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Durante los últimos días se desató esta movilización en Chiloé en contra de las empresas Salmoneras que, con la complicidad y gestiones del gobierno, han explotado los recursos naturales por 20 años, causa que se traduce en el enriquecimiento solo de los dueños de estas como consecuencia. A esto se le suma el desastre ambiental ocasionado por las salmoneras, las precarias condiciones de los trabajadores del territorio y la arbitrariedad empresarial.

Es en el marco de este conflicto que azota a la Región de Los Lagos que los dirigentes del Confech, y otras mesas ejecutivas de Federaciones de Estudiantes de Santiago, viajan a Chiloé en muestra de apoyo a pescadores de la zona. Ante esto, el vocero Confech y presidente de la FEUCEN, Gabriel Iturra, explicó que este viaje tiene como objetivo visibilizar aún más el conflicto a nivel nacional, señalando que “es inaceptable que la incertidumbre respecto al futuro sea un sentimiento transversal dentro de los movimientos sociales del país por las malas gestiones que ha tenido el gobierno”.

Además, el vocero enfatizó en la empatía generada por los pescadores y en la unión de todas las luchas como un punto prioritario en la articulación de las movilizaciones a nivel nacional. “Hoy levantamos un solo puño junto a trabajadores y pobladores, nos cansamos de esperar. Chile se cansó de esperar. Ni la represión del gobierno podrá detener esta bola de nieve que día a día se fortalece”, señaló.

*Foto de referencia

Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos desde el 25 de julio de 1898. De bastión militar para servir para proteger el desarrollo de su proyecto expansionista, Puerto Rico fue convertido en consumidor cautivo de cualquier chatarra que produzca la economía estadounidense al extremo que importa en barcos de su marina mercante aproximadamente un 90% de los bienes que utilizan los puertorriqueños para subsistir.

Contrario a la impresión delirante promovida desde Washington de que Puerto Rico es el “escaparate” de la democracia y que los ciudadanos americanos puertorriqueños disfrutan de los beneficios del gobierno representativo y del confort de ser socio del Gigante del Norte, los puertorriqueños ostentan una economía que padece de un raquitismo crónico. El producto del impacto del modelo económico estadounidense en la Isla la ha llevado encarar el dudoso récord de ser la economía con la tasa de desocupación laboral más alta en el mundo. También los puertorriqueños encaran la quiebra del sector económico más grande del país, el sector público, que acumula una deuda que oscila en los 75 mil millones de dólares. Ello sin mencionar otros males sociales que orbitan al descalabro económico, como por ejemplo una tasa de pobreza de 60%, el envenenamiento del narcotráfico y sus consecuencias, todas ellas bajo la tutela de la nación de las barras y las estrellas.

Si de fijar responsabilidades trata, tanto Estados Unidos como los que han servido en Puerto Rico para atornillar y maquillar de democrático al estatus colonial, son coautores de un crimen aún impune. ¿La víctima? ¡La libertad! ¿Los daños colaterales al crimen? Una baja autoestima nacional en la población y el aprisionamiento de un modelo económico anquilosado, dependiente y venenoso que retrasa la posibilidad de que los puertorriqueños puedan tener un futuro digno.

Recientemente, el Secretario del Tesoro de Estados Unidos ha dicho que Puerto Rico va a pasar por una crisis humanitaria a consecuencia de su endeudamiento. La respuesta de este funcionario y del aparato político estadounidense a este hecho ha sido proteger sus espaldas y las de los especuladores que han decidido vivir del empobrecimiento de los puertorriqueños. Esto se hace burdamente. Ya ni disimulan.

Mientras los medios estadounidenses destacan cómo Barak Obama se toma un mojito en Cuba o baila el tango en Argentina, el imperio hace lo que siempre ha hecho: proteger sus intereses. Estados Unidos recurre a la insensibilidad moral del profeta del imperialismo, Rudyard Kipling y hace patente hoy más que nunca lo que el imperialismo colonial a través de la jurisprudencia estadounidense legitimó en los denominados “casos insulares” e hizo que Puerto Rico sea para los Estados Unidos “extranjero en el sentido doméstico” o “foreign in a domestic sense.”

