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Por Nahuel

Programa de gobierno de Bachelet

Es importante a la hora de hacer un análisis, por breve que este sea, acerca de lo que se puede esperar en el sector salud en lo que resta del gobierno de Bachelet, tener presente qué es lo que prometió cuando era candidata y que quedo refrendado en el vapuleado programa de gobierno. En esta nota nos referimos a dos puntos contenidos en el programa: las inversiones en infraestructura sanitaria y a la ya abortada reforma a la ley de Isapre.

Infraestructura

Respecto de la infraestructura es útil hacer mención a un reciente artículo suscrito por la Ministra de Salud Carmen Castillo y la subsecretaria de redes asistenciales.[1] En este artículo las autoridades de salud dan cuenta del avance en las inversiones, señalando que a febrero del 2017, es decir, a un año del término del gobierno, se encuentran tres hospitales terminados y 24 en construcción, en circunstancias que el programa de gobierno prometía 20 hospitales terminados, 20 en licitación, y 20 en estudio,  habrá que ver en qué situación quedan los 24 en construcción y los otros. Respecto de los establecimientos de atención primaria (APS), señala que habrían 112 terminados, en el programa se promete que se entregaran 200 establecimientos entre centros de salud familiar y centros comunitarios de salud familiar, más 132 servicios de atención primaria de urgencia de alta resolutividad (SAR), de tal manera que lo más probable es que en estos aspectos quede una deuda significativa.

Reforma a la Ley de Isapre

La reforma a la ley de Isapre tampoco se ha concretado, y todo indica que no se concretará, la falta de unidad política de la Nueva Mayoría impide avanzar en este campo, pues unos defienden y son parte del sistema privado de salud, mientras otros intentan colocar una mirada de salud pública, mientras tanto el sistema sanitario en su conjunto atraviesa una crisis de proporciones.

Mientras el sector privado de salud muestra evidentes signos de crisis, la cual se expresa nítidamente en los problemas que atraviesa la Isapre Más Vida castigando a aproximadamente 500 mil beneficiarios con la incertidumbre respecto de sus atenciones de salud, otras están pasando serios aprietos por la judicialización de la relación entre los cotizantes y las aseguradoras, pues estas últimas no pueden subir las primas, en un contexto de costos crecientes en salud, llevando al sistema privado a una eventual crisis de no mediar una solución exprés, que no podrá ser otra que castigar a los cotizantes de las Isapre vía aumento de sus gastos en salud.

A su vez el sistema público está inmerso en una crisis de financiamiento ya crónico, el cual se ha disparado en el actual gobierno, a la vez que los problemas más apremiantes de usuarios y usuarias del sistema público no mejoran, tal es el caso de las listas de espera en consultas de especialidad derivados de la atención primaria, exámenes diagnósticos de alto costo, y en las intervenciones quirúrgicas.

A pesar de la crisis crónica del sistema de salud, ha sido en extremo difícil la emergencia de    actores y actoras político sociales que pudieren hacer una justa ecuación que pondere el conjunto de problemas de corto y mediano plazo del sistema y que levante una propuesta de salida a los principales problemas y postule una propuesta radical de Nueva Salud Pública. En relación a lo anterior, el conjunto de gobiernos de la transición ha sido hábil en dividir a los potenciales actores, por una parte ha fragmentado a los trabajadores de la salud en un sinfín de asociaciones, federaciones, confederaciones, etc., y por otra parte ha domesticado a la mayoría de los consejos consultivos y consejos de desarrollo que son las instancias de participación que contempla la ley.

A pesar de todo lo crítico de la situación en Enero de este año se dio nacimiento en la ciudad de Concepción al Movimiento Salud Para Tod@s, el cual contó con delegaciones de varias ciudades del país. Lo principal de este encuentro fue la concurrencia de trabajadores de distintos estamentos de la salud pública, de representaciones vecinales, de estudiantes, de algunos consejos consultivos, de ONGs, etc., todo lo cual viene a colocar un grano de arena más en el emergente movimiento popular.

En el corto plazo la constitución de este movimiento debiera ser la continuación ampliada de la campaña No + Listas de Espera, que apunta efectivamente a las demandas más sentidas de la población, a la vez que se desarrollan distintas iniciativas autónomas de construcción político social que den respuesta aunque sea parcial a esos problemas en el ámbito territorial. En el mediano plazo las tareas son varias, en primer lugar el éxito o fracaso se medirá en si el movimiento logra efectivamente traspasar los intereses corporativos y poner los intereses de las clases subalternas por delante, y en segundo lugar en si logra levantar una lucha de masas por las demandas más sentidas de la población y de trabajadores, la síntesis de estos dos aspectos será el proyecto de Nueva Salud Pública para una nueva sociedad.

