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En el marco del Día de los Derechos Humanos, en la Universidad Central, con la presencia de estudiantes, académicos, representantes de organizaciones sociales y público general se desarrolló el acto cargado de emotividad.

Clemente Rodríguez padre de Cristian Alfonso Rodríguez y Mario Gonzólez padre de César Manuel González nos expusieron el poco avance de las investigaciones debido, principalmente, al interés del gobierno mexicano por ocultar las responsabilidades de los tres estamentos policiales y autoridades políticas y militares culpables de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normalista de Ayotzinapa.

“Desde el primer momento se nos pretende obligar a aceptar la muerte de nuestros hijos” relataron. “Pero estamos convencidos de lo contrario y una por una las evidencias científicas han derrumbado la versión oficial, que pretende ser la verdad histórica de lo que ocurrió ese fatídico día 26 de Septiembre, hace 14 meses.”

Un emocionado público escuchó en profundo silencio el relato íntimo de estos sufridos“viejos” que buscan de forma incansable a sus queridos hijos. El dolor de los padres de los 43 normalistas no se puede describir. “Desde aquel día, nos hemos arrastrado de dolor”. “No puedo dormir más de una hora al día.”

”Ellos tomaron una decisión. “No descansaremos hasta encontrarlos, porque eso es lo que todo padre haría…. me cuesta más hablar frente a estudiantes porque me imagino que entre ellos está mi hijo,” dijeron emocionados. Se refirieron a su viaje a Chile y lo que esperan como resultado de éste. El objetivo es encontrar apoyo solidario que haga posible que las voces que se levanten aquí y en todo el mundo obliguen al Estado mexicano a dar todas las garantías para que los investigadores internacionales neutrales puedan desarrollar sus tareas con todos los medios necesarios para llegar a dar con ellos.

En horas de la tarde visitaron a los estudiantes de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) en donde reiteraron sus dichos. En la UTEM compartimos unos minutos en donde nos hablaron acerca de las características personales de César y Cristian lo que daremos a conocer en próxima nota.

 

Hoy jueves se realizó la jornada de protesta nacional NO + AFP, NI PRIVADA NI ESTATAL. Convocada por diferentes organizaciones sociales y sindicales. El día se inició con diferentes acciones y asambleas durante la mañana, marchas al mediodía y a las 19:00 horas en Santiago y en diferentes puntos del país.

El llamado es a luchar por la eliminación del sistema de pensiones perverso que fue creado en dictadura en 1981 y mantenido por los gobiernos de la Concertación. El que tiene a nuestros adultos mayores con pensiones de miseria tras una vida de trabajo, pagando pensiones que en promedio no superan los $144 mil pesos y que un número importante no supera los $85 mil pesos mensuales. El actual sistema sólo ha beneficiado a los grandes grupos económicos, los que utilizan estos montos para sus negocios.

Durante la jornada se destacó que un punto importante es que una AFP estatal no sería solución, ya que esta, sólo participaría del mismo negocio, sin cambiar el sistema de fondo, ni garantizando pensiones dignas para todas y todos.

Durante la marcha pacífica del mediodía en Santiago dirigentes sindicales y manifestantes fueron detenidos violentamente por Fuerzas Especiales, incluyendo la violenta detención de un discapacitado, cuando la marcha avanzaba por la Alameda hacia La Moneda, desde donde se desviaría hacia la Plaza de La Constitución para reunirse con la manifestación que organizaciones de Derechos Humanos realizaban por la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos.


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El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) sufrió una aplastante derrota en las elecciones de la Asamblea Nacional el domingo pasado, obteniendo solamente 55 de 167 escaños. Formalmente la oposición, la derecha venezolana obtuvo la mayoría de dos tercera partes con 112 escaños, ganando el control de la legislatura del país sudamericano por primera vez en 17 años.

El resultado le da la oportunidad a la derecha venezolana de hacer retroceder los avances de la Revolución Bolivariana mediante la vía legal sin recurrir a los golpes de estado u otras formas de violencia extrainstitucional. ¿Pero lo lograrán?

 

¿Contrarrevolución sin contrahegemonía?