Al cumplirse 99 años de aprobada la ley del Congreso estadounidense que concede la ciudadanía americana para que los puertorriqueños sirvieran como carne de cañón en la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos continúa sin demostrar ningún interés en los puertorriqueños. Inicialmente, los Estados Unidos mostraban más interés en “la jaula y no en los pájaros” como dijo el patriota Pedro Albizu Campos. Hoy día, el mayor interés de Estados Unidos es mantener llenos los bolsillos de los dueños ausentistas de la deuda pública puertorriqueña que grava el futuro de la Isla.

Estados Unidos ha propuesto intervenir para atender la crisis económica que vive Puerto Rico. El proyecto que considera el Congreso está muy lejos del Plan Marshall que reactivó las devastadas economías de la Europa post Segunda Guerra Mundial. La legislación pensada es una simple, que honra las más profundas instituciones imperialistas: una Junta de Control Fiscal. La Junta tomaría las riendas de las instituciones fiscales de la colonia para garantizar el servicio de la deuda. El efecto directo es simplemente, hacer que se pague lo que debe el gobierno de Puerto Rico, inmaterialmente si ello tiene implicaciones en los servicios que reciben los puertorriqueños. Los efectos fundamentales en la Isla serían esencialmente revocar cualquier poder, por minúsculo que sea, que tiene el gobierno local de aprobar y atender el presupuesto del país, el empeoramiento de su panorama económico y el aprisionamiento económico de éstas y sus futuras generaciones en servicio al capital foráneo.

Inmaterialmente los artilugios coloniales posibles: la autonomía fiscal de la Isla, la naturaleza del pacto entre Estados Unidos y Puerto Rico, “lo mejor de los dos mundos”, siempre los puertorriqueños llegan a la misma orilla. El americano feo sacó la cara una vez más y optó por crear y atender sus propias prioridades. Poco importa el nombre que le pongan, McKinley, Roosevelt, Truman, Johnson, Nixon, Reagan, Obama o Trump, en Puerto Rico la cara del americano es la misma y las arrugas de la colonia continúan.

Los puertorriqueños, hoy más que nunca debemos seguir el consejo de dos seres: el patriota que nosadvirtió, hace años, que llegaba el momento de la definición suprema: “…o yanquis, o puertorriqueños!” y del primer Papa latinoamericano: “…terminamos conformándonos con verdades parciales o aparentes, dejándonos engañar por profetas de desventura…por ser hábiles flautistas que anestesian nuestro corazón…”

Las palabras de ambos son lapidarias, corresponde a los puertorriqueños dar el paso de su vida: encarar su realidad actual y superarla exigiendo un destino digno para sus hijos.

Por:  Juan Manuel Mercado Nieves, MA, JD

Gran conmoción pública generó la crisis de la anemia infecciosa del salmón (virus ISA) que dañó profundamente la industria salmonera durante el año 2009. Lógicamente, las portadas de los diarios de la gran capital, no ampliarían sus informativos más allá de las grandes pérdidas a las transnacionales. Según cifras de privados, al año 2005 las salmoneras generaban 45 mil plazas de trabajo, la gran mayoría en las regiones X, XI y XII. El experto en acuicultura, Frederick Kibenge, estima que para el año 2011 se cerraron más del 30% de las fuentes laborales creadas por la industria, producto de la crisis del ISA.

Según el profesor Teodoro Wigodski, para el año 2007 la transnacional noruega Marine Harvest, ya había detectado los primeros brotes de ISA en algunos criaderos del sur de nuestro país, situación que no fue comunicada a las autoridades de la época, lo que permitió el avance a otras regiones.

La desregulación y el criterio de los privados para solucionar la crisis no fueron suficientes. ¿Quién asumiría los costos? Los trabajadores y sus familias que perdieron sus únicas fuentes de ingreso. Aquellos más de 15 mil sureños y sureñas que verían cómo producto de la avaricia se quedaban sin el sustento necesario para sobrevivir.

Por estos días, nuevamente una gran crisis medioambiental se vive en la zona. Ya casi se cumplen dos meses con marea roja, más de 600 toneladas de moluscos varados en Chiloé y otras 40 de salmones muertos, son el resultado de prácticas comunes en la industria, como el vertimiento de miles y miles de toneladas de salmones muertos en las costas sureñas.

