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Declaración de la federación de trabajadores y trabajadoras del área social (FENTTAS)

Juan Pablo era presidente del Sindicato Nº1 de Trabajadores de AZETA, subcontratista de Chilectra. A los 35 años de edad, fue asesinado en las dependencias de la empresa, un día antes de la realización de comparendo en la Dirección del Trabajo. El sindicato llevaba una larga seguidilla de enfrentamientos con AZETA, acumulando 52 denuncias por abuso laboral, entre las cuales destacan las deficientes condiciones de seguridad en que ejecutaban labores, acarreando constantes accidentes y caídas con resultado de muerte para los trabajadores.

A las 48 hrs de producido el disparo que le quitó la vida a Juan Pablo, el Estado de Chile, a través de sus representantes, declaró se trataba de una “bala loca”. Cuando todavía no se había nombrado ni siquiera un Fiscal para que se desarrollara una investigación de los hechos, el entonces Ministro del Interior, Andrés Chadwick y la Brigada de Homicidios de la PDI aseguraban que un joven menor de edad residente de La Legua era el responsable de su fallecimiento. Los peritajes realizados de manera privada por la familia y organizaciones dieron como resultado que la persona que disparó en contra de Juan Pablo se encontraba dentro de las instalaciones de la empresa AZETA. La justicia sin embargo se apuró en condenar a Jason, de 16 años, quien asumió la responsabilidad de los hechos, a pesar de la nula evidencia en su contra.

A 4 años de su asesinato, el crimen contra Juan Pablo Jiménez continúa impune. Se trata de un acto de terrorismo patronal, con la intención de desmovilizar y amedrentar la lucha de los trabajadores y trabajadoras por su dignidad. El Estado Neoliberal, actuando como brazo político del empresariado, respaldó dichas acciones a través de sus aparatos jurídicos e investigativos, y lo sigue validando día a día, al mantener la segunda investigación sin avances, así como al promover y ejecutar de manera cada vez más masiva el régimen de subcontratación, permitiendo condiciones laborales precarias, inestables y desreguladas para cientos de miles de trabajadoras y trabajadores. El Estado de Chile es cómplice también de culpar y condenar a un joven perteneciente a la clase trabajadora, del asesinato de un adulto de su misma clase, cometido con fines que sólo benefician a los explotadores.

Como trabajadoras y trabajadores del área social, nos hacemos parte del llamado de las diversas organizaciones convocantes a no olvidar lo ocurrido con Juan Pablo, exigiendo Verdad y Castigo contra los verdaderos responsables de su asesinato. Denunciamos y rechazamos categóricamente la persecución contra las organizaciones sindicales y sus representantes, también presente en las empresas sociales para las cuales nos desempeñamos, aquellas que dicen defender los derechos de niños, niñas y jóvenes, pero que atropellan de manera desmedida y sistemática los derechos de trabajadores y trabajadoras. Declaramos nuestro total repudio a la tercerización de las políticas públicas y sus consecuencias tanto en las condiciones laborales como en la calidad de la atención brindada, la gestión deficiente y el lucro de privados con fondos estatales. La lucha de Juan Pablo también es nuestra lucha.

Recordamos a Nelson Quichillao, Rodrigo Cisternas y Marcos Cuadra, así como a todos y todas los/as luchadores/as anónimos/as que día a día son ejemplo de dignidad. Abogamos por el fin de la impunidad contra los crímenes cometidos hacia los miembros de nuestra clase, y por la unidad y fortalecimiento de la organización sindical.

PRECARIAS/OS NOS QUIEREN, ORGANIZADAS/OS NOS VERÁN

TRABAJADORAS/ES DEL ÁREA SOCIAL

WEWAIÑ!!!!

El Colectivo CINE FORUM de Valparaíso comunica a las organizaciones de Derechos Humanos y a la opinión pública en general que, entre el miércoles 8 y el viernes 10 de febrero, la Armada ha demolido – por su cuenta – lo que fue el edificio de la Academia de Guerra Naval, ubicada en la colina de Playa Ancha, final de calle Pedro León Gallo y calle Villaseca.

 

Vemos con estupor en este hecho el intento de borrar de la memoria aquel lugar donde se deliberó y se fraguó el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Mismo recinto donde a partir del golpe se asesinó y torturó a miles de porteños, razón por la cual, irónicamente será conocido como “El Palacio de la Risa”, y que hoy ya no existe.

