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Por Marcelo Arce Garín

Una reflexión sobre las políticas habitacionales y el sueño utópico de la casa propia nos muestra el artista visual autodidacta Leonardo Portus en la exposición “¿Esta será mi casa cuando me vaya yo?”. Obra expuesta el año 2012 en Sala Gasco.

Parafraseo pop y un guiño sutil al cantante Nino Bravo sirve para abordar el tema de la vivienda social.

Como superación de la pobreza en los años 70, América Latina se planteó el tema de dignificar las moradas populares creando un movimiento moderno y revolucionario, esto plasma Portus en su obra. De manera ficticia nos propone ideas, soluciones y técnicas para llevar a cabo noble odisea y para eso crea  y nombra poblaciones imaginarias como: Angela Davis, Violeta Parra, Rosa Luxemburgo, Juscelino Kubitscheck y Patrick Lumumba.

Entre maquetas y reflexiones Leonardo nos plantea la dignificación de tan codiciado espacio y mucha luz al reencuentro con los vecinos.

La arquitectura como reflejo y símbolo de la sociedad es la que alumbra el artista en su propuesta, un bosquejo noble a la línea estructural latinoamericana, dignidad para el hombre nuevo, una política ausente desde la dictadura y su planteamiento reduccionista avalado por el entonces ministro de la vivienda Miguel Ángel Poduje y perpetuado hasta hoy.

Preguntamos a Portus en este contigente escenario y a sabiendas de la importancia del arte como reflexión en la sociedad su posición al respecto.

Hace pocos días Joaquin Lavín, rostro emblemático de la derecha nacional propuso crear viviendas sociales en un territorio naturalizado por un sector acomodado de la población. ¿Como visualizas las políticas públicas en vivienda social con esta lucha de clases que ha surgido desde este punto?.

 La vivienda social en nuestro país es un lugar ambiguo por su amplio y difuso deseo de cumplir el sueño de la casa propia, como también estigmatizado por ser sitio vacuo y peligroso de segregación. En esta grieta se instala por lo tanto la propuesta populista y mañosa de Lavin, ya que se aprovecha de nuestra falta de memoria, ya que fue el mismo a fines de la década de los 90’s demolió parte de las viviendas sociales de la Villa San Luis de Las Condes construidas por el Gobierno de la UP.

Aquí se ve la figura de la vivienda social como una especie de casa básica dibujada casi infantilmente por un Estado que va desapareciendo y replegándose en su rol urbanista desde la Dictadura a la fecha y que hoy reaparece como comodín bajo la manga de esa misma Derecha golpista que busca reciclar su imagen en vistas a las próximas elecciones, ya que siempre la vivienda es una causa atractiva aquí reciclada hábilmente por la farandulización de la Historia, la de ver luchar a David contra Goliat, los descamisados que quieren un trozo de suelo frente a los privilegiados que pitucamente miran con el ceño fruncido a estos otros que cuelgan la ropa en el balcón.

Así vemos como las diferencias sociales son amplios muros con códigos simbólicos filosos que penden en su cima como si de alambre de púas se tratase, ya que Rotonda Atenas está en todas partes. Ya este lugar no es nada casual, un rápido recorrido por Av. Colón al oriente nos muestra una gran villa construida en los 70’s por la estatal y desaparecida EMPART para sectores medios, casas de un piso muy similares a las CORVI construidas por todo Chile en ladrillo princesa. Los vecinos en su mayoría  progresivamente han “enchulado” sus casas para así borrar su faz original y así mimetizarla con lo que se espera sea una casa del barrio alto y que no vayan a confundirla con otra de Puente Alto.

“La casa que construiremos mañana ya esta en el pasado y no existe”.

JL Martinez

 

 

 

 

 

Documental – Leonardo Portus “¿Esta será mi casa cuando me vaya yo?

Por Federación de Trabajadores y trabajadoras del Área Social

FENTTAS

El SENAME con la puesta en vigencia de las actuales Orientaciones Técnicas de los programas MCA permite a las OCAS actuar de manera que se cometan diversas trasgresiones, tanto de derechos de los adolescentes imputados como de los trabajadores que se desempeñan en estas empresas colaboradoras del SENAME.