Hoy, las y los trabajadores de Chiloé y sus familias se cansaron de escuchar las escuálidas respuestas de SERNAPESCA que atribuye la catástrofe a situaciones normales en la zona. Durante esta semana han bloqueado las rutas dentro de la isla y sus ingresos, declarando su descontento con la autoridad central. Recientemente, el Ministro del Interior, Jorge Burgos, haciendo gala de su estricta retórica, espetó que su Gobierno no era un Gobierno de billetera fácil, justo en momentos en los que salen a la luz pública los millones de dólares imputados a gastos en bebidas alcohólicas por parte de las FF.AA. ¿Quién entiende?

Dirigentes de las protestas en la isla han dicho que mantendrán las movilizaciones hasta las últimas consecuencias. La respuesta del Gobierno de la Nueva Mayoría no se hizo esperar: numerosos contingentes de fuerzas especiales de carabineros han aterrizado en la zona para contener las protestas.

A pesar de lo anterior, las comunidades en lucha seguirán movilizadas y se espera que de no encontrar respuestas positivas por parte del ejecutivo, sus acciones puedan agudizarse.

Distintas organizaciones políticas y sociales han solidarizado con el pueblo chilote y han convocado a una serie de acciones en apoyo a sus reivindicaciones. Varias federaciones de estudiantes en todo el país han dispuesto sus oficinas para ser utilizadas como acopio de alimentos no perecibles que pronto serán enviados a la isla, así como también se han plegado a las protestas convocadas desde el sur del país.

Chiloé, un ejemplo de dignidad, una comunidad que se cansó de esperar.

Por Ignacio Bustos

Portada Mayo 2016Desde nuestro equipo de trabajo, saludamos a todas y todos los trabajadores en la conmemoración de este 1° de Mayo. A quienes luchan cada día por mejorar las condiciones del trabajo, y proyectan sus luchas junto a otros sectores por alcanzar una sociedad auténticamente democrática y popular, en que el poder se ejerza por y desde el pueblo.

El gobierno ya dio por cerrado el proceso reformista, los grandes cambios prometidos quedaron en una precaria “obra gruesa”. El avance de los sectores conservadores de la Nueva Mayoría, la tenaz defensa de sus intereses por los empresarios y la derecha, lo llevó a iniciar una estrategia de contención, el “realismo sin renuncia”; no fue más que el retorno del pragmatismo de la vieja Concertación, recortando las promesas al gusto del empresariado. La complicidad del gobierno con los dueños del capital quedó en evidencia en la cuenta dada por Eyzaguirre en ICARE, centrada en propuestas de crecimiento y estabilidad: “la obra gruesa de las reformas ya está realizada”, así que “No se preocupen, ya no habrá más reformas que atenten contra sus inversiones”.

Para los trabajadores, la reforma fue un retroceso: ni mejoras en las condiciones de negociación, ni en los demás derechos que involucran estabilidad, ingresos y seguridad. Se imponen formas de reemplazo interno, que los empresarios responden ampliando la funcionalidad de los trabajadores. Se exige que la huelga sea “pacífica”, para legitimar la represión contra cualquier forma de protesta que afecte el funcionamiento de la empresa.

La agenda señala también otras direcciones, buscando salir de la crisis política al más puro estilo de los últimos 26 años, con acuerdos de pasillo y consensos en el parlamento; para salir de los casos de corrupción, plantea sancionar a quienes realicen filtraciones en los juicios a delincuentes de cuello y corbata; también baja el tiempo de prescripción de sus delitos, de 5 a 3 años. La prescripción salvó, por el momento, a Carlos Ominami de ser juzgado por uso de boletas falsas para campañas políticas.

Las señales del gobierno para los sectores populares, frente a la crisis política y económica que ellos mismos forjaron por 26 años, es la modernización de sus políticas de control represivo. Agrava la constante ofensiva frente a la movilización y la justa lucha del pueblo mapuche; las forestales han creado, en complicidad con la clase política, las herramientas para proteger sus intereses; ellas incluyen abusos como el empleo de agentes encubiertos o infiltrados en las organizaciones que se estén investigando.

La “Agenda corta anti-delincuencia” apunta sin duda a ejercer mayor y mejor control de la población; nada indica que el aumento de medidas de “control de la delincuencia y prófugos de la justicia” reduzca la inseguridad de la población; su foco son los sectores pobres, los marginados del modelo, los barrios populares reprimidos por policías que discriminan y abusan, autores de muertes y al menos un desaparecido, hasta el día de hoy sin culpables ni castigo. Burgos, el de la siniestra Oficina, saltándose acuerdos y prioridades, impone la agenda de cambios a la Ley antiterrorista; normas que incluyen presidio a quien divulgue antecedentes en investigaciones de actos calificados como terroristas, y multas para directores de medios que los difundan.

