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Por Guillermo Correa Camiroaga,

Valparaíso 18 junio 2020

Ministro Arancibia procesa a diez ex integrantes de la marina chilena por detención ilegal, secuestro y tortura en cuartel Silva Palma

Acción de denuncia frente al Cuartel Silva Palma de Valparaíso

Organizaciones de derechos humanos de Valparaíso y de la V región han denunciado constantemente la responsabilidad de la Armada de Chile como actor principal en la gestación del golpe de estado de 1973 y su responsabilidad en la detención, asesinato y tortura  en contra de numerosos chilenos y chilenas. Asimismo han manifestado la existencia de un verdadero “pacto de silencio” en esta institución, declarando que “los marinos niegan todo lo sucedido y no entregan ningún antecedente, guardando un silencio que para nosotros significa que existe un pacto no escrito al respecto”

 

Acción de denuncia frente al Museo Naval

Esta constante lucha reclamando justicia y oponiéndose a la impunidad ha logrado pequeños avances gracias a la tenacidad y valentía de quienes han denunciado estos horribles atropellos a la vida y a la dignidad humana, como también al accionar de magistrados como el Ministro Jaime Arancibia en nuestra región, que con entereza, profesionalismo y ecuanimidad han llevado adelante estos procesos.

El martes recién pasado (16 de junio 2020), en el sitio oficial de noticias del Poder Judicial se comunicó lo siguiente:

“El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones de los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, dictó auto de procesamiento en contra de 10 integrantes en retiro de la Armada, por su responsabilidad en los delitos consumados de detención ilegal, secuestro con grave daño y aplicación de tormentos en contra de Alicia Olea Salinas. Ilícitos perpetrados en enero de 1974, en el Cuartel Silva Palma de Playa Ancha.

En la resolución (causa rol 276-2017), el ministro Arancibia sindicó como autores de los delitos a los funcionarios en retiro VALENTÍN EVARISTO RIQUELME VILLALOBOS, RICARDO ALEJANDRO RIESCO CORNEJO, GILDA MERCEDES ULLOA VALLE, HÉCTOR VICENTE SANTIBÁÑEZ OBREQUE, BERTALINO SEGUNDO CASTILLO SOTO, JAIME SEGUNDO LAZO PÉREZ, JUAN DE DIOS REYES BASAUR, ALEJO ESPARZA MARTÍNEZ,  EDUARDO MAURICIO NÚÑEZ CONTRERAS Y SERGIO HEVIA FEBRES.

En la etapa de investigación de la causa, el ministro en visita logró establecer que:  “los hechos se registraron el 23 o 24 de enero de 1974, oportunidad en que la víctima Alicia Olea Salinas fue detenida por personal de la Armada, sin causa ni motivos justificados, permaneciendo detenida en el Cuartel Silva Palma ubicado en Playa Ancha de esta ciudad de Valparaíso, lugar en el cual es interrogada por estos agentes, propinándole golpes de pies y puños, y aplicación de corriente en diversas partes de su cuerpo, además de amenazas consistente en que  dañarían  a su familia. Dentro del maltrato recibido, la mantuvieron con posición forzada y durante todo un día permaneció sentada, a todo sol, en una silla en el patio del referido cuartel, sin alimentos ni agua. Sus interrogatorios eran permanentes. A consecuencia de su detención es sometida a Consejo de Guerra, tras lo cual  resulta condenada a tres años de extrañamiento”.

 

El Ministro Arancibia recibe el testimonio de Alicia Olea en visita al Cuartel Silva Palma – fotografía facilitada por Julio Flores M.

Fotografía facilitada por Juan Flores M.

Ayer miércoles conversé con Alicia Olea Salinas respecto a la resolución adoptada por el Ministro Arancibia, referida a la causa judicial en que ella es la denunciante. Transcribo a continuación la entrevista realizada:

Como luchadora por la defensa de los derechos humanos y en contra la impunidad, qué me puedes comentar en relación con el auto de procesamiento en contra de 10 ex integrantes de la Armada de Chile dictado por el Ministro Jaime Arancibia…

“Cuando nosotras hablamos de justicia y no más impunidad, cuando estas cosas están saliendo a la luz y cuándo te preguntan las nuevas generaciones qué era el Cuartel Silva Palma, qué era la cárcel de mujeres el Buen Pastor, estas resoluciones permiten que vaya quedando un registro histórico oficial, institucional digamos, más allá de los numerosos archivos que poseen las organizaciones de Derechos Humanos. Esto es importante porque están saliendo a la luz situaciones que fueron muy dolorosas y que permiten conocer lo que pasó  en la dictadura.