 

Como Colectivo Cine Fomum, manifestamos nuestra preocupación por considerar que estamos ante una nueva maquinación inmobiliaria de la Armada, tal como hicieron hace un tiempo con el antiguo Fuerte Papudo que estaba en una colina camino a Viña del Mar que hoy son torres de vivienda y un gran negocio para quienes aprobaron este atentado patrimonial.

 

Exigimos a la autoridad pertinente salvaguardar el antiguo cuartel Silva Palma, pues se corre el riesgo de que pueda seguir el mismo destino del –hoy- malogrado edificio de la Academia de Guerra Naval. El cuartel Silva Palma como recinto naval fue testigo del secuestro y la tortura de cientos de porteños-as, y de la desaparición de compañeros.

 

A partir de esta declaración, denunciamos esta actitud indolente de la Armada con la historia y la memoria de la represión ejercida durante la dictadura militar, y reiteramos nuestra decisión de seguir luchando para que este lugar sea declarado pronto como Sitio de Memoria Histórica y que la colina sea declarada como lugar de Conservación histórica por parte del Consejo de Monumentos Nacionales.

 

Por lo anterior, solicitamos a los grupos sociales y en particular a las agrupaciones de Derechos Humanos, un apoyo -por escrito- dirigido al Colectivo Cine Forum de Valparaíso y la Agrupación de Marinos Antigolpistas, instancias que han liderado desde hace un tiempo la lucha por hacer del Silva Palma un Sitio de Memoria de Valparaíso.

 

Nelson Cabrera V         Cine Forum

Víctor López Colectivo   Agrupación Marineros Antigolpistas

Valparaíso, Jueves 16 de febrero de 2017

Al Gobierno de la Presidenta Sra. Michelle Bachelet Jeria.

Al Ministro del Interior

Abogado Sr.  Mario Fernández Baeza.

A los Organismos Nacionales e Internacionales de DD.HH.

Presente

Materia:

Respuesta al oficio Nº  2995 de fecha 30-01-2017

 

De nuestra consideración:

En relación al oficio de respuesta al petitorio nacional de los sobrevivientes de prisión política y tortura, ingresada en la oficina de partes el 19 de Agosto de 2016 y que ante el desconocimiento que usted manifestó del mismo, le fue entregado a su persona por el dirigente David Eleuterio Quintana, en reunión sostenida el 26 de octubre de 2016, dada la falta de prolijidad y profesionalismo en evidencia documentada.

También la Abogada facilitadora en temas de DDHH, Ruzy Mitrovic López, procedió a entregar personalmente a usted copia del acuerdo logrado entre la mayor parte de las agrupaciones de carácter nacional en representación de sus integrantes y de los treinta mil sobrevivientes que firmamos la Propuesta Reparatoria Integral: Coordinadora Nacional de ex presas y ex presos políticos Salvador Allende, Anexpp de Chile Histórica, Mesa Coordinadora Nacional por los Derechos Humanos, Comando Unitario de ex prisioneros políticos y Familiares, y el Movimiento de ex presos políticos Autónomos por los DDHH.

Los firmantes, sobrevivientes de los centros de detención y tortura de la dictadura cívico militar, acordamos proponer al país y defender ante las autoridades la propuesta que contiene la mayor parte de las reivindicaciones sostenidas por las bases desde hace más de 30 años, para interpelar al estado de Chile a que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos.

Consideramos que la respuesta del gobierno a nuestra Propuesta Reparatoria Integral, no guarda relación con el requerimiento de los 10 puntos propuestos. Y se falta a la verdad en cuanto a la fecha, como también se falsea la historia al decir que la Mesa de Alto Nivel, instancia política y técnica que buscó dar una solución definitiva a las demandas de los ex presos políticos, da cuenta del gran compromiso de este gobierno con las victimas de violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura. Como si esta mesa hubiese surgido de la voluntad propia del gobierno de turno, y no de una lucha dura y heroica de un puñado de antiguos militantes de los partidos de las contiendas históricas de ayer, luego partisanos y partisanas de la lucha de resistencia a la dictadura criminal cívico militar de Pinochet, y hoy activos y consecuentes dirigentes sociales que constituyen una reserva moral de la lucha del pueblo Chileno.

Dado el rol Coordinador de las distintas secretarias de estado que corresponden al ministerio que dirige, es imperativo señalar que la Mesa de Alto Nivel, presidida por el obispo de Rancagua, Monseñor Alejandro Goic Karmelic, actuando como garantes las y los  representantes de ACNUDH, INDH, de las Comisiones de Derechos Humanos de ambas cámaras  del congreso Nacional, de nuestros propios dirigentes y de representantes del Gobierno, fue producto del Acuerdo firmado en Rancagua el 23 de mayo de 2015 y Protocolizado ante notario publico Ernesto Montoya Peredo, según el repertorio Nº 10.142 -2015, lo que fue resultado de una larga huelga de Hambre protagonizada por los expresos políticos a nivel nacional, acompañados tanto en Chile como en el exterior por cientos de ex presas y presos políticos y organizaciones sociales, populares y políticas.