Los trabajadores estamos conscientes que los empresarios y sus políticos, continuaran frenando y reprimiendo la lucha por mejores condiciones de vida, y por respeto a la dignidad de las y los trabajadores de este país. La presidenta llama a participar en un “proceso constituyente” en el que seríamos oídos, pero las decisiones finales se tomarán en la misma “cocina” en que se quemó la reforma tributaria, se perdió la plata de la reforma educacional y se fundieron las aspiraciones de los trabajadores. Ése proceso para lavar la cara de sus instituciones podridas no es la prioridad del pueblo; no vamos a posponer nuestras demandas para cuando ellos tengan arreglada su casa. La lucha por nuestras reivindicaciones es ahora.

Frente a la actual situación y los resultados de la reforma laboral, sólo nos queda avanzar en la organización y la fuerza del pueblo para lograr la justicia social y construir una nueva sociedad. Avanzaremos fortaleciendo nuestra memoria histórica, el ejemplo de anteriores luchas, la entrega de Recabarren, Ernesto Miranda, Teresa Flores, Clotario Blest, Dante Campana, Rodrigo Cisterna, Juan Pablo Jiménez y tantas y tantos otros; su entrega y compromiso con las y los trabajadores debe orientarnos a continuar la lucha. ¡A levantar los principios de la lucha de clases independiente frente al capitalismo!

Juan Carlos Gómez Leyton*
 

En marzo de 1980, Julio Pinto Vallejos
se presentó ante la directora
del Departamento de Historia, Olga Ortúzar.
Le entregó su CV, documento que la autoridad
leyó con interés y parsimonia.
Miró de frente al aspirante y le dijo:
“Me interesa. Comienza usted el lunes con docencia
parcial en el área de Historia de América”.
(
http://www.udesantiagoaldia.usach.cl)

 

 

Da la impresión por el relato que se consigna en el epígrafe que en dictadura (1980) ingresar como académico a la Universidad era, tal vez, mucho más “fácil” que ingresar hoy, en la supuesta recuperada democracia. En realidad, ni ayer ni hoy ha sido fácil ingresar a la universidad pública. Actualmente, se ingresa a estas universidades a través de concursos académicos públicos, tal como lo ha impuesto la Comisión Nacional de Acreditación, sin embargo, la mayoría de ellos son truchos, es decir, arreglados previamente, para que sea seleccionado el candidato escogido con antelación. En esos concursos se establecen exigencias académicas y profesionales que ningún académico contratado antes de 1990, especialmente, entre 1973 y 1990, habría podido cumplir mínimamente, muchos de los requisitos que hoy se establecen y se exigen en ellos. Estos rayan en el absurdo, en lo insensato y, expresan herméticas discriminaciones, por ello, podríamos sostener que la mayoría de esos concursos son tienen vicios anticonstitucionales. Ellos se confeccionan con la clara intención de excluir y marginar. Y, se convocan tan solo con un objetivo de legitimar y, sobre todo, proteger el ingreso al ganador del concurso, o sea, al “elegido”.

Pensar que con los concursos públicos instaurados una vez terminada la dictadura en 1990. Pero no implico la eliminación de las normas que regían a las universidades desde 1980, momento del establecimiento de la universidad del capitalismo académico neoliberal. Con los concursos públicos se quiso, así fue planteado, por lo menos, en el discurso: democratizar y dar transparencia a la selección de los académicos. Al mismo tiempo desarrollar un mecanismo que evitara la forma arbitraria y unipersonal de contratar a los académicos en las universidades nacionales, especialmente, las del CRUCH, que había regido en el periodo 1973-1990. Se crearon normas, se institucionalizaron reglas, pero el mecanismo resulto espurio de la misma forma como aquel que buscaba corregir. Los concursos públicos actuales son un procedimiento, como he dicho, para darle legitimidad a la “corrupción” académica institucionalizada que hoy domina a la contratación en las universidades nacionales tanto públicas como privadas.

Por eso es dable preguntarse, si hoy las actuales autoridades académicas de la USACH y de otras instituciones del CRUCH, estarían dispuesta a recibir y a contratar, a un profesional y académico de las ciencias sociales u otra profesión, de la forma que la Sra. Olga Ortúzar lo hizo, en 1980, cuando contrato al profesor Pinto, en el departamento de Historia de la USACH.