Retroceder cuarenta años en lo que pasó, pensando además en tantas compañeras y compañeros que no han logrado nada de justicia, esto es muy alentador. Por otra parte esto afectó no solo a quienes caímos presas, sino a toda una comunidad, porque no se nos reprimió solo a nosotros, sino a todo nuestro entorno, en la universidad, en los colegios, a los vecinos. Esta resolución, en mi caso, la tomó como una resolución que representa a muchos compañeros que no han tenido esta posibilidad de obtener algo de justicia.

Yo comencé con esta denuncia por ahí por el año 2017, pero mucho antes estuve asistiendo como testigo de otras situaciones, de otras causas, por ahí por el 2009,  como el caso de la desaparición de Yagtong Juantok, después fui testigo en otra causa de otra compañera que actualmente vive en Francia, y luego presenté mi denuncia ante el Ministro.”

Alicia Olea en una acción de denuncia en plaza Aníbal Pinto de Valparaíso

Y para ti en lo personal, como Alicia Olea Salinas, qué te ha provocado el fallo…

“Se me apretó la guata, pero en el fondo me produce una satisfacción, porque después de todo lo que hemos pasado hay un resultado.”

Es decir que, a pesar de el tiempo que ha trascurrido, que también es otra forma de impunidad, tu valoras positivamente estos pequeños pasos que se han dado en la búsqueda de justicia…

“Exacto, y valoro mucho a mi compañero Carlos y a mi hija  que me acompañaron en todo esto;  al PRAIS, donde la María José siempre me apoyó como sicóloga; todo lo que hemos hecho en nuestro Taller de Memoria Histórica, en donde hemos sacado a la luz a nuestros compañeros Detenidos Desaparecidos, que solo se han mostrado como imágenes en blanco y negro, no se les muestra como el estudiante, la trabajadora o el trabajador, que tenía sueños, que tenían vida. Esa tarea que hemos hecho en el taller es para cambiar la imagen en blanco y negro por una imagen llena de color.”

¿Cómo fue el proceso emotivo, sicológico, al recordar y volver a revivir estas repudiables brutalidades sufridas al hacer esta denuncia?

“Yo lo comenté alguna vez, que cuando salió lo que fue la Comisión Valech y fui a entregar mi testimonio, escribí apenas cinco líneas. Pero ahora, a medida que fui realizando esta denuncia fueron apareciendo muchas cosas, tu vida se va trasformando, porque tu cuerpo también te va diciendo cosas y es muy duro acordarse de tantas cosas, me dolía la guata de acordarme de tantas atrocidades. Fue algo muy fuerte sicológica y emotivamente. Tuve también el apoyo de una terapeuta que me ayudo mucho a superar esto también.”

¿Cómo fue el comportamiento de los represores, cuando tuviste que enfrentarlos en los careos?

Desconocen y niegan todo, ellos nunca hicieron nada, esa es una actitud cobarde. Algunos están un poco disminuidos, pero otros todavía están muy arrogantes. Ellos se protegen, siguen manteniendo el pacto de silencio. Cuando ellos van a declarar a la Fiscalía llegan en autos, con abogados, bien acompañados y protegidos y nosotras vamos solas, el ex preso político, la ex presa política, va sola.”

O sea que acá hay una crítica para los compañeros y compañeras que no hemos sido capaces de acompañarlos en estas circunstancias…

“Claro, eso pasó sobre todo en los primeros careos, pero en el PRAIS, con el Taller de Memoria Histórica, empezamos a acompañar a otros compañeros, y el PRAIS de Valparaíso también se hizo presente. Ahora hay un acompañamiento. Esto se ha ido solucionando en parte”

Respecto del Ministro Arancibia, qué me puedes decir…

“El es una persona muy íntegra, muy humana, se ve que lo que busca es hacer justicia, trabaja mucho porque tiene muchas causas en sus manos. Es una persona honesta y muy buena.”

Y en relación a la Armada de Chile, que me puedes comentar…

“Esta resolución demuestra que eran funcionarios de la Armada quienes fueron condenados. En general los marinos han pasado “piolita”, casi no los han tocado y eso que ellos iniciaron el golpe y tuvieron varios Campos de Concentración, además de buques, como La Esmeralda, y otros recintos de prisión y tortura. Esta resolución, esta condena es a nombre de todos nuestros compañeros y compañeras que lo pasaron muy mal, muchos están muertos y otros desparecidos hasta el día de hoy, este pequeño pedacito de justicia es para todos ellos.”

