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Este 27 de febrero se cumplieron 27 años del llamado Caracazo, un levantamiento popular contra el paquete neoliberal del presidente Carlos Andrés Pérez. Este levantamiento popular durante dos días mantuvo en jaque al gobierno, con un saldo de más de 3.000 desaparecidos y muertos. Durante las primeras horas de la mañana del 27 de febrero de 1989, las protestas se iniciaron en la ciudad de Guarenas, ubicada a unos 39 kilómetros hacia el oriente de la capital venezolana. Ante el anuncio del presidente Pérez de las nuevas medidas dictadas por el Fondo Monetario Internacional, el pueblo guarenense salió a las calles a manifestar su descontento. Poco a poco la movilización fue adquiriendo más fuerza y el rumor de un alzamiento popular en la vecina ciudad de Caracas, motivó a que sectores populares de la capital se sumaran a las movilizaciones.

Entre las medidas anunciadas estaban el alza del pasaje, de la gasolina y el anuncio de la privatización de varias empresas estatales, todo aquello con la finalidad de apalear la crisis económica que vivía el país. Carlos Andrés Pérez había asumido el gobierno el 2 de febrero de 1989, tomó posesión en el teatro Teresa Carreño, por primera vez un Presidente venezolano se posesionó fuera del recinto del Congreso Nacional. Diversos sectores políticos señalaron este acto como “una coronación imperial”. El día 16 de febrero, en cadena nacional, Carlos Andrés anuncia el llamado “Paquete económico” cuyas principales medidas fueron:

– Liberación de precios de todos los productos de consumo (incluyendo

alimentos a excepción de 18 renglones de la “cesta básica”).

– Liberación total de las tasas de interés.

– Eliminación del control de cambio.

– Aumento de las tarifas de los servicios públicos como luz, agua, teléfono.

– Aumento del precio de la gasolina.

– Reducción del déficit fiscal a un máximo de 4%

– Congelación de cargos de la administración pública.

– Supervisión del FMI por tres años para obtener 4.5 mil millones de dólares.

– Aumento anual y por tres años de los precios de productos derivados del

petróleo.

Los días siguientes al anuncio de las nuevas medidas económicas, estuvieron marcados por la incertidumbre. Según cifras oficiales en 1989, el 47.5% de la población venezolana se encontraba en pobreza crítica, es decir, debajo de los niveles de subsistencia. A esta situación se le sumaba un aumento de la represión, que se había centrado en la desaparición y muerte de varios estudiantes en Caracas.

Durante el gobierno antecesor a Carlos Andrés Pérez, se dio lugar a la Masacre de Yumare en 1986 y El Amparo en 1988, en ambos casos civiles desarmados fueron brutalmente asesinados por miembros de la Fuerzas Armadas.

En este contexto, el día 27 de febrero de 1989 entró en marcha el aumento del pasaje de la locomoción colectiva: este fue el primer detonante de este levantamiento, que sobrepasó incluso a las fuerzas políticas opositoras al gobierno de Pérez. Miles de personas en Guarenas primero, y en Caracas después, salieron a las calles a saquear abastos y mercados de alimentos, para luego abrir las rejas de todo tipo de comercio que fue posible violentar.

Imágenes de miles de personas cargando reces al hombro, televisores, carritos de supermercado repletos, fueron animando a que la población sintiera que ese día era la oportunidad de acceder a todo lo que se les había negado por décadas. El resultado no tardó en llegar.

Mediante cadena nacional el Ministro de Defensa anuncia la suspensión de las garantías establecidas en la Constitución, en todo el territorio nacional. Posteriormente el presidente Pérez hace un llamado a la calma. Como consecuencia de esto la Policía Metropolitana y el Ejército salieron a las calles a masacrar al pueblo. Las morges y hospitales colapsaron, fosas comunes, personas desaparecidas y una cifra de muertos que reseña más de tres mil personas, nunca fueron oficialmente confirmados.