Habría que advertir que en esa época la USACH, ex Universidad Técnica del Estado, era una universidad intervenida militarmente, y la mayoría de sus directivos designados con el beneplácito de la dictadura militar. En el departamento de Historia, la carrera de pedagogía en historia y geografía tenía cerrado su ingreso. Y, en los años siguientes, simplemente dejo de existir como consecuencia de la nueva institucionalidad universitaria establecida en los años 80 del siglo pasado, por la dictadura. Y, en base a esa normativa en 1985 los docentes “relictos” organizaron el programa de Magister en Historia como una forma de darle continuidad al Departamento de Historia. El Magister de historia funciono durante años con “académicos taxis” provenientes de otras universidades tanto públicas como privadas.  Pues, la planta docente del Departamento de Historia no alcanzaba a los 10 de docentes e investigadores.

Cabe señalar que la mayoría de esos “viejos” docentes e investigadores, ninguno de ellos ingresó por concurso público al Departamento de Historia de la USACH: ni Carmen Norambuena, ni Luis Ortega (1985), ni Juan Guillermo Muñoz (1977), ni René Salinas (1986), ni Julio Pinto (1980), entre otros, Todos ellos fueron cooptados o reclutados en virtud de la potestad que ejercía la directora. Ahora bien, la verdad sea dicha, la profesora Ortúzar, tuvo buen “ojo” en elegir a algunos de esos profesionales. Algunos ellos, no todos, por cierto, años más tarde destacarían en la ciencia histórica. Ella les brindó la oportunidad. Y, también el tiempo y los recursos para que pudieran desarrollar y ampliar sus formaciones académicas y profesionales.

Los concursos públicos y de oposición, bajo la inspiración democrática inicial, comenzaron en el primer lustro de los años 90. Hay varios de ellos que son recordados hasta el día de hoy. La historia oral brinda sabrosas y entretenidas anécdotas de lo ocurrido con algunos de ellos. Pero, desgraciadamente, tempranamente esos Concursos mostraron la tendencia predominante hasta la actualidad no solo en el Departamento de Historia de la USACH, sino en todas las instituciones universitarias públicas como privadas nacionales. Para decirlo de manera simple y breve, siguen la vieja fórmula mexicana del “retrato hablado”.

Por esa razón, ninguna autoridad académica actualmente estaría en condiciones hacer lo que hizo la profesora Ortúzar en 1980. Quienes hoy se encargan de “reclutar” a los académicos son los burócratas y tecnócratas de los departamentos de Recursos Humanos de las universidades en concordancia con los académicos de los departamentos que ofrecen alguna vacante. Ellos son los encargados de elaborar las bases de los Concursos Públicos ajustadas a los criterios sugeridos del Ministerio de Educación, a través de los MECESUP, los cuales, a su vez, están estrechamente ligados a los criterios de selección que impone el Banco Mundial. Y, estos siguen los lineamientos establecidos, urbe et orbi, de los acuerdos de Bolonia, el consenso neoliberal mundial en materia de Educación Superior. Estas bases están también alineadas con los criterios con cuales se construyen los Ranking de clasificación de la Universidades. De manera que las burocracias solo entienden de indicadores y de puntajes. No, de percepciones subjetivas.

La construcción de esos indicadores aritméticos como las bases de los concursos públicos son cada vez, más discriminadores y excluyentes.  Pues, con el objeto, supuestamente, de evitar decisiones arbitrarias unipersonales, han terminado por institucionalizar lo que he llamado, en otro lugar, la corrupción académica institucionalizada al servicio del capitalismo académico. Dado que, la mayoría de los seleccionados son elegidos en función de la productividad futura, en dos planos, simbólica y académica.  Estos deben producir conocimientos no necesariamente para el saber académico, sino más bien producir una “mercancía” o un artefacto, tales como, proyectos de investigación vendibles y “artículos/paper” que circulen en el espacio académico y, supuestamente, científico. Pero que, en lo fundamental, tengan un valor simbólico: otorguen prestigio y status. Y, que éste, se traduzca en puntos, para sumar y subir en el ranking universitario.