 

[1] http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2017/02/06/avances-del-plan-de-inversiones-en-salud/

Por Ernesto Carmona / 20-04-2017
La Corte de Apelaciones de Antofagasta por unanimidad declaró ilegal la expulsión del país de tres jóvenes estudiantes peruanos efectuada por la Policía de Investigaciones (PDI) el 26 de enero de 2017 cumpliendo órdenes de la represetación regional del gobierno de Chile, según informó hoy un comunicado de prensa del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). La corte local acogió un recurso de amparo presentado por el INDH y la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en favor de los jóvenes Michael Peña, Eduardo Pillaca y Carla De La Cruz.

El gobierno decretó la expulsión basándose en un informe de la PDI, que más bien parecía inspirado por la influencia ultratumba de Pinochet, donde los policías civiles argumentaron  que a los tres jóvenes les hallaron literatura anarquista y marxista, además de descubrir que participaron en actividades en universidades, atendiendo convocatorias publicadas en redes sociales como Facebook.
El recurso de amparo presentado por el INDH y la organización de migrantes buscaba que la justicia declarara ilegal la decisión de la Intendencia Regional. Y así lo decidió la primera sala del tribunal de Antofagasta, integrada por los ministros Óscar Clavería, Virginia Soublette y la abogada (i) Macarena Silva, cuando dejó sin efecto dos resoluciones dictadas el 23 y 24 de enero 2017 por la Intendencia Regional de Antofagasta, decretando la expulsión del país de los amparados.

“Pese a lo informado por la Policía de Investigaciones, en los partes emitidos, que dan sustento a las resoluciones, sólo se hace referencia a la infracción de la normativa de extranjería, sin indicar y precisar el actuar de los amparados a algún hecho en específico, lo que conlleva, en definitiva, a la inexistencia de sustento fáctico”, dice el fallo judicial.

Por lo demás, indica la sentencia, la imputación  de “anarquismo” no constituye per se actos violentos, referidos en el Decreto Ley N° 1.094, pues no es más que un pensamiento filosófico para defender la libertad individual.

El jefe regional del Instituto de Derechos Humanos, Paulo Palma, sostuvo que con esta resolución, lograron restablecer los estándares del derecho con hechos fundantes. Añadió que la PDI y la Intendencia no tenían antecedentes fehacientes respecto a que los jóvenes habían venido al país a perpetrar actividades de incitación a la violencia. “Nunca existió un ánimo de exaltar el orden público”, dijo.

“Nosotros estamos por la protección de los derechos humanos en todos sus ámbitos. La detención fue ilegal. Los jóvenes venían por actividades académicas que se realizaron en casas de estudio reconocidas por el Estado”, señaló Paulo Palma.

El recurso de amparo destacó las vulneraciones a los derechos que sufrieron los tres jóvenes, partiendo por la carencia de un debido proceso previo a su expulsión del país, sin que se les haya indicado qué leyes se les aplicaron y las razones de la expulsión. El escrito también recordó a las autoridades que el Estado de Chile ha suscrito tratados y convenciones internacionales que resguardan el libre tránsito de personas, incluidas las extranjeras.

En marzo pasado en un caso similar, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de un recurso de amparo presentado por el INDH en favor del ciudadano italiano, Lorenzo Spairani, quien fue expulsado de Chile el 4 de febrero pasado bajo el argumento de “encontrarse participando activamente en diversas actividades antisistémicas, alterando el orden social del país y constituyendo de esta manera un peligro para el Estado”. En esa ocasión la orden de expulsión fue decretada por la Intendencia Metropolitana.