Los muros del emblemático barrio 23 de enero, quedaron marcados con cientos de perforaciones en sus muros, productos del impacto de las balas de fusil con que arremetieron las fuerzas policiales. Soldados conscriptos fueron obligados a disparar a las personas que protestaban, las que quemando autobuses del transporte colectivo y levantando barricadas se protegían del ejército.

A 27 años de este levamiento popular contra el FMI y su paquete neoliberal el pueblo venezolano hoy libra otra batalla. Contra los mismos poderes de ayer, el pueblo venezolano se organiza para enfrentar el acaparamiento, el contrabando y la corrupción, en pos de recuperar los derechos logrados durante la Quinta República, que fue la respuesta democrática a la vieja Cuarta República cuyo peor momento se expresó en el Caracazo.

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Por Francisca Rodríguez

En medio de la guerra económica que tiene al pueblo Venezolano enfrentando acaparamiento (disfrazado de desabastecimiento) de alimentos y productos básicos, mercado negro del dólar y especulación de precios, las organizaciones populares han ido articulando estrategias para abastecer y distribuir los productos básicos a las comunidades de las que son parte. Este es el caso de la Red de abastecimiento comunal El Panal y la Empaquetadora Comunal el Panal 2021.

Un poco de contexto: Guerra económica e intentos de desestabilización del Gobierno Bolivariano

Desde hace algunos meses los centros de abastecimiento tradicionales (mercados y supermercados) se han visto desprovistos de productos básicos como azúcar, shampoo, jabón, papel higiénico, harina, pañales o leche, entre otros, provocando grandes colas a tempranas horas de la madrugada y especulación de los precios (en algunos casos más de 1000%) ante la potencial escasez. Todo esto acompañado del mercado negro del dólar y la crisis económica mundial, ha requerido que el Estado impulse medidas para reactivar la economía y fije precios justos en el mercado para cada producto, junto con facilitar la distribución de estos.

La Red de Abastecimiento Comunal

Frente a esta situación han surgido iniciativas populares como la Red de Abastecimiento Comunal El Panal al alero del desarrollo de las Comunas (formas de autogobierno local propuestas por el Comandante Hugo Chávez para la construcción del Socialismo en Venezuela), con el objetivo de generar una distribución planificada de alimentos casa a casa evitando las colas y el negocio de privados, muy en la lógica de las Juntas de Abastecimiento Popular (JAP) de la Unidad Popular chilena. La Red de Abastecimiento Comunal busca mantener a las comunidades plenamente abastecidas para su bienestar y para derrotar la guerra económica y la dependencia productiva. Esta red está compuesta por la empaquetadora de granos y azúcar, 4 tiendas escolares, 3 abastos comunales y algunas unidades primarias de producción agrícola. Actualmente se encuentra produciendo los primeros uniformes escolares en la textilera que se ha levantado con los excedentes de la red y por decisión de la comuna, junto con comenzar una unidad productiva de criadero de cerdos para abastecer de carne a las comunidades.

La empaquetadora en conjunto, y a través de los Concejos Comunales (unidades de la Comuna) que manejan un censo de las familias y el número de viviendas que lo componen, administran, distribuyen, y venden a precio justo los productos a cada familia (por ej: si 1 kl de harina cuesta 400 bolívares en el mercado, mediante este mecanismo se venden 4 kl en 200 bs), abasteciendo a cerca de 40.000 personas.

Construyendo el Socialismo del SXXI: Las Comunas

La Ley Orgánica de las Comunas define al Estado Comunal como “una forma de organización político-social, fundada en el Estado democrático y social de derecho y de justicia estableciendo en la Constitución de la República, en la cual el poder es ejercido directamente por el pueblo, a través de los autogobiernos comunales, con un modelo económico de propiedad social y de desarrollo endógeno y sustentable, que permita alcanzar la suprema felicidad social de los venezolanos y venezolanas en la sociedad socialista. La célula fundamental del estado Comunal es la Comuna”. Además, la Comuna contempla la conformación de organismos como el Banco Comunal, los Consejos de Economía Comunal, Consejo de Contraloría Comunal y la Gaceta Comunal, todo para el efectivo ejercicio del PoderPopular.