Respecto a la falta de conocimiento a la respuesta que el gobierno dio a un petitorio similar en el marco de la mesa de alto nivel que trabajó entre mayo y diciembre de 2015, y que concluyó con él rechazo a las propuestas del Estado por parte de las organizaciones de exprisioneros políticos cabe expresar categóricamente, al tenor del acuerdo precitado: que,  “el gobierno se compromete a: La creación de una mesa de alto nivel, que propondrá soluciones definitivas a las demandas reparatorias de las agrupaciones de ex prisioneros políticos, la cual estará integrada ….Las partes aceptando la constitución de la mesa, acuerdan que esta se abocara a la temática de las indemnizaciones civiles reparatorias y además al carácter y diferencias de las pensiones establecidas en las leyes Valech. Nº19.992 y Nº 20.405  con la Rettig Nº 19.123, Buscando formas concordadas en que el estado de Chile deberá cumplir con la resolución 607147 de la Asamble General de las naciones Unidas del 16 de Diciembre de 2005, en las materias de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, a favor de los exprisioneros políticos victimas de las violaciones a sus Derechos Humanos, durante la dictadura cívico militar.

La mesa estudiará y acordará iniciativas administrativas, judiciales y legales las que se diseñaran y prepararan dentro de los seis meses siguientes de finalizadas sus trabajos, y que en fe del compromiso de gobierno de llegar a una solución definitiva a las demandas de los actuales beneficios Valech.

Teniendo en consideración las anteriores materias acordadas, ella, en primera instancia, concordará el tenor de un proyecto de “ley corta”    que tenga por objetivo definir un aporte único, de carácter reparatorio…. Dicho proyecto de ley deberá ser ingresado al congreso nacional en un mes, contado desde la constitución de la mesa y gozará de urgencia legislativa, la que se mantendrá durante su tramitación.

Ademas, en relación a la persecución penal y a la sanción de las violaciones a los derechos humanos de la dictadura, se impulsaran las medidas necesarias para impedir la impunidad.

Las partes acuerdan que la mesa, presidida por el obispo Alejandro Goic K. se constituirá, a mas tardar, el 30 de mayo de 2015 y entregara sus propuestas resolutivas en un plazo de 45 días corridos, contados desde su constitución.”

 

Señor ministro, teniendo presente lo expuesto y destacado, queda claro que es más que razonable y digno el no aceptar su respuesta, ya que es una imposición unilateral por parte del gobierno, vulnerando todos los plazos establecidos, desconociendo los acuerdos de las subcomisiones, entre otras vejaciones, de las cuales son testigos los garantes de dicho proceso de negociación, y  que es planteado en la carta del 19 de diciembre del 2015 por el Obispo Alejandro Goic.

Bono de reparación.

Resulta un agravio aceptar la propuesta por usted formulada, teniendo en consideración la más baja indemnización fijada por la Corte Suprema, litigio pendiente ante tribunales internacionales, nada se dice de la indemnización de 150 millones para cada uno de los 31 ex prisioneros políticos de la Isla Dawson; de 50 millones para otro grupo de compatriotas secuestrados y torturados en Villa Grimaldi y un grupo de compañeras de Jose Domingo Cañas, de 25 y 10 millones para otros tantos compañeros de San Antonio-Tejas Verdes y de la Escuela de Artilleria de Linares y además de las millonarias sumas recibidas por la élite, incluyendo a la familia de la presidenta Michelle Bachelet. A todas ellas, como lo ha establecido en la parte resolutiva la Corte Suprema, no se les pueden deducir otros beneficios que puedan estar recibiendo los recurrentes, haciendo un distingo entre indemnización y la exigua pensión de reparación que reciban las victimas mensualmente, en comparación con las recibidas por los victimarios con recursos de todos los chilenos, con el agravante de las miserables pensiones otorgadas por  las AFP.

Es inaceptable que se pretenda usar como excusa que durante el año 2017 no existen recursos contemplados en el presupuesto de la nación para financiar una iniciativa en esta materia”, teniendo a la vista el acuerdo de Rancagua y el petitorio nacional, lo que resulta ser una “negligencia inexcusable” por parte del gobierno, al no haber considerado una partida en el presupuesto para dar respuesta a las demandas planteadas y a los insistentes fallos de los tribunales de justicia, en orden que a los sobrevivientes de la dictadura cívico militar del dictador Pinochet y /o a sus familiares se les debe indemnizar.