Bajo el sistema democrático de Venezuela, la cámara única de la Asamblea Nacional tiene un poder enorme: una mayoría de dos tercera partes puede pasar o revocar leyes constitucionalmente orgánicas, reemplazar a los magistrados de la Corte Suprema, nombrar a los dirigentes de las instituciones públicas cruciales como el Fiscal General del Ministerio Público y el Consejo Nacional Electoral (CNE) y hasta convocar una asamblea constituyente para reescribir la constitución.

En pocas palabras, una mayoría de dos tercera partes le concede a la oposición todas las armas institucionales necesarias para retroceder muchas de las transformaciones claves del Estado venezolano logradas por la Revolución Bolivariana en los últimos 17 años.

Ahora podrían revocar la legislación revolucionaria como la Ley Orgánica de Consejos Comunales, la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT) entre otras más, derogar tratados internacionales como el ALBA-TP y PetroCaribe y además repletar la Corte Suprema para impugnar al Presidente Nicolás Maduro.

Si bien la oposición ha ganado la mayoría de los votos y a la vez el poder legal para realizar estos cambios, esto no necesariamente significa que tengan un mandato popular para llevar a cabo su agenda reaccionaria.

Han ganado una elección ampliamente vista como un voto castigo contra el PSUV en medio de una severa crisis económica. Sin embargo, no han reconstituido una hegemonía neoliberal.

Hace tiempo que los sondeos han mostrado que la gran mayoría del pueblo venezolano apoya las iniciativas socia democráticas radicales de la Revolución Bolivariana, incluso las misiones sociales y también medidas para defender a la clase trabajadora como regulación de los precios de alimentos y los aumentos del sueldo mínimo. Así mismo, más de dos tercios de la población se opone a las políticas neoliberales como la privatización de la empresa estatal de petróleo, PDSVA o la compañía eléctrica estatal, CORPOLEC.

De haber entendido esta realidad, la oposición [venezolana] ha escondido su discurso neoliberal en los últimos años, optando por hacer campaña con promesas vagas de “cambio.”

Esto no es un fenómeno únicamente venezolana, como se evidencia en las elecciones presidenciales recientes en la Argentina donde Mauricio Macri, millonario y ex-empresario, hizo una campaña que evadía mencionar la política económica.

Alrededor del continente, el neoliberalismo sigue siendo profundamente desacreditado, obligando a la derecha a esconderse tras un discurso de centro-izquierda y/o recorrer a extractos culturales mediatizados. En 2013, el candidato presidencial de la oposición, Henrique Capriles, buscó marcarse como el heredero verdadero de Hugo Chávez, prometiendo a continuar las misiones sociales como además otras políticas socia democráticas del gobierno bolivariano. Mauricio Macri simplemente revirtió sus comentarios previos respecto a la privatización de empresas estatales hacia el final de su campaña, presentándose como un administrador eficiente del legado de los Kirchner, una imagen que empalmó con signos como “esperanza” y “cambio.”

En Venezuela, la deslegitimización del neoliberalismo posterior al Caracazo de 1989 – levantamiento popular donde entre 3.000-5.000 venezolanos fueron masacrados en las calles por la Cuarta República oligárquica – preparó el camino político para el chavismo.

Sin embargo, el chavismo no debería ser malinterpretado meramente como un movimiento político construido en torno a la figura del Presidente Hugo Chávez, sino el surgimiento del chavismo marcó un evento en el sentido de Alain Badiou: la irrupción del pueblo venezolano en el escenario político oligárquico, redefiniendo el escenario socio-político radicalmente.

En esta secuencia emancipatoria – simbolizada por el nombre “Chávez” pero de ningún modo reducible a un hombre individual- el universo de la posibilidad política fue dramáticamente abierta mientras millones de los explotados y excluidos de Venezuela se atrevieron a aparecer como protagonistas políticos, un acto inequívocamente de desafío en los ojos de la élite.

Esta apertura todavía no se ha cerrado y la nueva cultura nacida en la ruptura muestra pocas señales de desvanecer.

Más del 62% de los venezolanos se consideran “partidarios o seguidores de los ideales de Hugo Chávez,” lo cual no les hace necesariamente socialistas revolucionarios, pero sí implica un consenso respecto a la legitimidad de la participación popular y la política estatal socia democrática.

Este nuevo “Consenso Bolivariano” – en las palabras del politólogo Alfredo Serrano Mancilla – choca bruscamente con el agenda neoliberal de la derecha venezolana y latinoamericana, una contradicción que ninguna retórica puede disimular.