En este contexto, la Comuna socialista El Panal 2021 busca ser una propuesta de autogobierno socialista, autónomo y autosustentable, con comunidades de 4 Estados (de Venezuela) y articulándose a través del eje comunal-nacional El Panal 2021. Su máxima instancia de deliberación y decisión es la Asamblea Permanente del Poder Popular, y se compone de 12 Concejos Comunales, que incluyen en la distribución, además 42 panalitos (una especie de célula dentro del panal –así nos lo indica, Ofman Bolívar, vocero del Colectivo Alexis Vive, a cargo de la Empaquetadora- que comprende de 5 a 15 vecinos de otros Concejos Comunales que no han logrado organizarse en su propia Comuna), logrando así cumplir con los objetivos de defensa del territorio, abastecimiento y organización de la comunidad.

Esta propuesta de organización popular, termina siendo una propuesta de articulación para superar la dependencia a la producción privada y al rentismo petrolero, valiéndose de las Leyes Orgánicas del Poder Popular (entre ellas, la de Economía Comunal) y conformando estrategias de alianzas con empresas recuperadas del Estado como Pronutrico (para el abastecimiento de harina) y otras Comunas (como la Comuna El Maizal, para el abastecimiento de carne de cerdo, o la Comuna Negro Primero, para acceder a azúcar y porotos negros).

Sin embargo, su desarrollo no ha estado exento de obstáculos, donde en algunos casos cuerpos policiales o militares, como la Guardia Nacional, muestran baja comprensión de las Leyes del Poder Popular como forma de autogobierno, generando retención de la mercadería, aún cuando se cuenta con la documentación correspondiente y la legalidad al día.

 

Por Salvador Bello

 

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Los trabajadores a honorarios y los funcionarios de planta y contrata del Ministerio de Desarrollo Social, nos hemos visto históricamente segregados por un Estatuto Administrativo que discrimina entre trabajadores, desvaloriza la función pública, y precariza el trabajo de cientos de miles de funcionarios públicos no reconocidos como tales. A pesar de esta discriminación impuesta por décadas de un neoliberalismo hoy deslegitimizado, hoy las organizaciones de funcionarios y honorarios de nuestro Ministerio enfrentan el desafío de avanzar hacia un trabajo mancomunado que nos permita visibilizar problemáticas de fondo en la estructura estatal, fortalecer la organización de los trabajadores en su conjunto, y enfrentar con mayor fuerza y unión los desafíos para fortalecer el servicio público que realizamos.

Hoy la contingencia nos lleva a enfrentar una situación particular: el comprometido traspaso a la calidad de contrata de los trabajadores a honorarios del Gobierno Central. Nuestro Ministerio cuenta con más del 40% de sus trabajadores en calidad de honorarios, trabajadores que cumplen funciones habituales del servicio, tales como los profesionales del Programa EJE o los Supervisores del recientemente inaugurado Registros Social de Hogares. Trabajadores de quienes dependen las funciones críticas de nuestro Ministerio y el cumplimiento de los Programas de Mejoramiento de Gestión.

En ese contexto, y en relación a las definiciones inscritas en el Plan Trienal Sobre Desarrollo de Personas, en particular las materias referidas a procedimiento de reclutamiento, la Asociación de Funcionarios ha requerido el pronunciamiento oficial de la autoridad ministerial en orden a que, resulta razonable suspender todo tipo de contratación, sea por la vía de Honorario o Contrata, hasta que no quede acordado y resuelto un piso mínimo procedimental en materia de Reclutamiento de Personal, que tenga en su base la concursabildad de los cargos, cualquier estos sean, con excepción de los de exclusiva confianza.

Así mismo la Asociación ha solicitado que se suspenda cualquier eventual paso de la condición contractual de Honorario a la Contrata, hasta que no se expliciten y formalicen criterios y procedimientos, que al menos contengan los requisitos instruidos en Decreto N° 37 de Hacienda, artículo Sexto (principalmente antigüedad mínima de un año al 01.01.16, jornada completa, contrato vigente y que el servicio prestado sea cometido especifico de la naturaleza habitual en la institución).