Como el periodismo bajo dictadura
Para vergüenza del periodismo chilensis, diarios como La Tercera le hacen claque y sirven de caja de resonancia a la caza de brujas de la PDI y sectores retrógrados del propio gobierno “izquierdista” en el poder. El 28 de enero de 2017 no bastó un solo redactor sino tres periodistas del diario de Álvaro Saieh (V. Rivera, J. Matus y F. Díaz) tuvieron que redactar el infundio titulado “Expulsan a extranjeros que iban a participar en seminario anarquista”. Decisión administrativa se aplicó a tres ciudadanos peruanos.
Como en los mejores tiempos de la dictadura, este diario no confronta las fuentes, amplifica los comunicados de RRPP de la PDI y apoya cualquier montaje. El texto repite al pie de la letra los infundios sin base de “la fuente”, o sea la PDI:
“Tres ciudadanos peruanos fueron expulsados del país este jueves, luego de que el Departamento de Inteligencia de la PDI detectara su ingreso a Chile por el paso legal de Chacalluta, en Arica y Parinacota. Los jóvenes venían a participar de un foro internacional llamado “Derribando Fronteras”. Según la información que tiene la policía, sería un seminario de tendencia anarquista.
“La información de la policía permitió detectar que este foro se realizaría el 27 de enero en Santiago, en la calle Nataniel Cox, en el centro. Según fuentes de caso, el primero contacto con los jóvenes peruanos se realizó en Antofagasta, donde comenzó el seguimiento”. La historia de La Tercera sigue, pero todo lo que afirma emana de la fuente PDI y consiste en acusaciones vagas que resultaron infundadas y falsas. 
Estos textos periodísticos traen a la memoria los montajes que armaba la dictadura con los medios de información, entre ellos La Tercera, para fabricar historias falsas que encubrían crímenes terribles, como el Caso de los 119, Rinconada de Maipú, Operación Alfa Carbón, el caso de la profesora comunista Marta Ugarte, entre muchas otros demostraciones del periodismo rastrero con el poder a la hora de violar los derechos humanos.

Presentan recurso por expulsión de tres jóvenes peruanos

Por MapochoPress / EC / 14-04-2017

 

Un recurso de amparo presentó este miércoles el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Antofagasta junto a la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, en favor de tres jóvenes estudiantes peruanos que fueron expulsados de Chile por la Policía de Investigaciones (PDI) en cumplimiento de una orden de la Intendencia Regional, es decir, el brazo local del gobierno, según un informe oficial del INDFH difundido como nota de prensa de la institución.

La expulsión, decidida por el gobierno chileno el 26 de enero pasado, se basa en un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) que argumenta que a los tres jóvenes se les encontró literatura anarquista y marxista, al tiempo que participaban en actividades en universidades, según convocatorias publicadas en redes sociales, como Facebook. El recurso de amparo presentado por el INDH y la organización de migrantes reclama que la Justicia declare ilegal la decisión de la Intendencia, denominación de la extensión del poder ejecutivo chileno en la región de Antofagasta.

La resolución de la Intendencia, que se cumplió el 26 de enero, invocó el artículo 15 de la Ley de Extranjería, que señala “que no podrán ingresar al país quienes propaguen o fomenten de palabra o por escrito o por cualquier otro medio, doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia, el orden social del país o su sistema de gobierno”. Según la versión entregada por los jóvenes expulsados, los tres ingresaron a Chile por la frontera norte Tacna-Arica el 18 de enero con visa de turistas y, además de recorrer el país, aprovecharían de recoger antecedentes sobre los movimientos obreros del norte para sus estudios de ciencias sociales, razón por la que viajaban con materiales de estudio, entre ellos libros vinculados a las teorías marxistas y anarquistas.

Según el recurso de amparo, “la policía realizó un ilegal e infundado acoso sistemático en contra de los estudiantes peruanos desde que ingresaron a Chile, contra quienes presentaron una denuncia por el simple hecho de poseer unos libros de marxismo y ciencias sociales en general. Esta denuncia fue la base para que el Intendente de Antofagasta, Arturo Rosamel Molina Henríquez, dispusiera su expulsión del país, al considerarlos ‘propagandistas o incitadores de ideologías’ que entiende son contrarias a la estabilidad del país”.

Los jóvenes llegaron desde Tacna a Arica, luego partieron Iquique, para dirigirse finalmente hasta Antofagasta, en un recorrido que hicieron por tramos para conocer distintos lugares. Al bajarse del primer bus que tomaron en Iquique, fueron abordados por efectivos de la PDI, quienes “sin motivo” les realizaron un “extenso interrogatorio” sobre su viaje, que se repitió quince minutos después.

Tras el primer encuentro con la policía, se alojaron en Antofagasta en la casa de amigos chilenos. Luego, el 24 de enero, viajaron a La Serena, donde la PDI “montó un operativo de seguimiento y vigilancia a la casa, hostilizando en forma constante a los amparados, con controles de identidad y seguimientos, inclusive a las amistades de los amparados, así como a vecinos de la casa donde alojaban”. Dos días después, en momentos que los jóvenes realizaban unas compras, fueron intervenidos nuevamente por efectivos policiales que hacían un “control rutinario”, quienes los detuvieron y llevaron a la unidad de Policía Internacional de la PDI de la Serena.