Después de haberse asegurado un mayoría de dos tercios bajo el sistema muy democrático que han calificado sin cesión de “dictatorial” en los últimos 17 años, la oposición es rápida en revelar sus colores verdaderos.

En las últimas 48 horas posteriores a los resultados del domingo, las principales asociaciones empresariales que representan la burguesía compradora del país han demandado públicamente que se deroguen las leyes revolucionarias que desafíen sus intereses de clase.

FEDECAMERAS, la cámara de comercio ultraderechista de Venezuela que jugó un rol importante en el golpe de 2002, llamó a modificar la LOTT para eliminar las prohibiciones contra despidos arbitrarios y subcontratación, modificar la Ley de Precios Justos para recortar las regulaciones de precios y además revocar la ley de control de cambio, que podría permitir la fuga de capitales fuera del país.

Similarmente, la FEDEAGRO que representa a los agro-empresarios, no ha sido tímido en legislar su “lista de deseo,” llamando a la derogación de varias leyes que garantizan el derecho a la tierra, la soberanía alimentaria nacional, la diversidad biogenética, la Ley de Tierras, la Ley de de Soberanía Alimentaria y la Ley de Semilla anti-transgénica.

Que el programa neoliberal revanchista sea un repugnante para el pueblo venezolano es más que obvio.

¿Caminará ligeramente la derecha, gradualmente quitándoles a las instituciones socia democráticas el país con el fin de modelar un nuevo consenso neoliberal? ¿O, por el contrario, se dejarán llevar por la tentación a absolutizar el poder legislativo e intentarán a derrumbar el orden sociopolítico chavista de una vez?

Vale la pena notar que la derecha venezolana nunca ha experto en el pensamiento estratégico. Minuciosamente arrogante y poco democrática  ha tratado de derrocar al gobierno bolivariano popularmente electo mediante la fuerza desde el golpe de estado en 2022 hasta las movilizaciones callejeras y violentas en 2013 y 2014. Es poco probable que la oposición logre dominar su deseo poco estratégico y antidemocrático por el aniquilamiento del chavismo cuando su objetivo parece tan cerca de alcanzar.

El próximo momento decisivo

Después del juramento en la nueva Asamblea Nacional en enero,  la oposición empezará con su asalto en múltiples frentes: derogando legislación revolucionaria y tratados internacionales, iniciando el proceso de firmas colectivas de 20% del electorado para el referendo revocatorio contra el Presidente Nicolás Maduro y reemplazando a los magistrados de la Corte Suprema en preparación de una posible impugnación contra el alto ejecutivo.

Sin embargo, La derecha venezolana enfrentará una cantidad de obstáculos en este esfuerzo reaccionario que jugará a favor del chavismo.

Primero, lejos de un bloque homogéneo, la coalición opositora está internamente dividida entre la ultraderecha presidida por Leopoldo López, Antonio Ledezma y María Corina Machado y una derecha más moderada presidida por Henrique Capriles y el dirigente de la Acción Democrática, Henry Allup, quien está listo para ser presidente del órgano.

Unidos solamente en su compromiso en derrocar al gobierno bolivariano, estos grupos sueltos tienen estrategias muy diferentes, como este último a favor de cambio de régimen vía la violencia extraconstitucional mientras el otro opta por las urnas.

Dados los nuevos poderes legislativos de la coalición, estas divisiones sólo van a profundizar.

Los partidos diversos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tendrá que llegar a acuerdo en varias áreas desde definir una agenda legislativa hasta determinar la estrategia para derrocar a Maduro. ¿Buscarán un referendo revocatorio o se enfocarán en repletar la Corte Suprema e impugnar a Maduro o ambas cosas? ¿Priorizarán en convocar una asamblea constituyente o trabajarán dentro de la constitución progresista del país? La derecha dura quiere reescribir la Constitución y hacer volver al país al auge oligárquico, mientras los elementos más moderados quieren volverse corredores de poder dentro del orden actual.

Esto nos lleva a una segunda debilidad, principalmente que la oposición debe cumplir su promesa de pasar medidas en resolver la crisis económica actual. Ya no pueden optar simplemente por la estrategia de promover la desestabilización económica mientras le echan la culpa de las consecuencias al Presidente Maduro.

