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En el marco de la llegada del papa a la Araucania comunidades Lavkenche en resistencia realizan ocupación del Fundo Peleco de Cañete, esta ocupación tiene como objetivo que Iglesia Católica haga entrega a comunidades de tierras usurpadas al pueblo mapuche. a continuación compartimos la declaración pública:

Ahora Cañete / Lavkenmapu

Declaración Pública

Los Lov y Comunidades Lavkenche en Resistencia declaramos:

Kiñe: Hoy martes 17 de enero de 2018, distintos Lov y Comunidades Lavkenche en Resistencia, hemos hecho ocupación del Fundo Peleco de Cañete, terreno de 70 hectáreas usurpado al pueblo mapuche por la Iglesia Católica y hoy bajo administración en comodato por la Universidad Católica de la Santísima Concepción y en donde se ubica el Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica Agropecuaria (CITTA).

Epu: Con esta ocupación emplazamos a la Iglesia Católica y su máxima autoridad, el Papa Francisco, a devolver sin condiciones las tierras usurpadas al pueblo mapuche. La Iglesia, desde su llegada a nuestro territorio, fue sido actor directo y cómplice pasivo de la política de genocidio implantada por el imperio español y después por el estado chileno. Es por ello que el Papa Francisco antes de lanzar palabras de buena crianza para con nuestro pueblo y de hablar de paz, debe dar el ejemplo en cómo resolver políticamente el conflicto territorial existente en Wallmapu, y para ello debe devolver el territorio usurpado.

Quila: Informamos que con esta ocupación declaramos en conflicto el Fundo Peleco y que desde hoy comenzaremos una serie de trabajos culturales, educativos y productivos comunitarios al interior del predio. Ingresamos a las 7.30  de la mañana, plantamos un boye y tras celebrar un nguillamawun, hemos levantado un paliwe para en horas de esta tarde realizar un palin weichan al que invitamos a todas las comunidades y Lov que deseen participar.

Meli: Emplazamos al gran canciller de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y arzobispo de Concepción, Fernando Chomali, a establecer un diálogo político con las Comunidades y Lov en Resistencia ocupantes del predio y a asumir las consecuencias que pueda genera un posible desalojo. También informar que a eso de las 9.30 horas se acercó al predio el párroco de Cañete, Oscar García Barreto, a quien se le informó las razones políticas de la ocupación.

Kechu: De igual manera exigimos a la Iglesia Católica responder por las acciones represivas que ha avalado en contra de nuestro pueblo, como es el caso del werken de Wente Winkul Mapu, Daniel Melinao quien se encuentra en prisión preventiva desde septiembre de 2017 imputado por una supuesta agresión en contra del sacristán de la catedral de Temuco, en el contexto de las manifestaciones por la libertad de los presos políticos del Caso Iglesias.

Libertad a los presos políticos mapuche!

Lov y Comunidades Lavkenche en Resistencia

17 de enero de 2018.

Martes 16 de enero, 2018

Cerca de 40 detenidos se registraron esta mañana en la Marcha de los Pobres, en avenida Grecia con Vicuña Mackena, a la que convocaron distintas organizaciones sociales y sindicales y que fue reprimida antes de comenzar.

El objetivo de la marcha era manifestarse contra la venida del Papa y develar el doble estándar de las autoridades que pretenden mostrar un país ejemplo de democracia y justicia y que esconde bajo la alfombra las condiciones de pobreza y desigualdad en la que vive gran parte de la población.

De acuerdo a los organizadores “la venida del Papa, es una muestra de los sectores del poder económico, político y religioso, para demostrar la unidad nacional de la clase política corrupta”

Y agregan “Han pasado 30 años desde que Juan Pablo II visito nuestro país, en plena dictadura cívico-militar…. protestaremos para evidenciar, que nada ha cambiado en estos 30 años, que continúa la pobreza en las calles, nuestros ancianos y ancianas viven con pensiones indignantes producto del sistema de AFP impuesto por la dictadura, con la complicidad del gobierno electo y que día a día los mata lentamente”.

Otros de los objetivos era denunciar la represión que vive el pueblo mapuche, el encubrimiento de casos de pedofilia por parte de  miembros de la iglesia, el discurso misógino de la iglesia y el doble discurso de instituciones como el Hospital de la Universidad Católica que niega tratamiento de salud a una niña del SENAME, pero no tiene problemas en atender a un pedófilo como Karadima.

 

Los cerca de 40 detenidos fueron llevados a la 4ta comisaría de Santiago.

Lea aquí la declaración completa de los convocantes

 

Domingo 14 de enero 19:30 horas,  Coordinador nacional ex presos y presas políticas Salvador Allende, Mutual de expps MIR y la resistencia, y otras organizaciones de ex presos políticos de la dictadura cívico militar, realizaron una intervención en la Iglesia San Francisco de Santiago.

