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Con lienzos, pancartas y consignas las y los manifestantes se desplazaron por las calles céntricas de Valparaíso, exigiendo justicia para Francisco y manifestando que el “arte callejero no es delito”.

Por Guillermo Correa Camiroaga.

Este lunes 08 de febrero se vivió una extensa jornada de protesta en Valparaíso exigiendo justicia y rindiendo homenaje a Francisco Martínez Romero, el joven artista callejero asesinado brutalmente por Carabineros en Panguipulli el sábado 06 de febrero.

Acá no solo son culpables los autores materiales de este deleznable hecho, sino toda la clase política institucional que desde el término de la dictadura cívico militar ha conformado gobiernos civiles que no ha sido capaces, o derechamente no han querido, desmantelar la doctrina del terrorismo de Estado instaurada en dictadura.

Acomodados al modelo neoliberal se dedicaron a realizar cambios cosméticos al mismo, colocándole una careta de democracia, pero con un nauseabundo olor a dictadura y dejando intactas las bases sobre las que este se sustenta este sistema, incluyendo toda una legislación y un aparataje represivo pronto a actuar en contra de los sectores populares que luchan por defender y conquistar sus derechos pisoteados.

Hoy muchos y muchas integrantes de la clase política rasgan vestiduras exigiendo legislar para terminar con la Ley de Control de Identidad Preventivo, este engendro represivo incorporado y aprobado durante el último gobierno de la Nueva Mayoría encabezada por Michelle Bachelet       (en la Ley 20.931 del mes de julio de 2016), y que fue el utilizado por las fuerzas policiales para terminar abusivamente con la vida de un joven chileno en Panguipulli que no tenía carnet de identidad.

Estas pataletas para “la galería” no son más que una mascarada indigna con la que algunos y algunas integrantes de la clase política institucional pretenden mejorar su deteriorada imagen ante la opinión pública. Son las y los mismos políticos que se concertaron con la derecha para aprobar el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, a partir del cual se originó un tramposo proceso constitucional que está en curso y que en la práctica significó un salvavidas para el tambaleante gobierno de Sebastián Piñera.

Ni hablar de la legislación represiva que apoyaron y ayudaron a sacar adelante luego de firmado este Acuerdo, leyes destinadas a reforzar la “seguridad y el orden interno”, es decir, para entregar más facultades a los agentes del Estado en su labor represiva en contra de las y los luchadores populares, ayudando de esta manera a la criminalización de la protesta social.

La indignación y la rabia que ha provocado el vil asesinato de Francisco Martínez nuevamente encendieron la pradera de las luchas populares, y la llama de la rebeldía iluminó distintos territorios de nuestro país para exigir justicia.

Pese a las limitaciones y restricciones de la emergencia sanitaria en que nos encontramos, las chilenas y chilenos rebeldes han salido a protestar para sacar afuera su rabia y mostrar su fuerza   llena de dignidad para recordarle a la clase política, las élites y la institucionalidad neoliberal, que Chile solo está en pausa a causa de la pandemia, pero el despertar del 18 de Octubre del 2019 sigue latente y pronto a expresarse.

Acá en Valparaíso la Jornada de Protesta comenzó a mediodía, con una convocatoria realizada por los Artistas Callejeros quienes llamaron a reunirse en la Plaza Victoria, lugar en el cual se realizó una intervención artístico musical en homenaje a Francisco Martínez, para marchar posteriormente hacia la intendencia Regional.

Después de larga enfermedad dejó de existir el 5 de febrero de 2021 Juan Placencia Catalán a la edad de 75 años, viviendo sus últimos días junto a los cuidados de su esposa Bernarda, sus hijos y nietos, así, como el acompañamiento de amigos y sus compañeros de lucha.

 

Juan Placencia fue dirigente sindical y popular en diversos espacios y organizaciones sociales

Queremos reiterar el homenaje a nuestro luchador y reproducimos aquí un extracto de una entrevista que le realizó el diario El Irreverente a Juan Placencia donde cuenta con sus propias palabras su compromiso y trayectoria de lucha.