Aquí el debate girará en torno a qué agenda neoliberal a implementar, lo cual podría desencadenar un conflicto entre aquellos que buscarían préstamos al FMI y el Banco Mundial, eliminar los controles de moneda y cambio y privatizar sectores vitales de la economía – y aquellos sectores comprometidos en establecer reformas neoliberales mientras retienen previsiones sociales importantes para salvarse de una revuelta popular. Al parecer, Capriles se refiere a este peligro en una entrevista pre-elecciones donde dice “nadie quiere una explosión social en el país.”

Estas tensiones se calentarán en el contexto del debate sobre el referendo revocatorio, con algunos sectores empujando la restricción inicial de las medidas neoliberales más duras para ganar el voto revocatorio, mientras otros ya están gritando a los cuatros vientos su deseo de una agenda neoliberal con poca preocupación en asegurarse de una revuelta sociopolítica.

Este es claramente el tercer factor compensatorio más importante, principalmente la respuesta del chavismo, particularmente en sus bases más politizadas, quienes no van a aceptar esta derrota con los brazos cruzados.

Hablando con altos oficiales bolivarianos el lunes en la noche, el Presidente Maduro describió la derrota como un “triunfo de la contrarrevolución” y llamó a una reunión especial para todos los 908 delegados nacionales del PSUV para evaluar la gran derrota y prepararse para los próximos pasos. También anunció planes para reunirse con los movimientos sociales representados en los Consejos de Poder Popular el sábado.

Entre las bases chavistas, los planes se están desarrollando para empezar a organizar la defensa de las leyes revolucionarias claves dirigidas para la derogación de los diputados de derecha en enero.

“Lo único que nos queda son las calles,” le dijo un activista comunitario y funcionario público en el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista a Venezuelanalysis.com

Los chavistas intimidante entiende que los logros de la revolución han sido ganadas y perdidas no en los pasillos del parlamento ni en las oficinas burocráticas, sino en las calles, los barrios, los colectivos, los consejos comunales, donde las masas hacen historia.

El aspecto increíble del domingo, como señala Ociel Alí López, no fue meramente la derrota histórica del chavismo sino más bien el hecho de que a pesar de la inacción incompetente del gobierno durante una profunda crisis económica combinada con la corrupción y degeneración ideológica del liderazgo del partido, unos 6 millones de personas aún votaron por el PSUV.

Estos votos no debería ser en vano, porque reflejan una inmensa claridad política respecto a la necesidad de seguir con el proceso revolucionario, defendiendo los avances y radicalizando hacia avances nuevos.

Esta derrota representa una llamada urgente de advertencia para el chavismo desde la dirigencia oficial hasta sus militantes disciplinados: sin reflejar críticamente y rectificar el camino revolucionario llegarán a la destrucción del Proyecto Bolivariano.  

El tiempo es corto ya que es muy cierto que el Presidente Maduro va a enfrentar un referendo revocatorio en 2016, pero no todo está perdido dado que el trabajo vital de reconectarse con las masas venezolanas empieza inmediatamente.

En un discurso después de la derrota el domingo, el mismo Maduro subrayó la importancia de esta tarea: Tiene que venir una nueva etapa de la Revolución Bolivariana con una nueva calidad de la política que hacemos en el liderazgo de base, en los liderazgos intermedios, en las responsabilidades públicas altas en los líderes de los partidos, movimientos políticos, una nueva calidad en nuestra relación con el pueblo, una nueva calidad de liderazgo y acción.”

Ahora es el momento para que el post-Chávez chavismo se reinvente para forjar una nueva calidad revolucionaria la cual para Maduro, como para Chávez y el Che antes, significa no solamente “respecto por el pueblo” sino un mandato a mandar obedeciendo.

 

Por Lucas Koerner, periodista estadounidense de Venezuelanalysis.com. Artículo publicado originalmente en inglés: http://venezuelanalysis.com/analysis/11764

Artículo traducido por Benjamín Alaluf. Santiago de Chile. 9 de diciembre 2015.

Dos representantes de los padres de los 43 Normalistas llegaron ayer a Chile para desarrollar una serie de actividades con el fin de denunciar el estado en que se encuentran los esfuerzos por encontrar vivos a sus seres queridos.