A partir de esta constatación es que se hace necesario revisar aquellos aspectos de las OT que permiten que se genere tal situación, primero en relación a su fundamentación y, luego respecto de la propuesta normativa que los contradice.

I.- Las Orientaciones técnicas y los principios fundantes de los Programas de Medidas Cautelares Ambulatorias (MCA)

La Resolución exenta Nº 2311, tramitada con fecha 13 de septiembre de 2017, establece Las Orientaciones Técnicas (OT) de los Programas MCA. Tal documento, define un conjunto de principios que están a la base de su formulación. En este sentido, las OT declaran que se redactan en el contexto de:

  1. Abandono del paradigma tutelar y Principio de presunción de inocencia

El SENAME a partir de la elaboración de las OT de los programas MCA declara que este hecho marca

”…el abandono del paradigma  tutelar del tratamiento de “menores”  en conflicto con la ley penal, para asumir los mandatos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, en especial aquellos emanados del artículo 40 de dicha normativa internacional y las garantías constitucionales dentro de un sistema penal  que tiene como componente esencial la presunción de inocencia. (…)

En este contexto el presente documento tiene por objeto, definir estándares básicos esperados para la ejecución de Medidas Cautelares Ambulatorias, en el marco del desarrollo de una oferta especializada dirigida a jóvenes imputados de infringir la ley penal, garantizando el pleno ejercicio de sus derechos, garantías, y facilitando el cumplimiento de las acciones asociadas al proceso penal. ” (pg. 7)

Luego las OT reafirman que respecto de los adolescentes ingresados a los programas MCA se respetará el principio de presunción de inocencia contenido tanto en la CDN como en las Reglas de Beijing:

“De acuerdo a lo señalado en el artículo 40 de la CDN en el numeral 2, se presumirá la inocencia del/la joven mientras no se pruebe su culpabilidad de acuerdo a la ley, (…)

Por otro lado, se deben considerar las definiciones emanadas de las Reglas mínimas  de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing) (…) (pg. 8)

que en la Regla Nº 7 respecto de los  Derechos de los Menores, establece que

“7.1 En todas las etapas del proceso se respetarán garantías procesales básicas tales como la presunción de inocencia, el derecho a ser notificado de las acusaciones, …”

  1. Los programas MCA una oferta especializada

De esta manera, las OT del SENAME dan forma a los Programas de Medidas Cautelares Ambulatorias (MCA), que se crean fundándose como una oferta especializada basada en el principio de la presunción de inocencia de los adolescentes derivados por los tribunales y que son objeto de investigación por imputárseles la comisión de algún delito.

Para ello las OT técnicas, invocan que

El interés superior de los/as adolescentes se expresa en el reconocimiento y respeto de sus derechos, debe ser considerado en todas las actuaciones administrativas relativas a procedimientos, sanciones y medidas aplicables a los/as  jóvenes infractores de ley, transformándose en pilares fundamentales de la gestión e intervención del SENAME, y en consecuencia de todo colaborador acreditado, …” (pg. 9)

Las OT, elaboradas por el SENAME, reconocen que es la misma Ley 20.084 la que impone la necesidad de la oferta especializada de estos programas, a lo largo del país, bien que cabe considerar que esta ley no hace ninguna mención específica de las medidas cautelares (que están contenidas en el artículo 155, en la letra b) del Código procesal penal), se entiende que de todas formas establece un marco referencial:

“Señalar de la misma forma que el artículo 42 de la Ley 20.084 dispone que el Servicio Nacional de Menores debe asegurar la existencia en las distintas regiones del país de los programas necesarios para la ejecución y control de las medidas  a que se refiere dicha ley.” (pg. 10)

Enfatizando el carácter  específico de este tipo de programas, agrega más adelante:

“A partir de lo señalado es que la presente línea programática se crea a fin de responder al requerimiento de una oferta especializada para cumplir con las medidas cautelares personales decretadas durante el proceso de investigación que involucre a un joven y/o adolescente formalizado por Ley Nº 20.084.”(pg. 11)

Reafirmando los principios fundantes de los programas MCA, el de presunción de inocencia, el de establecer una oferta especializada y el respeto al debido proceso las OT señalan:

“En lo particular, lo que dice relación a la presente línea programática se deberá velar por la aplicación de la Medida Cautelar Ambulatoria letra b) del artículo indicado (se refiera al artículo 155 del CPP)… En el marco de la especialización que esta oferta debe evidenciar, se relevan las siguientes condiciones que orientan y delimitan la acción de este programa.