Juan, nació en Talcahuano y estudió en un Liceo Comercial. Cuando ya tenía 20 años se fue a Santiago y entró a trabajar como obrero en Fensa, estuvo ahí unos 4 o 5 años hasta 1973 que vino el Golpe Cívico Militar y cayó detenido en el Estadio Nacional. Ahí estuvo hasta poco antes de la salida de los presos políticos a Pisagua. Estuvo menos de un año en el Nacional. Lo dejaron libre y se fue a trabajar a Concepción en el PEM (Plan del Empleo Mínimo) y antes del año 75 se vino a Santiago. Se reincorporó a la lucha y volvió a caer preso, cayo detenido en la calle, en un punto de contacto de la lucha clandestina. Ahí estuvo en Villa Grimaldi unos tres meses, entre Villa Grimaldi, Cuatro Álamos y luego en Puchuncaví. Participó en las huelgas de hambre en julio del 75, para exigir el esclarecimiento del asesinato de los 119 compañeros miristas que supuestamente habrían muerto en un enfrentamiento en Argentina y Brasil. Juan Placencia sale en la liberación masiva de diciembre del año 75, por la realización de la Asamblea de la OEAe Santiago de Chile.

Comienza su dirigencia sindical en Fensa siendo parte del Cordón Industrial de Cerrillos. En 1976 entra a suplementeros, ya había estado antes de estar detenido en el 75. Ahí se sindicalizó también y asume rol de dirigente sindical. Se incorpora al Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras Clotario Blest, siendo un gran aporte en posicionar el periódico el Irreverente, instrumento de lucha de los trabajadorxs.

El compañero Juan Placencia, hasta sus últimos días nos instó a buscar la convergencia entre sectores para luchar en conjunto, centrándonos en los puntos comunes. Volcó sus últimos esfuerzos en buscar una gran coordinación entre los trabajadores independientes, entre ellos pescadores artesanales, vendedores ambulantes y suplementeros.

 

 

PLAZA BOLIVAR. Llegan los indígenas a Bogotá, 21 de octubre de 2020.

“DUQUE, PARACO, EL PUEBLO ESTÁ BERRACO”

Por Beatriz Villar.

El Acuerdo de Paz de 2016 fue un importante intento de poner fin a 50 años del conflicto armado en Colombia. Pero hay poderosos intereses que alimentan la guerra entre colombianos, y un Estado narcoterrorista que representa dichos intereses. Imposible entonces que se investigue las masacres y se garantice el derecho a la vida de todos los habitantes.

Entre el 2002 y el 2008 , durante la administración del Presidente Uribe, unas 4500 personas fueron asesinadas a sangre fría por el ejército colombiano con el único propósito de inflar el número de bajas en combate, de dar una impresión falsa del supuesto éxito en la lucha contra la guerrilla. En Colombia se conoce como “falsos positivos” a estos ciudadanos pertenecientes a los sectores más humildes de la población, asesinados para hacerlos aparecer como militantes de las guerrillas.

Si bien han sido condenados 800 soldados involucrados en estas matanzas masivas, los jefes de unidades de comando han seguido siendo ascendidos, al punto de que 16 de ellos llegaron a generales, incluyendo el hasta hace poco Jefe del Ejército y el actual Jefe de las Fuerzas Armadas. Ambos tienen antecedentes en estos hechos y no han sido objeto de investigación por parte de los fiscales.

Estos datos del informe de José Miguel Vivanco de Huma Rights Watch, de noviembre de 2020, fueron rechazados por el gobierno y por las fuerzas militares, y atribuidos, como es habitual, a una campaña de desprestigio de la extrema izquierda hacia el ejército colombiano.

A cuatro años del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC, que depusieron 10.000 armas, las masacres de líderes y lideresas sociales se han multiplicado; 244 ex guerrilleros desmovilizados fueron asesinados.

A lo largo del 2020 se produjeron 78 masacres con cerca de 500 personas asesinadas. En 2019, fueron 50. Las masacres son frecuentes, casi siempre perpetradas los fines de semana en zonas alertadas por la Defensoría del Pueblo, en las que existen fuerzas de tareas desde hace años. Cada ocho días se producen una o dos masacres. En un mismo día, fueron asesinados tres dirigentes en distintos lugares del país. El líder del movimiento estudiantil Alejandro Palacio hizo un llamado a la Fiscalía para que investigue y encuentre a los responsables. Considera que se los persigue por defender sus derechos a través del miedo como estrategia política.