Mañana Jueves 10 de Diciembre se encontraran en la Universidad Central  (Aula magna .Lord Cochcrane ) a las 11.00 Horas y por la tarde (15.00 Horas) estarán en el auditorio de la Universidad Tecnológica Metropolitana ( UTEM)  en la Calle Dieciocho

  1. ¿En qué contexto nace el Sindicato de Trabajadores a Honorarios de la Universidad de Chile (SITRAHUCH)?

En la Universidad los trabajadores a honorarios estábamos invisibilizados de las discusiones respecto a la gestión y a las condiciones laborales en la que nos encontramos, los honorarios siempre hemos entendido que nos encontramos en una situación injusta e ilegal: no contamos con seguridad social ni de salud, no tenemos derecho a pre ni post natal, carecemos de derechos sindicales y no poseemos ningún beneficio laboral que tienen los funcionarios a planta y contrata del sector público, ni siquiera el reajuste, puesto que nuestros salarios son fijados como si fuera una prestación de servicio puntual. Esto, pese a que somos trabajadores que desarrollamos funciones permanentes y estratégicas dentro del desarrollo de la Universidad, esto es, docencia, investigación, extensión y gestión, tenemos que cumplir horarios, calificar a alumnos, trabajar en la investigación científica y en el mantenimiento de la infraestructura, además de existir un numeroso personal administrativo, técnico y profesional que se encuentra sin ningún reconocimiento en su calidad contractual. Por lo mismo existe una realidad terrible con respecto a los salarios donde los pagos se realizan con altos niveles de retraso, especialmente con los profesores.

Esta situación se vio agravada con la entrada en vigencia de la reforma previsional para los trabajadores “independientes”, que nos obliga desde este año a cotizar obligatoriamente en las AFP por la totalidad de nuestros ingresos, sin que nadie se haga cargo de ello.

Esta situación ya había producido que se multiplicaran los sindicatos de trabajadores a honorarios del sector público en todo Chile, lo que llamó la atención de distintas personas a lo largo de la Universidad, concretándose a principios de 2015 las primeras reuniones de la gente interesada en conformar el sindicato.

 

  1. ¿Quiénes específicamente componen el sindicato? (Me refiero a porcentaje de profesores, secretarios/as, etc).

Al interior del sindicato nosotros distinguimos tres realidades dentro de los trabajadores a honorarios de la Universidad de Chile: la del personal no académico, los profesores y los investigadores. El primer caso es el más diverso al interior de la universidad, puesto que abarca una gran diversidad de funciones universitarias vinculadas con la gestión académica y administrativa, el control de gestión en las facultades, las comunicaciones, el aseguramiento de la calidad, entre otros. La gran mayoría de ellos son parte central de las facultades y de la universidad, cumplen horario y conocen al dedillo la compleja gestión que implica trabajar en la Chile. Pese a su rol estratégico, las autoridades universitarias hacen vista gorda de esta realidad.

En el caso de los profesores, se ha creado toda una estructura a lo largo del sistema universitario –tanto público como privado- de precarización de la labor docente a partir de los denominados “profesores taxi”, esto es, profesores contratados a honorarios para realizar un curso (o varios), al cual bajo la justificación de que están contratados por pocas horas no se les entrega ningún derecho laboral. Esto proviene de una doble mentira: que una persona que es contratada por horas no cumple funciones permanentes y que son situaciones temporales. La primera se cae al observar que en Chile el trabajo part-time y a plazo fijo se encuentra regulado y una persona en cualquier empresa privada aunque realice una labor estable pero por pocas horas recibe un contrato con sus respectivos derechos laborales. Con respecto a la segunda, la verdad es que existe una realidad donde los profesores a honorarios de la Universidad llevan haciendo cursos por varios años (incluso más de una década), realizando varias asignaturas al año, poniendo notas a los alumnos e incluso siendo evaluados por éstos y por las escuelas de pre y post-grado. En algunas facultades la cantidad de profesores a honorarios son impresionantemente altas, como la Facultad de Economía y Negocios o el Instituto de Asunto Públicos, donde más del 70% de las clases de pregrado son impartidas por profesores en condición de honorarios.

Finalmente, está el caso de los investigadores, que son contratados para trabajar en una gran diversidad de proyectos científicos con fondos universitarios u otorgados por el Estado -en distintas áreas de conocimiento- y que deben cumplir horarios, están sujetos a las jerarquías, etc. El caso de los investigadores tiene un drama propio puesto que muchos de estos proyectos o funciones no exigen condiciones dignas de trabajo a pesar de que se extienden por un período largo de años.