La presunción de inocencia es un principio que debe estar presente durante toda la ejecución de la medida. Es una garantía del debido proceso al que todo ciudadano tiene derecho y se utiliza en tanto la medida se ejecuta y donde aún no se ha establecido responsabilidad penal del adolescente frente al delito que se le imputa. (…)(pg. 11)

Finalmente, las OT establecen que el respeto por tales derechos, garantizados  tanto en leyes de carácter nacional como por las convenciones internacionales, obliga a las OCAS a tenerlos como criterios que definen sus líneas de acción:

“… todo colaborador acreditado, el cual deberá adoptar todas las medidas de resguardo y protección necesarias para la cautela de garantías de conformidad a lo establecido en leyes y tratados internacionales que nos rigen como Estado,(…)

Los/as adolescentes tienen derecho a ser informados/as acerca de los procedimientos y personas responsables para realizar una petición, solicitar la revisión de la medida y/o denunciar la amenaza o vulneración de derechos ante las instancias competentes.” (pg. 12)

2.- Los Programas de sanciones de Libertad Asistida (simple o especial) ejecutadas en el medio libre  y los Programas de Medidas Cautelares Ambulatorias (MCA)

  1. Necesidad de diferenciar los Programas de sanciones de Libertad Asistida y los programas MCA

Por lo ya expuesto se puede deducir que los programas MCA se fundan en un principio que garantiza un derecho fundamental a los imputados por algún delito y sujetos a proceso de investigación, no sólo a los/as adolescentes sino que a todo ciudadano: el derecho a que sean tratados con arreglo al principio de la presunción de inocencia. Por otro lado, en virtud, precisamente de este principio rector, el SENAME elabora las OT de los MCA, para contar con una oferta especializada en este ámbito que garantice el debido proceso.

Al contrario, los programas de sanciones, de Libertad Asistida,  en cualquiera de sus dos modalidades, son una propuesta que rige para los/as adolescentes que ya han sido sancionados. Situación que supone que el principio de presunción de inocencia ya no tiene sentido, ya sea porque el o la adolescente admite su responsabilidad en los hechos que se le imputan, en un procedimiento abreviado o simplificado o porque el o los jueces, en un juicio oral, han valorado que las pruebas rendidas no dejan lugar a dudas respecto de la culpabilidad del o la adolescente, procediendo a dictar sentencia sancionatoria de Libertad Asistida Simple o Especial, entre otras posibles sanciones.

Tal diferencia no resulta insignificante, toda vez que los principios fundantes en ambos programas son absoluta y radicalmente distintos, es más son opuestos.

  1. Necesidad de diferenciar Planes de Intervención Individual (PII) en los Programas de sanciones de Libertad Asistida y Planes de trabajo (PT) en los programas MCA

Los PII corresponden a los que deben ser elaborados por los profesionales que se desempeñan en los programas de sanciones en el medio libre (Libertad Asistida Simple o Libertad Asistida Especial). Estos deben ser presentados en tribunales siendo allí donde se sancionan: aprobándolos y/o estableciendo las sugerencias que se estimen necesarias. En adelante, el PII hace parte de la sentencia. La ley establece que debe ser el o la profesional encargado/a de acompañar al o la adolescente quien lo presente en el tribunal en la audiencia que se programe a este efecto, y su cumplimiento es una exigencia para el adolescente, que en caso de no responder positivamente a los acuerdos aprobados en el tribunal puede ser sancionado por el quebrantamiento de la sentencia.