Desde la perspectiva del neoliberalismo capitalista no existe preocupación por las vidas perdidas sino porque, desde su concepción servil ante el imperio yanqui y ante el cambio de gobierno de los Estados Unidos, no habrá inversiones en Colombia debido a la “imagen” de inseguridad del país.

Cuatro años después de la firma del Acuerdo de Paz , no se produjeron cambios que transformen las condiciones de vida de la gente.

Respecto del acceso a las tierras, según las cifras oficiales, sólo se han distribuido 32.000 hectáreas de los 3 millones que exige el acuerdo; es decir, el 1 %. Y vaya uno a saber a quién.

En el compromiso del acuerdo se acordó reducir la pobreza en el 50 % y eliminar la pobreza extrema, inicialmente en 10 años y luego de la renegociación, en 15. En las cifras del Dane del 2019, la pobreza monetaria subió en el 1 % y la extrema en el 3 %, y eso antes del covid.

El Presidente Duque apela al narcotráfico como causa de la inseguridad a nivel nacional, porque no está dispuesto a dar respuestas a los reclamos populares de poner fin a la exclusión social, a la corrupción y a la impunidad imperantes.

El pueblo colombiano repudia el incumplimiento de los acuerdos de paz por parte del gobierno, sus ataques al proceso de pacificación y el asesinato de líderes sociales y sindicales.

Los motivos del paro y movilizaciones del 21 de noviembre de 2019, las más importantes en la historia del país, fueron por el derecho a la vida, por la paz y contra el paquetazo económico del Presidente Duque y el FMI.

El paquetazo contemplaba la pretensión de reforma laboral y pensional, la privatización y venta de importantes empresas del Estado para resolver la grave crisis por la que atraviesa el país, el intento de reglamentar la protesta social y la creación de un holding financiero con una serie de empresas vinculadas a la salud y a la seguridad social.

En agosto de 2020, el pueblo de Samaniego, donde fueron masacrados ocho jóvenes, marchó al grito de “Duque, paraco, el pueblo está berraco”, en una clara alusión a la responsabilidad del propio Presidente de Colombia en la proliferación de las llamadas bacrim (bandas criminales) y a que el pueblo está decidido a poner límites a tantas matanzas e impunidad. Según datos de la Defensoría, las Bacrim están en 27 de los 32 departamentos del país.

En septiembre hubo encendidas protestas en diferentes ciudades del país contra la brutalidad policial, desatadas por la muerte de un hombre de 46 años en Bogotá y diez víctimas mortales de entre 17 y 27 años en Bogotá y tres más en Soacha, ciudad aledaña a la capital colombiana. Solamente en Bogotá hubo 379 heridos, de los cuales 66 fueron impactados con armas de fuego.

Los  informes del Indepaz dan cuenta de la fecha, procedencia social, fecha y lugar (municipio y departamento) del asesinato de 329 personas, mujeres y hombres, durante el 2020 hasta el mes de noviembre. De los cuales 259 son indígenas, campesinos, líderes cívicos (nacidos de barrios de una pobreza absoluta, que organizan actividades para paliar las necesidades de los pobladores)… afrodescendientes, líderes sindicales, ambientalistas, disidencias(LGBTIQ+).

EN COLOMBIA SOBRAN LAS RAZONES PARA PROTESTAR.

El 25 de noviembre de 2020, las calles del centro de Bogotá se colmaron de feministas, taxistas e indígenas cuyos reclamos pueden resumirse en el respeto por la vida, el derecho a la tierra y a la justicia social.

El 3 de diciembre comenzó un paro de actividades de los docentes del Departamento de Cundinamarca.

Más allá del aprovechamiento político de una pandemia que obligó a la desmovilización de las protestas callejeras, el pueblo, con un gran protagonismo de la juventud, vuelve a manifestarse por sus derechos negados, decidido a escribir una nueva página de la historia de Colombia, signada por el respeto a la dignidad suprema de la vida de todas las personas, sin excepción.