En términos de composición, sin tener las cifras exactas en mano, podríamos afirmar que existe una distribución equitativa entre los tres sectores al interior del sindicato. A nivel de la universidad ha sido muy difícil establecer la cantidad real de honorarios, puesto que las bases de datos de transparencia entregan números que parecen lejanos a la realidad, mientras que otras fuentes de información –extraoficiales- arrojan una cifra mucho mayor. De todas maneras, calculamos que aproximadamente deben existir unos 6.000 trabajadores que cumplen relaciones de subordinación y dependencia, que son los indicadores que se admiten para reconocer el carácter permanente de un trabajo.

 

  1. Siendo el primer sindicato de trabajadores a honorarios de Universidades en el país, ¿Cómo fue la parte legal de su constitución? ¿Y cómo reaccionaron las autoridades de la Chile?

Los sindicatos de honorarios son sindicatos con poco poder legal, no tienen derecho a negociación en la medida que sus convenios son considerados dentro del código civil y no del código laboral ni el estatuto administrativo. Para constituirnos debimos utilizar la figura de “sindicato de trabajadores independientes” que, como señalamos, no cuenta con una ventaja legal, ni siquiera el fuero, pero es lo que nos permite generar una figura que aglutine a los honorarios y eventualmente formalizar la relación con la Universidad como empleador.

La Universidad hasta ahora no ha tenido una reacción formal ante nuestra constitución como sindicato y nosotros nos encontramos gestionando una reunión con las autoridades que esperamos concretar en los próximos días para instalar de una buena vez nuestras reivindicaciones en la institución, especialmente si consideramos que actualmente en diversas facultades de la universidad se han generado comisiones y movilizaciones en pos de la mejora de las condiciones laborales, debate que se ha centrado hasta ahora en los trabajadores subcontratados. Además, hace unos meses la Dirección Jurídica de la Universidad emitió una circular –sin mencionar al sindicato- a los decanos y autoridades locales señalando que debía revisarse la situación de los honorarios, tomando en consideración los últimos fallos de la Corte Suprema que han reconocido el carácter ilegal de nuestra condición, haciendo desembolsar grandes cifras de reparo para quienes han ganado esas demandas.

A esto hay que agregar que en algunas facultades los mandos medios han reaccionado con temor al posible conflicto que pueda generar el sindicato, levantado una cortina de humo al prometer constantemente el traspaso a contrata, algo que muy pocas veces se concreta o, peor aún, creando plazas limitadas para generar competencia y desconfianza entre los mismos trabajadores a honorarios. A lo anterior se suma el riesgo evidente de represalias al no contar con fuero.

 

  1. ¿Cuáles son sus demandas y/u objetivos a nivel de la universidad y a nivel nacional?

A nivel de universidad, hemos desarrollado una serie de reivindicaciones a corto plazo que queremos plantearle a las autoridades:

  1. El ordenamiento administrativo inmediato del sistema de pagos salariales que, para algunos funcionarios, son realizados hasta con 6 meses de atraso.
  2. La facilitación de espacios físicos para que desempeñen sus labores un importante número de trabajadores.
  3. El cumplimiento pleno de los derechos de pre y postnatal para las madres y los padres.
  4. La construcción o facilitación de salas cunas para los trabajadores con niños que aún no están en edad de entrar al colegio.
  5. El acceso a permisos legales en caso de matrimonios, uniones civiles y/o defunciones de parientes cercanos.
  6. Vacaciones pagadas en los casos de trabajadores/as con funciones habituales y relacionadas con la misión de la Universidad.
  7. Cobertura de los seguros laborales correspondientes a las labores desempeñadas por cada trabajador.
  8. A pesar de la crítica que mantenemos a los actuales sistemas de cotización previsional y salud, entendiendo que como trabajadores/s tenemos derecho de acceder a esto, exigimos la cobertura de salud y de cotizaciones por parte de la Universidad a través del aumento del sueldo bruto.

A esto además le agregamos la petición de fuero sindical para los dirigentes del sindicato, para que ésta pueda operar con la regularidad que requiere y evite el amedrentamiento a los miembros del sindicato.