El carácter vitalicio de la pensión de reparación contemplada en las leyes Nº 19.992, Nº 20.405 y nuestra demanda de que ellas sean heredables, dado el daño causado a todo el grupo familiar, es incompatible con “un monto equivalente a $3.000.000. Dicho monto constituiría el máximo posible de contemplar en una propuesta para los titulares, la cual debería conformarse además bajo un calendario anual de de pagos que comience en el año 2018 y se distribuya en 5 años, según las edades de los beneficiarios, privilegiando a aquellos de mayor edad”. Al parecer, señor ministro, el tenor de su oferta considera que nuestra esperanza de vida es de 5 años o que a partir de ese tiempo debemos vivir en condiciones paupérrimas.

Reiteramos nuestra petición de homologación de la pensión con la de otras victimas de la dictadura, tal como fue propuesta en el informe de la comisión Nacional sobre prisión y tortura el año 2004, y que además encuentra su sustento en el sueldo mínimo ético, propuesto años atrás por el entonces presidente de la conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, Alejandro Goic  K., que reajustado a la fecha ascendería a un monto por sobre los $ 400.000 mensuales.

Afirmamos claramente, que las victimas de la dictadura no pretendemos hacernos millonarios con el erario nacional, como lo han hecho los personajes de la Corrupción, y solo exigimos lo que en justicia nos pertenece y por lo cual continuaremos luchando para que en nuestra patria impere el derecho a vivir dignamente.

Vivienda:

Resulta excesivo dedicar 4 carillas a un tema, en relación a los 10 puntos planteados en nuestro petitorio nacional de los cuales 6 de ellos no han recibido la debida respuesta.

Educación:

Sin comentario.

Salud.

Al parecer, señor ministro, vivimos en países diferentes, porque para la población en general es de conocimiento público que más de un millón de personas se encuentran en las “listas de espera” en la red pública de Salud, en las cuales también nos encontramos nosotros. El programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS), al igual que las “listas de espera,”, es una vergüenza nacional. Recientemente el equipo profesional interdisciplinario del servicio de salud occidente, presentó su renuncia en pleno, por no cumplirse con las normas técnicas del programa PRAIS; en el servicio de salud metropolitano Norte se desvincula a un médico siquiatra con una alta experiencia, por no ser necesario, por negarse a atender pacientes no PRAIS, anteriormente una medico general tuvo que presentar su renuncia por hostigamiento, (ambos fundadores del equipo PRAIS). La señora coordinadora nacional del PRAIS, se niega a recibir en audiencia a los dirigentes de las diferentes organizaciones de usuarios de dicho programa.

 

De este modo, consideramos haber hecho nuestros comentarios y conclusiones, haciendo hincapié a que no se ha referido a los siguientes puntos de nuestro petitorio nacional del 19 /08/2016:

 

1-Fin a los 50 años de silencio impuesto en el artículo 15 de la ley  Nº 19.992, que favorece la impunidad.

 

2- Instancia de calificación permanente por prisión política y tortura.

 

3- Apoyo social y jurídico para los ex prisioneros políticos sometidos aún a dictámenes que afectan su libertad, su derecho a vivir en su propio país o su acceso a la justicia.

 

4- Termino de la arbitraria incompatibilidad entre las pensiones de exonerados políticos y prisión política y  tortura.

 

5- Homologación de la pensión, con las de otras victimas de la dictadura tal como fue propuesta por la propia comisión Nacional sobre prisión política y tortura el año 2004.

 

6- Beneficios de reparación deben ser heredables, en razón que se ha establecido que la prisión política no sólo afecto a la persona detenida, sino a todo el núcleo familiar.

 

Finalmente, expresamos una vez más que estamos abiertos a establecer un dialogo conducente para dar solución a las demandas planteadas, tanto en el ámbito político- institucional, así como buscar soluciones por la vía jurídica y legislativa, así tambien hacemos responsable a este gobierno de las consecuencias que esta humillante e indigna respuesta del 30 de enero 2017 pueda originar en las y los miles de expresas y expresos políticos y familiares tanto en Chile como en el exterior.

 

POR LA MEMORIA, LA VERDAD, LA JUSTICIA Y LA REPARACIÓN INTEGRAL.     

 

 

COORDINADORA NACIONAL DE EXPRESAS Y EXPRESOS POLÍTICOS

“SALVADOR ALLENDE”.