 

 

 

Alejandro Treuquil tenía 37 años y era werkén de una comunidad de Collipulli (Región de la Araucanía). Un werkén es una autoridad tradicional mapuche que cumple la función de consejero y muchas veces de portavoz de su comunidad. El pasado jueves 4 de mayo Treuquil llevó su automóvil a reparar, pues estaba coordinando para el día siguiente una visita a algunos de los presos mapuche. Después, al caer la tarde, se fue a buscar un caballo que se le había perdido, con la ayuda de tres jóvenes. Ya había oscurecido cuando unos desconocidos lo atacaron a mansalva: una bala le atravesó el cuello. Treuquil murió en el acto. Quedaron heridos los adolescentes que lo acompañaban.

Treuquil era werkén de la comunidad We Newén, que reivindica unas tierras que disputa con la Forestal Arauco. Recientemente Treuquil había concedido una entrevista a la radio Universidad de Chile, el día anterior a su muerte, donde denunciaba el acoso y hostigamiento de carabineros, especialmente durante las últimas semanas. Lo llamaban a distintas horas por teléfono para amenazarlo. Un perdigón disparado por un carabinero lo había dejado inconsciente una semana antes, y dos días después su mujer sufrió un aborto espontáneo producto de unas bombas lacrimógenas que los mismos uniformados lanzaron al interior de su casa.

En la entrevista radial, un día antes de morir, Treuquil relató que lo amenazaban y lo insultaban casi cada vez que pasaba un vehículo policial haciendo patrullaje. “No sé por qué lo hacen”, dijo. El día anterior habían llegado carabineros en un zorrillo y se metieron violentamente en su casa. “Si quieren detenerme, háganlo, pero dejen a mi familia tranquila, dejen de asustar a mis hijos”, les dijo Treuquil, y añadió que si no se iban iría a buscar a sus peñis para defenderse. A lo que respondió un jefe policial: ¡Con tus peñis o sin tus peñis, te vamos a matar igual!,indios culiaos, ¡ya van a caer uno a uno!

Carabineros, institución llena de escándalos de corrupción, con montajes para acusar falsamente a luchadores del pueblo mapuche (Operación Huracán). Parece obstinada desde hace años en una guerra brutal contra los mapuches, se han convertido, en la práctica, en una suerte de brazo armado de las grandes forestales.

En la región de la Araucanía, de hecho, opera una suerte de Estado de Sitio: represión, cárcel y silencio público. La situación no ha cambiado en los últimos 30 años. Sólo con los mapuches los gobiernos chilenos aplican una y otra vez una norma que instauró la dictadura: la Ley Antiterrorista. En la mayoría de los medios de comunicación, hechos como el de Treuquil suelen aparecer acotados a las páginas policiales, cuando no son directamente ignorados. El gobierno de Piñera ha radicalizado este fenómeno, abordando el “problema mapuche” con un sólo expediente: más amenazas y lenguaje bélico, más carros blindados, más represión.

 

Las nuevas medidas implementadas por el gobierno en contextos de cuarentena total obstaculizarán la labor de los medios de comunicación independientes, vulnerando así el derecho a la comunicación, información y libertad de prensa.

 

El día 15 de junio comenzó a funcionar el “Permiso Único Colectivo”, el cual conlleva modificaciones a los protocolos de desplazamiento en contextos de cuarentena total.

Bajo la excusa de la pandemia, esta nueva modificación contempla permisos de funcionamiento solo para medios de comunicación registrados en el SII como empresas, excluyendo en la solicitud de salvoconducto a periodistas independientes y medios de comunicación que no cuenten con iniciación de actividades. Esta medida se convierte en un ataque directo a la prensa que ha cumplido un rol importante cubriendo hechos noticiosos desde el proceso de rebelión popular y rompiendo el cerco comunicacional que imponen los medios burgueses.

Esto se suma al aumento de las vulneraciones al derecho de la libertad de expresión, hostigamiento policial al ejercicio periodístico, despidos a trabajadores de las comunicaciones, ataques y censuras a expresiones artísticas, y restricciones impuestas por las autoridades al acceso de la información pública, prácticas de las que hemos sido testigos entre el estallido social y la crisis de COVID-19.

Frente al fortalecimiento del estado policial, y el aumento de represión, violencia que se vive en el territorio chileno y wallmapu, como Equipo del Diario El Irreverente no retrocederemos y seguiremos ejerciendo el derecho a la comunicación y libertad de prensa, sacando a la luz la verdad de nuestra realidad y la de nuestro pueblo. Tampoco olvidamos a quienes han sido perseguidxs, encarceladxs, asesinadxs y desaparecidxs por realizar esta labor.

Frente a la dictadura sanitaria y al virus del capitalismo, seguiremos en resistencia. ¡No lograrán callarnos!