Indica el diario colombiano Tiempo del 9 de diciembre de 2020 que desde 1996, 2.094 personas fueron víctimas de desaparición forzada en los municipios antioqueños de Briceño, Cáceres, Ituango, Nechí, Peque, Sabanalarga, Tarazá, Toledo y Valdivia, según estableció la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Dichos municipios están ubicados en el área de influencia del proyecto hidroeléctrico Hidroituango.

Estos crímenes de lesa humanidad tuvieron un incremento inusitado a partir del primer semestre de 1996, con la irrupción de estructuras paramilitares en Antioquía, en especial en los municipios de Cáceres y Tarazá (que concentran cerca del 50 % de las víctimas). Entre 2001 y 2002, fueron desaparecidos 358 ciudadanos.

En esta región, las desapariciones forzadas de personas fueron masivas, generalizadas y persistentes. Durante 2020 la JEP ha encontrado ocho cuerpos con signos de muerte violenta, víctimas provenientes del Cementerio de Orobajo, en Sabanalarga, zona inundada por la represa, que se encontraban en el Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquía. Las víctimas presentan heridas con arma de fuego, disparos en el cráneo compatibles con ejecución sumaria y en estado de indefensión.

Lo que se augura para el 2021 es que, a pesar de la criminal represión policial y del ESMAD (Escuadrón Móvil Anti Disturbios) en las últimas movilizaciones, el pueblo colombiano profundizará su conciencia y se agudizarán las protestas sociales en las calles.

Además de las masacres y las desapariciones sistemáticas, la fumigación con glifosato es otra herramienta del poder para el exterminio.

Según El Espectador del 16 de enero de 2021, justo cuando el Gobierno de Duque iba a retomar las aspersiones con glifosato, una nueva decisión judicial parece ponerle un freno al proceso. Una tutela presentada por todas las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas del Pacífico Nariñense, agrupados en la Redhpana, y el colectivo Orlando Fals Borda que pedía que se reevaluara la afectación directa que sufrirían los territorios étnicos, logró que una resolución del Ministerio del Interior para el regreso del glifosato, fuera suspendida.

El 2021 comienza en Colombia con una victoria parcial sobre el genocidio. Será un año intenso, henchido de esperanza en el protagonismo de las nuevas generaciones.

Referencias:

http://www.indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020/

http://www.indepaz.org.co/lideres/

 Por Roberto D’ Orival Briseño – Colectivo 119 de Familiares y Compañerxs. 

Indulto a agentes de la Dina partícipes en la Operación Colombo que secuestró, torturó y desapareció entre 1974 y 1975 a 119 compañeros del MIR.

El fallo de la octava sala de la Corte de Apelaciones, que exculpa a criminales de DDHH, constituye una nueva acción pro impu­nidad, que niega el derecho inter­nacional, tratados, convenciones y pactos relativos a DDHH, que ha firmado y debe respetar y poner en práctica el Estado, en especial el Poder Judicial. Esta acción tiene un claro e innegable contenido político, favoreciendo a agentes de la DINA que desarrollaron un plan criminal de exterminio de militantes de izquierda. La acción de este tri­bunal, vuelve a dejar en evidencia el carácter de clase y compromiso ideológico de este poder del Esta­do, que a raíz de la rebelión popular del 2019, ha endurecido su accio­nar represivo, sistemático y masivo de atropello a DDHH, entregando señales claras a FFAA y policiales, de mayores garantías de impunidad en resguardo del sistema político y modelo económico causante de las injusticias y desigualdades que originan el descontento y la protesta.

Este nuevo testimonio de obse­cuencia de los jueces, responde al mismo objetivo, ya sea en relación a los secuestros, torturas y desapa­riciones entre 1974 y 1975 de los compañeros y compañeras del caso 119, como en la persecución, de­ tenciones, montajes, juicios sin otras pruebas y declaraciones que las de los agentes del estado, que mantienen encarcelados y encarce­ladas a más de 2000 personas, re­henes del terrorismo de Estado y de Piñera. Hoy como ayer, se castiga el pensar, organizarse y luchar con­tra la marginación, la explotación, el desprecio y la violencia a la que se somete a la gran mayoría de los habitantes de la nación.