Para nosotros además es sumamente importante recalcar que nosotros consideramos que actualmente es impresentable que en universidades que se jactan de su calidad y rol público se den prácticas laborales como las actuales, pues precisamente atentan directamente con la calidad que se desea lograr. La literatura sobre indicadores de calidad de las universidades señala que la contratación de profesores a jornada completa y con funciones claras fortalece mucho la enseñanza y la investigación, por lo que comprendemos que nuestras reivindicaciones van en directo beneficio de la educación pública que se supone busca entregar la Universidad de Chile.

Por otro lado, a nivel nacional apoyamos la mayoría de las reivindicaciones que han planteado los trabajadores a honorarios del sector público en general:

En primer lugar, entendemos que para resolver los problemas que aquejan a los trabajadores del sector público que se desempeñan a honorarios se requiere una reestructuración completa del Estado y de la forma que tiene de emplear a sus funcionarios. Actualmente, existen tres modalidades: los trabajadores de planta, que tienen una alta estabilidad laboral y diversos beneficios; los trabajadores a contrata, que son renovados una vez al año y cuya situación contractual es más precaria, pero conservan varias ventajas; y finalmente los trabajadores a honorarios, que tienen precarias condiciones de trabajo y ningún derecho social, laboral o sindical, y que constituye más de la mitad de los funcionarios públicos.

Ante esta situación, lo que proponemos es avanzar hacia la recuperación de una figura única de contratación para todos los trabajadores del Estado, evidentemente atendiendo a las especificidades que requiera la diversidad de funciones que estos pueden cumplir. En el fondo, a lo que apuntamos es al aseguramiento irrestricto de la estabilidad laboral y la calidad de vida de todos los trabajadores, así como de sus derechos sindicales, hoy negados a cualquiera de las tres categorías señaladas arriba.

En el ámbito de la salud, apostamos a lograr un sistema que cubra con calidad y de manera gratuita las necesidades de la población, acabando de una vez con la odiosa distinción entre ISAPRES y FONASA, que impide al Estado financiar de manera solidaria las prestaciones de todos y todas debido al carácter privado de las ISAPRES, que se han hecho célebremente conocidas por lucrar y subir ilegalmente el costo de los planes para quienes pueden costearlos, mientras que el sistema FONASA que cubre a la gran mayoría de la población solo es capaz de ofrecer interminables listas de espera y mala calidad de atención.

Finalmente, en el ámbito previsional, nuestro norte es aportar a la lucha por la eliminación definitiva e irreversible del modelo de AFP, para ser reemplazado por un sistema de reparto solidario que asegure una vejez en condiciones dignas para todos los adultos mayores, sin distinciones de nivel socioeconómico.

 

  1. ¿Cómo se han vinculado con otros trabajadores precarizados dentro de la universidad como los guardias y trabajadores del aseo que son subcontratados dentro?

Hasta ahora, nuestro vínculo con otras organizaciones de trabajadores y estudiantes de la Universidad ha sido informal pero cada vez más regular: en algunas facultades donde se ha tematizado el problema del subcontrato, algunos miembros del sindicato se han hecho parte de las reivindicaciones, siendo el caso más reciente el de la Facultad de Ingeniería, donde se está avanzando a paso firme para la eliminación del subcontrato. Sin embargo, nuestro proceso de constitución como fuerza es aún bastante lento y tiene muchas limitaciones, por lo que la articulación es aún algo en ciernes. En ese sentido, nuestra intención como sindicato siempre ha sido unificar a todos los trabajadores de la Universidad para eliminar las distintas formas de precarización laboral que existen actualmente y que además podamos tener un rol protagónico en las luchas de los trabajadores a nivel nacional.

 

  1. ¿Cómo ven el futuro de los trabajadores honorarios a nivel nacional?

Actualmente la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras a Honorarios Públicos lleva un año de existencia, trabajando en pos de lograr nuestra reivindicación última: generar una forma de contratación única en el Estado que elimine la precarización laboral. Hasta ahora la cantidad de sindicatos que participa de la Unión ha sido creciente, aunque el nivel de aglutinación que ha logrado es variable, principalmente por las dificultades que presenta la organización de los honorarios. Durante Octubre fue el II Congreso de la Unión, donde se pulieron las definiciones de principios, programáticas y organizativas, optando por conformar una Confederación que agrupe a las distintas federaciones regionales que han surgido y que, en el caso de la Región Metropolitana, prontamente comenzará su proceso de constitución.