 

SANTIAGO, 08 FEBRERO 2017.

 

Pablo Wagner, ex subsecretario de Minería del gobierno de Sebastián Piñera, formalizado por falsificación de instrumento público por la fallida licitación del litio, accedió a una salida alternativa a través de la suspensión condicional del procedimiento. Su ex asesora Jimena Bronfman también accedió al beneficio.

Hace unos días se dio a conocer el acuerdo mediante el cual Pablo Wagner y su ex-asesora Jimena Bronfman pudieron beneficiarse de la suspensión condicional del procedimiento judicial en el caso de la fallida licitación del litio. La Fiscalía dio este beneficio a cambio de que Wagner y Bronfman hagan un aporte de 1 millón de pesos a bomberos y a la Fundación Techo-Chile, respectivamente.

Los montos comprometidos pueden ser cancelados en un máximo de tres cuotas, pagables en 18 meses.

Pablo Wagner es acusado por falsificación de instrumento público en la fallida licitación del litio. En esta licitación, Wagner había favorecido a SQM a pesar de que la empresa no cumplía con los requisitos establecidos en las bases de licitación, ya que la minera no metálica mantiene un conocido litigio judicial con el Estado de Chile debido a que la empresa no ha cancelado los dineros de manera íntegra ni oportuna por el contrato de arrendamiento a CORFO desde el año 2009.

Pablo Wagner también está vinculado al caso Penta, en el cual fue formalizado por delitos tributarios, cohecho y lavado de activos. Las facilidades entregadas por la justicia a estos delincuentes son increíbles y están en la línea que ninguno de los empresarios y políticos corruptos pagaran con cárceles sus delitos, a diferencia de otros países como Brasil, por ejemplo.

Patricio Reyes Puelma

Fotografia: el mostrador

Patricio Reyes

Pescadores artesanales de Arica rechazaron la medida de la Subsecretaría de Pesca de permitir la captura de sardina española y anchoveta por la flota industrial en el área dispuesta para ellos y denunciaron el engaño que representa la supuesta reducción en un 35% del área de intervención de la pesca industrial correspondiente a la región de Arica y Parinacota.

La llamada “Ley Corta de Pesca”, aprobada el año 2001, estableció las cinco primeras millas del mar territorial para el uso de pescadores artesanales, mientras que las 195 restantes, las dejó para el aprovechamiento de la pesca industrial. A pesar de ello, las 195 millas no han sido suficientes para el empresariado industrial que, a través de diversas componendas con la clase política se las ha arreglado para obtener zonas “de perforación” a las escasas millas reservadas para la pesca artesanal.

Así es como la actual Ley de Pesca, promulgada el año 2012, mantuvo la disposición de permitir a la flota pesquera industrial capturar en las cinco primeras millas de la costa del norte del país, beneficiando a empresas como CORPESCA, de propiedad de la familia Angelini y de la cual se ha podido establecer una serie de prácticas orientadas a sobornar a congresistas con el propósito de conseguir una normativa conveniente a sus intereses. En esa dirección aparecen la ex diputada Marta Isasi y el ex -senador Jaime Orpis,

Hace unos días, la Subsecretaría de Pesca emitió una resolución autorizando la actividad extractiva de la industria pesquera en las regiones de Arica y Parinacota; y Tarapacá, hasta el 31 de diciembre de 2019. Posteriormente, la misma institución publicó una noticia donde afirma que esta medida contiene una reducción de la perforación en la zona de pesca artesanal de la región de Arica y Parinacota en un 35%, añadiendo que “la zona liberada se concentra en el límite norte del país hasta aproximadamente el sector de Punta Paloma, lugar identificado como recurrente para actividades extractivas de la pesca artesanal”.

Ante esta situación, los pescadores de Arica emitieron una declaración donde niegan que esta medida represente “un avance para la pesca artesanal”, pues, en realidad, es similar a las “cachetadas de payaso”, por su falsedad. Explican que en las zonas donde la industria podrá capturar sardina española y anchoveta, son lugares donde deben competir con barcos de una capacidad extractiva mucho mayor, haciéndoles más difícil su labor y profundizando la sobreexplotación de estas poblaciones de peces.

También desmienten la supuesta representatividad de este acuerdo, pues “de los 18 integrantes del dicho organismo, solo tres corresponden al sector artesanal, y solo dos de ellos corresponden a la pesca artesanal propiamente tal, y el representante de la pesca artesanal que votó a favor del acuerdo para la perforación, fue expulsado del Sindicato de Pescadores al que pertenecía, en razón de su proceder”.