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La impunidad se manifiesta en di­versas formas y dimensiones. En el caso de este nuevo fallo aberrante, se vuelve a victimizar, pero también a reactivar mecanismos de respues­ta, es así como logramos autoconvocarnos familiares, compañeros, compañeras y organizaciones ami­gas, generando una manifestación de repudio al fallo y al Poder Ju­dicial el día viernes 4 de diciembre del presente año, repitiéndola el día miércoles 9 y este día miércoles 16. La manifestación es asumida por la organización de familiares y amigos de las y los asesinados de la revuelta.

La síntesis es clara, fechas, nom­bres y circunstancias varían, pero las y los muertos, violentados y en­carcelados son los y los mismos: el pueblo pobre, marginado, olvida­do, insumiso, consciente, rebelde y luchado.

En la calle, en la acción se revelan y gravitan los mismos sentimientos: dolor, rabia y el deseo profundo de cambiarlo todo, echar abajo todas las estructuras y trabas que man­tienen la injusticia, la impunidad, pero también la esperanza y el de­seo que tanta sangre y ausencia no sean en vano, transformando sen­timientos en conciencia y fuerza de cambio.

Pero no hay que perder la perspec­tiva, está violencia estatal no surge ahora o hace un año, la respuesta brutal a la movilización masiva y persistente de los pueblos y comu­nidades a lo largo y ancho del país, estaba en latencia, preparada y man­tenida por quienes orquestaron el cambio administrativo de dictadura a gobiernos de barniz democráti­co. Cada perdigón, cada bala, los químicos que intentan ahogar la ra­bia y lucha popular, son responsabi­lidad de quienes han gobernado sin erradicar la Doctrina de Seguridad Nacional, ni cuestionar el escanda­loso presupuesto militar, quienes han enviado a militares y policías a perfeccionar su actuar terrorista en defensa de intereses económicos y para someter a su pueblo.

La proyección y por lo que tenemos que poner nuestro esfuerzo, es en la articulación de las luchas, la solidaridad y convergencia de familiares, compañeros, compañeras, amigas, amigos, colectivos y organizaciones en defensa de los DDHH y popu­lares y para generar el proyecto que transforme profundamente nuestra sociedad y realidad.

Por Ariel Orellana Araya. 

La situación actual para la clase trabajadora es, sin lugar a duda, una de las más complejas en los últimos 20 años. La crisis del capitalismo, que por su profundidad, extensión e integral­idad se anota entre las más graves del último siglo, mantiene al sistema económico en una recesión histórica, declarada así incluso por los organismos del im­perialismo como la OCDE, FMI, BM y la OIT. Como si no fuera suficiente, vivimos una recesión atravesada por la pandemia del COVID-19, que ha obligado a extensos confinamientos y cuarentenas, pandemia que no sólo ha cobrado víctimas fatales entre las/os trabajadoras/es y el pueblo, sino que también ha expulsado del mercado del trabajo formal e informal a millones en el mundo, con­denándolos a mayores grados de precarización, hambre y miseria, aumentando así el ejército de cesantes a nivel mundial y la regulación del precio de la fuerza de trabajo a la baja en todas las latitudes, por parte de la burguesía monopólica.

Este desolador panorama afecta a nuestra clase a escala global. En Chile, el desempleo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en su último boletín Es­tadísticos de Empleo Trimestral, (septiembre, noviembre)¹ lo cifra en un 10.8% a escala nacional, dato realmente oculta tras el guarismo el verdadero volumen de las/os sin trabajo pues excluye a las/os ocupadas/os ausentes, por ejemplo, quienes están acogidos a la ley de protec­ción al empleo (las/os cuales seguramente no serán rein­corporadas/os) y a las/os ocupadas/os informales que rep­resentan cerca de 2.112.280 personas, pues entendemos la informalidad como una forma de precarización del tra­bajo, ya que no sólo no está regulada, sino que además no contempla protección social, previsional y salud entre otros derechos mínimos. El mismo boletín, plantea que la tasa de ocupación es del 48.6%², cifra que incluye a una gran mayoría de trabajadoras/es que solo ganan como salario el mínimo establecido por ley, es decir, actualmente $326.500, monto que estará vigente hasta abril del 2021.