El plan del gobierno saliente en Derechos Humanos no ha contemplado ningún elemento de la demanda de los sobrevivientes y familiares que sufrieron violencia de sus derechos por parte del Estado chileno durante la dictadura…
Al término de la misa y casi finalizando la intervención fueron desalojados por carabineros.

 

Los días del 11 al 14 de enero, se realizará la XVII Escuela de Verano Ernesto Guevara que se titula “Movimiento popular en Latinoamérica: experiencias y desafíos”. En esta versión se abordaran temas relacionados al contexto latinoamericano; los límites de la lucha contra el neoliberalismo; conflictos territoriales contra las transnacionales; pueblo originarios y anticapitalismo; movimiento popular y antiimperialismo; derechos sociales y poder popular.

La escuela tendrá lugar en la Junta de Vecinos/as “El Progreso”, ubicada en Coquimbo #321, Santiago Centro.

¡TODOS Y TODAS INVITADAS!

CONVOCATORIA XVII ESCUELA DE VERANO ERNESTO GUEVARA
MOVIMIENTO POPULAR EN LATINOAMERICA: EXPERIENCIAS Y DESAFIOS

“…me siento tan patriota de Latinoamérica,
de cualquier país de Latinoamérica,
como el que más y, en el momento en que fuera necesario,
estaría dispuesto a entregar mi vida por la
liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica”
Ernesto Guevara de la Serna

Nuestra Patria (o nuestra Matria) es América y si miráramos el continente como un conjunto de pueblos y territorios atravesados por similitudes geográficas, económicas e históricas, estaríamos de acuerdo que debemos superar las fronteras impuestas por las burguesías criollas y determinar que la lucha revolucionaria por la liberación del pueblo pobre y marginado, debe ser continental. No es muy provechoso que, dentro del continente, un pueblo o un territorio sea liberado de manera aislada, porque los imperialistas siempre están al acecho.
Y como los pueblos americanos tenemos una antigua deuda que saldar con nuestros/as explotadores/as, con nuestros/as opresores/as y yanaconas, que por siglos se han mantenido impunes, algunos pueblos ancestrales de Nuestra América, han batallado incesantemente por la vida. Por ejemplo el pueblo mapuche, cuya lucha vemos cada día fortalecida en la recuperación de los territorios usurpados y el control de los mismos, para producir su alimento y acrecentar su autonomía del yugo opresor de los Estados de Chile y Argentina.
Otro de estos pueblos que, dentro del continente, resiste y construye el poder de los/as pobres es el pueblo venezolano y, por eso, ha sido objeto de las injerencias de distintos gobiernos alineados con el imperialismo yanqui y siguen sufriendo la latente amenaza de una intervención militar.
Por ello, cuando la globalización del capitalismo neoliberal ha golpeado fuertemente a nuestros pueblos, destruyendo parte importante de nuestras culturas e identidades, es fundamental restablecer y construir fuertes lazos de solidaridad entre los pueblos latinoamericanos, más aún con aquellos que hoy resultan ser faros de resistencia que iluminan la noche del capitalismo.
Hasta ahora, la narración de las luchas de los pueblos de América ha sido negada o realizada, principalmente, por historiadores/as al servicio de los intereses de los/as dueños/as del poder y la riqueza, no por sus protagonistas. Por eso, debemos seguir alimentando nuestra memoria histórica y haciendo la narración desde nuestra propia perspectiva, para avanzar en la comprensión de la lucha continental y comenzar a delinear la construcción de un Movimiento Popular Latinoamericano.
Por todo esto, convocamos a la franja revolucionaria, a detener por un momento nuestro andar y reflexionar sobre estos temas y les invitamos a nuestra XVII Escuela de Verano Ernesto Guevara, que se realizará los días 11, 12, 13 y 14 de enero de 2018 en Santiago. Ahí podremos discutir diagnósticos, evaluaciones y proyecciones de las luchas de los pueblos de Latinoamérica.

EN LA SENDA DE ERNESTO GUEVARA…
JOSÉ MUÑOZ ALCOHOLADO… ¡PRESENTE!
¡CON ACTITUD DE REBELDÍA Y LA MIRADA EN EL CONTINENTE!

