertos. Y seguirán hasta lograr parar los abusos, conquistar las demandas transversales y generar las condiciones para un cambio del sistema.

 

Por Rosa Blanca. 

Se reactivan las protestas ante el asesinato de un poblador cometido por la policía el 9 de septiembre en Bogotá. En medios oficiales confirman 13 muertos y centenares de heridos/as a causa de la brutal represión. Esto ocurre en medio de las sistemáticas masacres a luchadores sociales, y a casi un año del histórico Paro Nacional.

La noche del 9 de septiembre en Villa Luz de Bogotá, Javier Ordoñez de 46 años fue detenido por dos oficiales de la Policía metropolitana. Mientras yacía en el suelo y rogaba por su vida, lo electrocutaron reiteradamente con una pistola de corriente. El hecho de que estuviesen siendo grabados y denunciados por pobladores no los detuvo. Cuando Javier dejó de reaccionar lo trasladaron a la estación de policía local donde le negaron la atención médica, y posteriormente falleció a raíz  del daño provocado por la tortura.

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El video de la brutal detención se difundió por redes sociales y alertó a la población.

https://www.youtube.com/watch?v=3ykcQODDUhM&feature=youtu.be&bpctr=1600050816

De manera inmediata y espontánea se generaron convocatorias en repudio del abuso policial, desencadenándose enfrentamiento  en diferentes barrios de Bogotá y en otras localidades como Ibagué, Cali, Neiva, Medellín, Barranquilla, Pitalito, Bucaramanga, Pereira, Tunja y Popayán.

La primera jornada de protesta en la capital tuvo una masividad sorprendente e inesperada. La rabia del pueblo se volcó a los Comandos de Acción Inmediata (CAI), alrededor de 47 de estaciones de policía fueron destruidas e incendiadas.

Pero también durante esa noche se vivió una verdadera casería a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios. La policía disparó ráfagas a quemarropa, golpeó y pateó a detenidos en el suelo, atropelló, apedreó personas y viviendas, amenazó de muerte a pobladores/as, torturó y privó de atenciones médicas a detenidos/as. Además hubo persecución a defensores de derechos humanos.

Como resultado de la brutal represión se contabilizan al menos trece manifestantes asesinados,  la mayoría jóvenes de entre 17 y 27 años de edad. Además de centenares de heridos (la cifra actualizada al 11 de septiembre por la prensa burguesa de CNN es de 400 heridos).

Una fosa común con himno nacional

Si bien las protestas iniciaron como reacción al asesinato de Ordoñez, son una expresión legítima de la indignación de la gente ante el  endurecimiento de la violencia policial bajo la excusa de la pandemia, y también las graves injusticias y acciones de exterminio ocurridas bajo el gobierno de Iván Duque.

En lo que va del año se contabilizan 55 masacres y más de 200 pobladores/as de zonas rurales asesinados a manos de grupos paramilitares que asedian a comunidades campesinas, negras e indígenas. Esto ocurre en complicidad del ejército y gobierno colombiano y bajo completa impunidad. El gobierno niega la existencia de los grupos paramilitares, minimiza las matanzas nombrándolas como “homicidios colectivos”, y responde a cambio con mayor militarización en todo el país.

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Reactivación del Paro Nacional

Desde el relato de una corresponsal del programa radial Reporteras del Caos, las actuales manifestaciones al igual que las de ese entonces, se han gestado al interior de los barrios. Esta particularidad ha llevado a descentralizar los espacios de protesta que habitualmente transcurrían en plazas públicas emblemáticas y  donde la policía tenía un control asegurado de las zonas. Además es un recordatorio que el conflicto no sólo está en el campo sino también en la ciudad, propiciando la necesidad de apostar por la organización barrial y territorial.

Señala además que pese al doloroso escenario, en la calle la gente estaba muy contenta, gritando, arengando, y mostrando diversas formas de expresión. La alegría afloraba nuevamente al recuperar las calles que la gestión de la pandemia les negó durante todos estos meses.