La Asociación de Funcionario y el Sindicato Interregional de Trabajadores a Honorarios desea dejar de manifiesto la importancia de establecer conductas coherentes con los instrumentos emanados desde la Presidencia y Ministerio de Hacienda, puesto que resulta contradictorio que mientras se busca avanzar en esta línea, se generen contrataciones o traspasos a la contrata discrecionales, en cualquiera de los niveles ministeriales, léase regiones o Divisiones centrales, que se aparten del modelo de empleo público que buscamos construir.
Hacemos un llamado a las autoridades a seguir los principios de transparencia en su gestión, disponiendo la información necesaria a los trabajadores y así asegurar una participación real y efectiva de nuestras organizaciones en políticas que nos afectan directamente.

Todos los trabajadores del Estado tenemos el derecho a ser reconocidos como funcionarios, trabajemos unidos para que ello sea así!

 

Sindicato Interregional de Trabajadores a Honorarios del Ministerio de Desarrollo Social

Sindicato de Trabajadores a Honorarios SEREMI Valparaíso

Asociación de Funcionarios Ministerio de Desarrollo Social

 

Imagen de referencia

El pasado 21 de febrero se vivió en Bolivia un hecho histórico muy difícil de entender desde la institucionalidad política o el conservadurismo en Chile; un referéndum constitucional que hizo al pueblo boliviano tomar una de las decisiones políticas más trascendentales de los últimos años, una decisión que técnicamente implicaba reformar el artículo 168 para que el/la presidente(a) y el/la vicepresidente(a) pudiera repostular para el periodo presidencial del 2019-2025 y políticamente era la demostración de fuerzas más potente que tenía el Movimiento Al Socialismo (MAS) y el gobierno de importantes transformaciones sociopolíticas de Evo Morales y, en consecuencia, dar una señal a Latinoamérica que los gobiernos de carácter progresista podían mostrarse fuertes ante las derrotas electorales en Venezuela y Argentina.

Los organismos electorales buscaron aumentar la alta participación electoral (superior al 90%) por medio de campañas que incentivaron el voto llamando a la población a sumarse al referéndum con la consigna “en tu voto está la decisión”. Por parte del MAS, el proceso se caracterizó por las reivindicaciones de las conquistas del Estado Plurinacional de Bolivia en materia educacional, alfabetización, aumento del sueldo mínimo, de dignificación en las condiciones laborales, nacionalización de los recursos naturales, intervención del Estado en planificación económica, en la inclusión y trascendencia de los pueblos indígenas de Bolivia en la Constitución, la apertura democrática que lograba tener el pueblo por medio de la institucionalidad y la reducción de la brecha entre ricos y pobres, mientras que por el lado de la oposición, la campaña se centró en el argumento de la desconcentración de poder de las autoridades actuales, de negar los avances del gobierno en materia económica y de críticas a una gestión, según ellos, marcada por el tráfico de influencias y la corrupción.

El contexto político está marcado por una población boliviana en proceso de radicalización de las posturas, por lo cual hace notables diferencias entre los partidarios del gobierno y la derecha, y en las semanas previas a las votaciones, cuestión que se acentuó en niveles irreconciliables. Esas semanas se caracterizaron por la alta agitación política en los programas radiales y en la televisión, con acusaciones de la derecha al gobierno por tráfico de influencias, corrupción e hijos no reconocidos de Evo Morales con una alta ejecutiva de la mayor empresa china en Bolivia mientras que el MAS denunciaba inyección de recursos a la burguesía nacional por parte de empresas norteamericanas e intervención en el país. Por otro lado, las manifestaciones hasta pocos días antes del referéndum iban en alza con actos masivos de Evo Morales para instar al pueblo a votar por él Sí debido a su gestión, pero las manifestaciones más importantes fueron las lideradas por la derecha contra el gobierno, manifestada en paros y cortes de ruta por los camioneros, huelga de profesores y jubilados en La Paz y bloqueos de camino de los cocaleros. Pese a lo anterior, la contienda era paritaria y las encuestas daban al Sí y al No un 40% a cada uno, y el otro 20% de la población votante estaba en el área de los indecisos, pero todo esto cambia a 4 días del referéndum tras una marcha en la comuna de El Alto, a 5 km de La paz, por parte de padres de familia que demandaban mejoras en las unidades educativas, culminando con la sede municipal de El Alto incendiada y con 8 funcionarios municipales muertos dentro del incendio. Por parte del gobierno hablaron de montaje y campaña sucia de la derecha al aislar a bomberos y no evacuar a los funcionarios de la municipalidad como se hace regularmente, mientras que la derecha habla de asesinatos ordenados por Evo Morales.