INQUIETANDO DESDE EL MARGEN

Afiche 2

Por Colectivo Cerezo

Es legítima la preocupación de amplios sectores de la sociedad civil organizada acerca de la aprobación de la ey de Seguridad Interior (LSI), no obstante, dicha aprobación no es un parteaguas o una acción que inicia un proceso de represión política generalizada en México, ya que esta estrategia, junto con las estrategias de control social mediante el terror y la estrategia contrainsurgente han avanzado gradualmente a partir de la declaración de guerra de Calderón en el 2006; tampoco queremos decir que la aprobación de la LSI no sea cualitativamente diferente a otras  reformas legislativas que intentan legalizar lo ilegal de las violaciones a los derechos humanos, pues a pesar de los cambios en la redacción que se aprobó en comparación con la redacción inicial, era claro el intento de disminuir el costo político que ha generado la militarización del territorio nacional y el actuar sistemático y generalizado de las violaciones a derechos humanos en contra de la población en general y de la disidencia política en particular, así como reducir el espacio democrático del derecho a defender los derechos humanos en México.
Los impulsores de la LSI saben perfectamente que violan los derechos humanos legalmente, y que no habría defensa ante este acto en el plano del Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos, saben también, y es parte de sus objetivos, que la LSI permitirá un grado más elaborado de impunidad para los perpetradores y ese es un cambio cualitativo en la estrategia estatal de represión política y de control social mediante el terror que está aplicando el Estado mexicano en contra de la disidencia política de manera particular.
En el plano de la vida democrática que se ha visto mutilada en años anteriores, el cambio cualitativo reside en el peligro de que con la LSI, se rompe el equilibrio entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; así, la LSI, cual médium, invoca al espíritu de Porfirio Díaz para reinstaurar en México una nueva Suspensión de las Garantías Constitucionales Mexicanas como en 1867, encontrando que cualquier pretexto real o ficticio de un ataque a la Seguridad Interior, justifica la disolución legal de los poderes Legislativo y/o el Judicial.
Gracias al análisis de la aprobación de la LSI podemos explicarnos el proceso de ampliar los márgenes de impunidad al legalizar las violaciones a los derechos humanos, recordemos la aprobación en 1996 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, la cual se ha perfeccionado, mediante reformas a la Ley ocurridas en 2010, 2012, 2014 y 2016, que permiten la violación a los derechos humanos de manera más fina y efectiva.
Es claro que, a partir del inicio del sexenio actual, se han intensificado las propuestas de ley que violan “legalmente” los derechos humanos y criminalizan el derecho humano a la protesta, también es cierto que no todas han podido aprobarse, debido a la crítica de las organizaciones de DH mexicanas y, sobre todo, de las organizaciones internacionales de derechos humanos, dichas críticas han obligado a las autoridades a derogar o modificar dichas leyes y frenar la intención de incrementar “legalmente” la estrategia de represión política, ejemplos de estas leyes pueden verse desde el 2013 con el Protocolo para el Control de Multitudes en la, hoy, CDMX; la llamada Ley Bala en Puebla en 2014, así como en Veracruz, San Luis Potosí, Estado de México, Quintana Roo, Chiapas, Puebla, entre otras entidades, cabe mencionar que también han intentado aprobar este tipo de Leyes y existen propuestas legislativas a nivel Federal.
Ahora bien, la aprobación de las leyes que amplían el marco “legal” para violar DH no generan las violaciones a los DH, sino que, ensanchan el marco de impunidad que  permite a los perpetradores generalizar las violaciones a los DH; pero también hay que decir que el hecho de que el movimiento de derechos humanos logre derogar o modificar dichas leyes tampoco es un impedimento para que la estrategia de represión política estatal mantenga la criminalización y use, por ejemplo, la detención arbitraria de manera generalizada y sistemática en contra de quienes ejercen el derecho humano a la protesta o defienden algún derecho humano, sirva la comparación que podemos hacer entre la cifras documentadas de detenciones arbitrarias realizadas en el sexenio de Calderón que sumaron 999 y las del actual sexenio que suman más de 3,000.
Ya en el informe pasado (ACUDDEH, 2017), en el cual el Comité Cerezo México aporta la documentación de las ejecuciones extrajudiciales en México, el título elegido, derivado del análisis de las violaciones a derechos humanos fue Defender los derechos humanos en México. La ejecución extrajudicial como respuesta del Estado; debido a que la ejecución extrajudicial es una violación grave a los derechos humanos usada como parte de las estrategias de control social mediante el terror y de la represión política en México.
Como nunca en los años anteriores que se han documentado; las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes de Estado en contra de defensores de derechos humanos, presentan una cifra tan elevada.
El total de ejecuciones extrajudiciales cometidas en el año 2017 suman 48, dichas ejecuciones extrajudiciales fueron realizadas por motivos políticos, es decir, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras de derechos humanos estaban realizando y cuyo perpetrador fue un agente de Estado.
Gráfica 1. Número de ejecuciones extrajudiciales por derecho humano defendido en el año 2017