Según datos entregado por Fundación Sol “En 5 regiones del país la mitad de los trabajadores gana $350 mil o menos en su ocupación principal. A nivel nacional, la mi­tad de los trabajadores no logra superar los $401 mil, cifra que cayó $21.400 entre 2017 y 2019”. Esto demuestra las condiciones de precarización de quienes a pesar de es­tar empleados sólo logran cubrir los gastos de existencia y reproducción como clase y no les permite salir de las con­diciones de pobreza y exclusión a las cuales los condena el capitalismo en su fase imperialista.

La misma Fundación plantea que en Chile se registran 890.573 personas que ganan el salario mínimo o menos, es decir cerca del 18.1%, entre los cuales 387.353 ni siquiera recibirían la gratificación legal. Además, el 56 % de las/os trabajadoras/es que ganan el salario mínimo o menos, se en­cuentran en sectores como la agricultura, la industria manu­facturera, servicio doméstico y el comercio, es decir sectores altamente precarizados. El 34,8 % de las/os jóvenes entre 15 y 19 años que tienen un trabajo dependiente en el sector pri­vado, ganan el salario mínimo o menos.

Respecto de una perspectiva comparada³ , Chile, en relación con el índice de Kaitz (países latinos, UE, OCDE) se ubica en el extremo inferior en cuanto a la proporción que representa su salario mínimo con relación a su PIB per cápita (un IKA menor o igual a 30 es considerado un “mini sala­rio mínimo” y uno de 60 o más, un “maxi salario mínimo”). Chile está bordeando el mini salario mínimo con un 31.2%, muy por debajo de países como Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Perú, entre otros del continente.

Como clase trabajadora, bien sabemos que el salario mínimo en Chile no alcanza para cubrir nuestras necesidades, muy por el contrario, nos obliga a seguir aumentando las deu­das y en muchos casos a sobreexplotarnos buscando más de un empleo, o nos condena a vivir en la miseria. El debate so­bre el salario mínimo desde una perspectiva clasista, pasa por entender que los intereses del trabajo asalariado y los del capi­tal son diametralmente opuestos, y que las/os trabajadoras/es como clase debemos, desde una lucha reivindicativa exigir un salario vital que cubra de forma dinámica, es decir actualiza-ble de acuerdo a las variaciones del mercado, las necesidades que como trabajadoras/es establezcamos, en términos de ali­mentación, transporte, salud, vivienda, estudios y recreación, entre otros, es decir la suficiencia del salario y no discusiones economicistas que a través de complejos algoritmos buscan confundir a la clase trabajadora y al pueblo.

Las falsas negociaciones entre la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, el gran empresariado (a través de sus carteles monopólicos como la CPC, la CCHC, la SOFO­FA), el gobierno y el parlamento, sólo nos entregan migajas y tan solo aseguran, en parte, nuestra reproducción como proletarias/os, y que al día siguiente podamos nuevamente salir a vender al mercado laboral nuestra fuerza de trabajo. Nada pasa por este cuarteto perverso, por el contrario, to­das sus acciones son para resguardar sus privilegios, sólo el poder autónomo de las/os trabajadoras/es, su organización y lucha, son el único camino para conquistar un sueldo vital acorde a nuestras necesidades.

Desde luego, en términos estratégicos, la lucha de la clase trabajadora pasa por socializar los medios de produc­ción y tener bajo el control de las/os trabajadoras/es los centros productivos y la distribución de las mercancías, es­tadio en el cual el debate sobre el salario estará determinado por nuevas condiciones en la lucha de clases. En lo táctico, las tareas son aumentar la tasa de sindicalización, ensanchar la corriente del sindicalismo clasista y combativo, organizar la huelga general e impulsar la lucha por un salario vital que permita mejorar nuestras condiciones de vida.

 

³ Salario mínimo en perspectiva comparada, evidencia actualizada a 2020, Fundación Sol, septiembre, 2020