El pesar de los hechos se hicieron sentir, tras una fuerte operación mediática y la influencia de la derecha en conexión con la reacción latinoamericana en los medios en el extranjero, lo cual decantó en los resultados ya conocidos con el 99,7% de las mesas escrutadas: 51,3% para el No y un 48,7 para el Sí, duro revés para el gobierno y un nuevo traspié de los gobiernos reformistas en el cono sur.

Los factores del traspié son varios, pero desde una perspectiva revolucionaria tienen que ver con lecciones aprendidas en Chile tras la Unidad Popular y que hoy se remarcan con la experiencia de Brasil, Venezuela, Argentina y Bolivia y esas son que mientras la derecha siga teniendo espacios para plantear las diferencias de clase y siga teniendo el dominio de sectores estratégicos del país, no dudarán en emplearlos cuando sientan amenazados sus privilegios históricos por los avances y la disposición de lucha de los pueblos. No obviando lo anterior, no se debe caer en una desmoralización ni perder el horizonte en el pueblo, ya que como alguna vez señaló Miguel Enríquez “ni toda la fuerza del pueblo se expresará en los resultados electorales” y eso es porque en ningún momento los resultados del referéndum han claudicado la disposición de combate de los pueblos en Bolivia, ni se han cedido espacios ganados por el pueblo en el reconocimiento de los derechos indígenas, en educación, derechos sociales ni en luchas políticas y menos se ha dado pie atrás en seguir combatiendo por lo que los explotados han reconocido como solución, cosa que los revolucionarios de todas partes debemos entender.

La historia nos ha señalado los riesgos de la ilusión electoral o la relegación única a ese mecanismo para transformaciones fundamentales de los pueblos. Hoy en día y tras lo que ha pasado en los últimos 2 años en América la consigna y el horizonte estratégico es uno solo: “revolución socialista, no caricatura de revolución”.

 

Por Pablo Cabañas, estudiante de Derecho de la Universidad Central

Este jueves convocan marcha contra la Reforma Laboral y para recordar al dirigente sindical,  Juan Pablo Jiménez, quien fue asesinado en su lugar de trabajo el 21 de febrero 2013.

A 3 años del asesinato del dirigente sindical, ahora la clase trabajadora enfrenta otro ataque: la Reforma Laboral de los empresarios.

A continuar algunos puntos importantes que explican el rechazo a esta reforma:

“1. Elimina el piso de negociación de los sindicatos que actualmente impide retroceder en derechos ya conquistados (artículo 369).

2. Inaugura los llamados “pactos de adaptabilidad”, es decir, habrán jornadas de trabajo de 12 hrs. por 7 días seguidos en la ciudad y 20 días seguidos fuera de la ciudad.

 

3. Se exigirá quórum de constitución del sindicato, el cual también se fiscalizará a la hora de comenzar una negociación colectiva, lo que actuará como incentivo al despido de los compañeros sindicalizados.

 

4. Se castiga a los dirigentes por daños “morales o físicos” que pueda causar el sindicato durante la huelga, es decir, se criminaliza la lucha y actividad sindical.

 

5. La huelga será con reemplazo por equipos de emergencia formado por los mismos huelguistas y con polifuncionalidad.”

 

La marcha se realizará el jueves 25 de febrero a las 19:00 hrs en Plaza de Armas

 

Los 5 puntos fueron sacados del evento convocatorio de la marcha en Facebook:

https://www.facebook.com/events/1012788782125034/