En el cuartel, un subcomisario volvió a interrogarlos, ahora “de forma grosera y prepotente”, les “exigió específicamente que declararan cuál es su ideología”, y asumiendo que eran anarquistas les preguntó si habían participado en eventos sobre el tema. Ante la negativa de los amparados, “el subcomisario les dijo que estaban detenidos por no darles mayor información”, y enseguida les dijo “que tenía una orden de expulsión en su contra dictada por el intendente de Antofagasta, les filmó una declaración y los amenazó, entre otras cosas, con hablar con el lenguaje universal de la violencia”.

 

Luego de esto fueron esposados y conducidos en diversos vehículos hasta Arica, desde donde los expulsarían, trayecto durante el cual “no se les permitió alimentarse, fueron tratados de forma grosera e inclusive se les trató de amedrentar con llevarlos a un cuartel militar en Arica, indica el escrito.

El recurso de amparo indica la serie de vulneraciones a los derechos que sufrieron los tres jóvenes, partiendo por la carencia de un debido proceso previo a su expulsión del país, sin que se les haya indicado qué leyes se les aplicaron y las razones de la expulsión. El escrito también recuerda a las autoridades que el Estado de Chile ha suscrito tratados y convenciones internacionales que resguardan el libre tránsito de personas, incluidas las extranjeras.

En marzo pasado en un caso similar, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de un recurso de amparo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en favor del ciudadano italiano, Lorenzo Spairani, quien fue expulsado de Chile el 4 de febrero pasado bajo el argumento de “encontrarse participando activamente en diversas actividades antisistémicas, alterando el orden social del país y constituyendo de esta manera un peligro para el Estado”.

Basado en nota de prensa de Libio Pérez: 9 92494957 y Fernando Espina 9 78864622, de Comunicaciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)

Eliodoro Yáñez 832, Providencia, Santiago

(+56)2 28878800 – www.indh.cl

Facebook/INDH Chile

 

MAPOCHO PRESS

Santiago – Chile
Reproducción permitida / Citar fuente

 

A partir del martes 11 de abril en la tarde, los sindicatos afiliados a la Federación Nacional Sindical Rodrigo Cisterna se encuentran en paro indefinido luego de meses sin una respuesta favorable por parte de la empresa. La federación agrupa a sindicatos de trabajadores de las Empresas Indef Ltda., Serfint E.I.R.L. y Rauco Ltda. del Área Silvícola, el Sindicato Trabajadores de Empresa Sotrosur Ltda. de Viveros Horcones, y el Sindicato Interempresas Aserraderos Arauco.

Sus principales demandas son:

  1. Subir valores por las Podas atrasadas a $50 por árbol para los trabajadores de los Sindicatos de Trabajadores de Indef y Serfint.
  2. Implementación de un bono de calidad de $100.000 (cien mil pesos) por trabajos terminados y aumento de tarifas para químicos y plantación de los trabajadores de la empresa Rauco Ltda.
  3. Mejorar implementación de trabajo para el conjunto de trabajadores del área silvícola.
  4. Continuación y avance de la negociación del petitorio del sindicato interempresas de Aserraderos Arauco, y reintegro inmediato de nuestro dirigente y los 2 conductores castigados.
  5. Continuación y avance de la Negociación del Petitorio del Sindicato de Trabajadores de Empresa Sotrosur Ltda., Viveros Horcones.

Además de esto acusan hostigamiento a sus dirigentes y miembros de sindicatos. Incluso, acusan que 3 conductores, uno dirigente, del sindicato interempresas Aserraderos Arauco, han sido “castigados” con no entrar a ninguna propiedad de Forestal Arauco SA. tras participar en el último paro de este sindicato hace cerca de 3 semanas atrás, lo cual, en la práctica, es estar despedidos y vetados de por vida para trabajar en alguna empresa que preste servicios a Forestal Arauco SA.

Por ese motivo, los trabajadores llaman a la comunidad a la solidaridad activa y estar atentos de cualquier represalia que la empresa pudiese tomar contra ellos.

 

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Conversamos con Luis Rojas, Presidente del Sindicato de la empresa contratista TRAZA de  VTR. Quién nos indica que la huelga iniciada el díade ayer  jueves 13 de abril es por la demanda de un aumento de 15% de sus salarios y que les paguen las horas extraordinarias y no como OT que tiene un valor de solo $2500, aunque realicen 3 o 5 horas extraordinarias es el mismo valor. También hace un llamado por difusión y solidaridad  con sus reivindicaciones salariales.