Si bien disminuyó la algidez de la primera jornada, las convocatorias continúan y crean un ambiente similar al del paro nacional ocurrido en noviembre de 2019 y que se extendió por alrededor de un mes y medio. El próximo gran llamado a protesta será el 29 de septiembre.

 

El “Pliego del Pueblo” debe ser la síntesis de las demandas más sentidas, y por lo tanto, movilizadoras de nuestro pueblo

Ariel Orellana Araya.

Desde alrededor del año 2006 se abrió un nuevo ciclo en la lucha de clases en Chile, con un movimiento de masas que enfrentó el sistema de dominación y explotación capitalista en alguno de sus pilares; por ejemplo, en el plano sindical, las/os trabajadoras/es del subcontrato impulsaron importantes y radicales luchas.

El alzamiento popular de octubre significó un salto cualitativo y cuantitativo en el desarrollo de las luchas de nuestro pueblo, que, a pesar de ser una irrupción no planificada, fue un cuestionamiento real a la integralidad del modelo neoliberal, recuperando formas históricas de lucha, la vuelta a las calles, la irreverencia frente a la “legalidad”, la autodefensa de masas y la protesta popular fueron la expresión máxima de rebeldía de un pueblo que despertó.

Este clímax del movimiento popular permitió el desarrollo explosivo de los niveles de conciencia de la clase trabajadora que la propia lucha fue dotando. La fuerza insolente del pueblo se expresó en miles de marchas, barricadas, enfrentamientos.

Este alzamiento a través de asambleas territoriales, reuniones, encuentros, conversatorios permitió ir dando curso a una batería de demandas y reivindicaciones ya no sólo sectoriales y aisladas, sino que transformarlas en un pliego común, de carácter nacional y que buscaba de forma integral resolver las demandas mínimas de la clase trabajadora, pariendo irruptivamente, y quizás de cierta forma espontánea, un pliego del pueblo.

Sueldo mínimo $500.000, 40 horas de trabajo semanal sin flexibilidad, pasaje gratis a estudiantes y tercera edad, pago de locomoción y colación en todos los lugares de trabajo, congelamiento de tarifas de servicios básicos, fin a las AFP y su sustitución por un sistema de reparto y pensión básica igual ingreso mínimo, transporte público estatal, farmacias estatales, terrenos para viviendas sociales, fin al lucro en la salud y la educación, nuevo sistema de protección de la infancia y la tercera edad, nacionalización de agua y los recursos naturales, protección a la maternidad y socialización del trabajo doméstico, libertad a las/os presas/os políticos, son algunas de esas demandas.

El pliego que surgió durante las primeras semanas del alzamiento popular ha ido sumando nuevas reivindicaciones, principalmente luego de la nueva coyuntura generada por la pandemia del coronavirus. Es urgente construir un programa revolucionario que busque la transformación radical que prefigure la sociedad nueva, la sociedad donde dejemos atrás la propiedad privada.

Este programa transformador, no debe ser fruto de intelectuales separados de la lucha de clases, es decir, no debe aparecer desligado de las luchas del pueblo o emanado entre cuatro paredes, menos desde quienes coquetean con el poder.

Se hace imperioso que, desde los sectores organizados de la clase trabajadora y el pueblo, emerja un bloque que logre articular las diferentes expresiones político – sociales, y que sea expresión de la fuerza organizada de los sectores clasistas y revolucionarios.

Un bloque que exprese orgánicamente la lucha por el programa de la revolución y se despliegue con la fuerza necesaria para realizarlo.

Este espacio de unidad dialéctica e indisoluble entre las/os que luchan es el lugar del cual puede y debe emerger un programa de transformación que permita vislumbrar un camino de cambio radical de la sociedad de clases.

El programa de la revolución finalmente será una fuerza viva de millones de hombres y mujeres que impulsen las demandas y reivindicaciones políticas, económicas y sociales, por acabar con el sistema capitalista de barbarie y busquen con la energía de millones construir un nuevo orden, dejando atrás lo viejo y edificando una sociedad libre de toda opresión y explotación.