Esta forma de producir académico es -y así debe ser entendido- un mecanismo de acumulación de capital simbólico que se traduce en capital financiero. El estar en los primeros lugares del ranking provee los recursos financieros para las universidades nacionales.  Desde que se impuso en los años ochenta el autofinanciamiento de las universidades públicas, estas deben administrar a las universidades como “empresas” productoras de conocimientos y formadoras de profesionales para el mercado, por lo tanto, deben procurar vender todo lo que producen, o sea, vender conocimientos. En las universidades privadas, este mecanismo se utiliza como una forma de evitar invertir en investigación en forma directa y, sobre todo, para no afectar la tasa de ganancia, o sea, el lucro.

Por cierto, estas son formas de explotación académica y el modo cómo el capitalismo académico extrae la plusvalía a los trabajadores intelectuales de las universidades. En función de este mecanismo de acumulación, los criterios que informan los concursos públicos están dirigidos a seleccionar, a los profesionales, que demuestren haber sido altamente productivos, independientemente, de los saberes producidos. Lo que interesa al capitalismo académico es que ese, profesional, genere capital tanto simbólico como financiero a lo largo del tiempo.

Hoy no interesa mucho el saber acumulado ni los conocimientos obtenidos ni la formación profesional ni la experiencia académica ni profesional de los postulantes. A la tecnocracia universitaria actual solo les interesa “evaluar”:  cuanto ha producido, produce y lo que podría producir en el corto plazo. Pero, no toda la producción académica es válida y pertinente. Solo aquella que haya circulado principalmente en formato de artículos en “revistas indexadas”, especialmente, SciElo, ISIS y Scopus. La producción de libros, es considerada valida solo y cuando la editorial sea de “prestigio” y que el libro haya sido arbitrado por pares. Se descartan así diversas editoriales que no tienen ese mecanismo para seleccionar lo que se edita.  Por otro lado, tener un proyecto Fondecyt de investigación se ha transformado en una condición sine qua non para competir. Quién no hay obtenido un Fondecyt es mejor abstenerse en de postular.

Estos son los indicadores de productividad altamente valorados por las universidades nacionales. Evidentemente, se requiere tener doctorado. Lo absurdo, por ejemplo, de la mentalidad burocrática tecnocrática neoliberal de los seleccionadores, cabe de señalar, que muchos de los cuales que integran las Comisiones carecen del grado académico que solicitan. Esto ocurre, especialmente, en las universidades regionales del CRUCH. Desde del año 2009, que se estableció el programa de formación de capital avanzado por parte de CONICYT, se han otorgado, 276 becas para realizar estancias de doctorado en el extranjero. Ello significa, que el postulante aprobó un proyecto de investigación para realizar durante su estadía en una prestigiosa universidad rankeada y bajo la coordinación o tutela de un destacado académico de esa institución. El Estado ha invertido miles de dólares en ello. Sin embargo, lo más absurdo, es, por ejemplo, el hecho que, en las bases de cuatro concursos públicos convocados, por igual número de universidades del CRUCH, no consideran al posdoctorado como válido.

Volvamos al caso de la forma como el profesor Pinto fue contratado en 1980. Estamos seguros que el CV del profesor Pinto, no registraba en esa fecha ningún artículo ni libro publicado. El primer artículo que registra su CV es de 1982; tampoco contaba con proyectos de investigación FONDECYT, el primero lo obtuvo en 1988, y tampoco era doctor, pues el grado lo obtuvo 11 años más tarde, en 1991.

En aquellos años bastaba, con el grado académico o título profesional y, sobre todo, con el trabajo de tesis de grado realizada. Pero, también, con los padrinos y madrinas que se tenían, dónde se había estudiado y con quién, y un largo etcétera. Allí los prejuicios sociales, culturales, políticos e ideológicos se imponían, e igual que hoy. Pero, hoy se los encubre con las bases de los Concursos Públicos.

Dejo este comentario para reflexionar no con el objeto de llamar la atención que muchas de las reglas y normas que se imponen en los concursos públicos, tanto para ingresar a la U como académico, son profundas discriminatorias, arbitrarias y cuyo es seguir manteniendo el capitalismo académico en las universidades nacionales. Estos han sido construidos por los mismos que ayer ingresaron a la universidad sin cumplir con ningún requisito que hoy se exige. Paradojas de la historia o las miserias de la academia en la sociedad neoliberal, a pesar, de lo que opine Ernesto Ottone.

 

Santiago Centro, 1 de mayo de 2016

*Posdoctorado en Estudios Latinoamericanos, UNAM
Dr. en Ciencia Política, FLACSO-México
Académico Universitario

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