Por Patricia Ramírez

Latam se declara en quiebra en estados unidos y tambien “pide ayuda” en Chile

En el mes de abril 2020, en una reunión con los accionistas, la compañía pensaba repartir US$57 millones en utilidades, pero semanas después se somete al proceso de la “Ley de bancarrota” estadounidense, tras caer en cesación de pagos con sus acreedores, constituye uno más de los capítulos polémicos en los que se ha visto envuelto el grupo económico Cueto que controla LATAM junto a los dos más poderosos conglomerados de la aviación mundial: Delta Airlines y Qatar Airways.

Uno de los casos más polémicos se remonta a 2016, cuando la Securities and Exchange Commission (SEC) en Estados Unidos aplicó una multa por US$22 millones a la aerolínea, al confirmar los pagos irregulares por US$1,5 millones que el 2006 hizo Ignacio Cueto a un consultor argentino, para que solucionara los problemas con los sindicatos en el país trasandino.

Además, está una investigación vigente en Brasil, donde Henrique Constantino –uno de los dueños de la línea aérea brasileña GOL– admitió que su empresa era parte de un esquema, junto a LATAM y otras aerolíneas, de pago de sobornos a políticos brasileños.

Según el directivo de la compañía Roberto Alvo, señala que de los 38 mil trabajadores con que, contada la compañía para el actual funcionamiento de las operaciones sólo se requerían 5.000, y que harían los mayores esfuerzos por mantener los puestos de trabajo. Sin embargo, los despidos recientes en Chile, Perú, Ecuador y Colombia dicen otra cosa, confirmando las malas practicas y abusos de esta compañía que presiona, hace lobby para que el estado chileno le entregue ayuda y que ya le debe mucho dinero al país, a través de una deuda que tiene con BancoEstado por US$518.032 millones. En todo caso, lo mínimo que debe exigir el estado es que ante eventual auxilio debe ser contra acciones como ha sucedido en otros países como Alemania. Pero, la prioridad debe ser la ayuda y apoyo a la población vulnerable que está pasando hambre y tiene necesidades básicas.

 

13 desalojos programados dirigidos por el intendente regional, Jorge Martínez, y el jefe de defensa, Yerko Marcic, se están realizando en la Región de Valparaíso, en complicidad con gobernaciones y alcaldes.

El fuerte contingente policial y el uso excesivo de la fuerza han sido la constante en los últimos tres desalojos de tomas de terrenos en Playa Ancha (comuna de Valparaíso); Belloto Sur (comuna de Quilpué); y Miraflores (comuna de Viña del Mar). Todos los procedimientos han sido acompañados de FFEE y personal municipal de las alcaldías de las distintas comunas en la primera quincena de  junio.

Los desalojos programados corresponden a tomas de terrenos fiscales realizadas por los pobladores sin techo de la región. Construcciones precarias que se han instalado con la idea de tener una casa propia y un techo donde pasar el invierno y enfrentar la crisis sanitaria del Covid-19. Claramente la decisión política del intendente Martínez, respaldado por el jefe militar de Defensa, sitúa este conflicto en una arremetida calculada y sin escrúpulos, en días previos a que se declarara cuarentena total en la región.

Dejar a gente sin techo en el inicio del invierno, en medio de la crisis del virus respiratorio más letal en 100 años, revela la utilización política de la pandemia para resguardar intereses inmobiliarios y clasistas. Todo esto respaldado por las municipalidades, la fuerza militar, las policías y su represión desmedida contra las/os pobladoras/es que ocupan estos terrenos.

En las circunstancias actuales, los desalojos en terrenos fiscales no debiesen ser prioridad por sobre la salud y vida de los habitantes de la región. Sin embargo, el intendente ha declarado la guerra contra las tomas, criminalizando el ejercicio de este derecho humano básico, justificando su accionar con acusaciones infundadas, como por ejemplo al vincular el  asesinato del empresario Alejandro Correa perpetrado por el sicario colombiano – apodado el Paisa – argumentando que el empresario supuestamente habría sido amenazado de muerte por pobladores de una toma de terreno de su propiedad.

Además, el Intendente refiere que “En varias (tomas) hay fines delictivos para luego vender los terrenos”, acusación que no sólo justifica su accionar, sino que también intenta encubrir el interés inmobiliario y clasista que motiva esta decisión atentatoria contra los derechos humanos y la salud pública.

 

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Violentos desalojos que vulneran el derecho a la vivienda han tenido lugar en el Gran Valparaíso, al rededor de 300 personas, incluyendo a familias con niños, niñas y adultos mayores.