Gráfica 01
Del número de víctimas de ejecuciones extrajudiciales del año 2017, sobresalen los casos de periodistas, los cuales suman 10; mientras que, con 6 casos cada uno, le siguen los defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas, al territorio, y a una vida digna, en la que agrupamos a las víctimas de organizaciones sociales que defienden varios DH, cabe señalar que en la antesala de las elecciones del presente año, hay 4 víctimas que defendían el derecho humano a unas elecciones libres y democráticas.
Gráfica 2. Número de ejecuciones extrajudiciales por Estado de la República en el año 2017
Gráfica 2
Guerrero sigue siendo uno de los estados donde ocurren más casos de ejecuciones extrajudiciales, le siguen Michoacán y Oaxaca con seis casos cada uno, tres estados dónde también, en años anteriores, la estrategia de represión política se traduce en ejecuciones extrajudiciales, luego está Jalisco, en cuyo caso no habíamos documentado ejecuciones extrajudiciales en años anteriores, alcanzó los seis casos, también es pertinente mencionar que las ejecuciones extrajudiciales ocurrieron en 16 de los 32 estados de la República Mexicana incluyendo la CDMX.
Gráfica 3. Número de ejecuciones extrajudiciales por Género en el año 2017
Gráfica 03
En el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, 6 mujeres fueron ejecutadas extrajudicialmente y 42 hombres, de los cuales uno era un menor de edad.
Mapa 01
Ver mapa (Comité Cerezo México, 2018)
La estrategia de represión política es clara, en tanto, que los perpetradores son agentes de Estado que por comisión y en algunos casos por aquiescencia cometen las ejecuciones extrajudiciales; un ejemplo claro es el caso de la periodista Miroslava Breach Velducea, quien fue ejecutada por un sicario del narcotráfico para proteger intereses políticos, como está ampliamente documentado el caso en 4 Vientos. Periodismo en Red (Alicia Aragón, 2017).
También está el Caso de Bernardo Ranferi Hernández Acevedo, viejo luchador social, quien debido a la represión contrainsurgente de los años noventa en Guerrero estuvo exiliado en Francia y quién fue asesinado junto con su familia a escasos 500 metros de un retén militar.
O el caso del menor de edad Humberto Morales Sántiz, indígena de 13 años de edad, quien fue víctima de un grupo paramilitar, el cuál ha sido denunciado como ejecutor del Estado en Chiapas en reiteradas ocasiones por sus actos de amenazas, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales en contra del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en el estado de Chiapas.
No podemos dejar de mencionar el caso de Meztli Omixochitl Sarabia Reyna (Front Line Defenders, 2017), integrante de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre e hija del dirigente y defensor de derechos humanos Rubén Sarabia “Simitrio”; La UPVA 28 se ha enfrentado desde su fundación a la represión política y sus integrantes han sido objeto de constantes ataques, amenazas de muerte, estigmatización y acoso judicial.
Con los datos que el Comité Cerezo México ha documentado de ejecuciones extrajudiciales desde el año 2008 podemos decir que por tendencia se incrementará el uso de esta modalidad de violación a los derechos humanos, no obstante no podemos asegurarlo ya que existen otros factores que pueden modificar esta tendencia:
Una de ellas es la reciente aprobación de la Ley de Seguridad Interior que no sólo legaliza las violaciones a los derechos humanos que cometen las fuerzas armadas, sino que ensanchan el marco de impunidad que permitiría el uso de la ejecución extrajudicial.
Otro es el ambiente electoral que puede influir, como en otros años, para que el Estado mexicano se auto limite en el uso de la ejecución extrajudicial debido al costo político que genera, no en el electorado, sino en la estrategia de golpeteo que usualmente aprovechan los diferentes partidos políticos en el marco de la lucha por el poder político en México.
Finalmente, también hay que tomar en cuenta el costo político que le genera la mirada internacional de organismos de derechos humanos que estarán vigilando la situación grave, sistemática y generalizada de violaciones a derechos humanos en nuestro país, y que ya han señalado en sus diversos informes. Aunque cabe destacar que el Estado mexicano ha ido asumiendo el costo político de violar los DH, incluso ante las condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos anteriores y la descalificación de los informes que han realizado diversos relatores de la ONU en sus visitas oficiales a México.
Lo que sí queda claro si se analizan las cifras desde el 2018, así como la tendencia al alza de los casos por año y el marco legal de impunidad cada vez más amplio, es que el defensor de derechos humanos que afecte los intereses políticos (léase económicos neoliberales) que impulsa y protege de manera acelerada el Estado mexicano, es una potencial víctima de una ejecución extrajudicial.
Para cerrar, queremos, en aras de evitar la fútil discusión sobre el término ejecución extrajudicial, recuperar su significado desde los derechos humanos:
Una ejecución extrajudicial ocurre cuando miembros del Estado, por comisión o por aquiescencia (cuando mandatan a particulares), cometen una privación ilegítima de la vida; por lo tanto se define como un “homicidio doloso perpetrado o consentido por personas cuya ilegítima actuación se apoya, de manera mediata o inmediata, en las potestades del Estado” (ONU, 2005).

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