Los PT corresponden a los planes que en conjunto con el o la adolescente, elabora el o la profesional asignado/a por la Institución colaboradora en el respectivo MCA. Estos no deben ser presentados en el tribunal y, tal cual lo establecen las OT, no pueden ser una referencia para dar cuenta del cumplimiento o incumplimiento de la medida cautelar.

Por esta razón las OT afirman que

“A diferencia de instrumentos como el Plan de Intervención Individual que tiene lugar en programas de Libertad Asistida, el Plan de Trabajo es una herramienta de exclusivo uso de equipos de programas (debiera especificar que se trata de programas MCA) y no se requerirá de su remisión al tribunal para su aprobación.” (pg.18)

Posteriormente señala, reforzando la idea de exclusividad de los PT como herramientas del equipo del programa MCA, sin que ello esté sujeto a la aprobación del tribunal, a diferencia de los PII en los programas de Libertad Asistida,

“Los equipos (MCA agregamos nosotros) podrán definir otros criterios en función de las características de su sujeto de atención y de sus enfoques de trabajo, siempre delimitando su práctica por los principios que regulan la medida cautelar y enfocado siempre en su cumplimiento.”(pg. 19)

Agregando una especificación respecto de los informes que deben remitirse al tribunal por parte de los programas MCA, se reafirma la idea respecto del papel accesorio que desempeña el PT, a diferencia del PII:

“Cabe señalar que, siendo fieles al principio de confidencialidad y de presunción de inocencia, la información contenida en estos documentos se restringirá a dar cuenta de la respuesta del adolescentes frente a los acuerdos establecidos (…), en el grado en que ello es funcional al deber de asegurar su presencia como imputado de un delito. (en proceso de investigación, a las diversas audiencias a las que deba comparecer, agregamos nosotros)” (pg.22)

3.- Las OT y la inexplicable trasgresión de derechos

En el contexto de lo ya expuesto, resulta incomprensible que las mismas OT, que aseguran ser un marco referencial que cautela la garantía de derechos fundamentales en los procesos investigativos y estipulan el respeto a las condiciones del debido proceso, incurran en la dictación de una normativa que opera, esencialmente, en un sentido contrario al respeto y garantía de dichos derechos, consignados por lo demás, en diversos convenios de carácter internacional aprobados por el Estado de Chile.

No otra cosa puede desprenderse de lo estipulado en el acápite IX. Simultaneidad de las medidas cautelares con otras medidas o sanciones.

“Existen criterios jurídicos que permiten analizar estos casos y que son aplicables a procesos donde por ejemplo, la sanción o medida menos gravosa es absorbida por la más gravosa y en casos en que coexisten medidas o sanciones de distinta naturaleza donde es imposible tácticamente el cumplimiento de la medida cautelar en el medio libre” (pg. 25)

Una primera observación que puede hacerse a la redacción de este acápite es la que dice relación con la confusión que se establece, al no hacer ninguna distinción, entre lo que es la medida cautelar ambulatoria, de la letra b) del artículo 155 del Código Procesal Penal, aplicada en el proceso investigativo (que presupone inocente al o la adolescente imputado/a) y la sanción que recae sobre un/a adolescente, que supone justamente lo contrario.

Las OT declaran que resulta compatible la ejecución de una sanción de Libertad Asistida Simple o Especial, con el control de una Medida Cautelar Ambulatoria. Desde nuestro punto de vista, esto efectivamente es así. Sin embargo, el que sea posible tal compatibilidad en la ejecución de la sanción y el control de la medida cautelar no puede ser asimilado al hecho que sea indiferente el programa y el o la profesional que realice tanto la ejecución de la sanción como el control de la medida cautelar.

“d) Medida Cautelar Ambulatoria (MCA) y sanción de Libertad Asistida o Libertad Asistida Especial. Se entiende que la existencia de una sanción que ejecuta acciones de supervisión directa y permanente con el adolescente, pudiera salvaguardar los fines del procedimiento penal al asegurar a la figura del imputado para que se presente en las actuaciones del proceso. Por lo tanto, producido el ingreso del adolescente al programa de sanción, el programa que ejecuta la medida cautelar debe informar al tribunal competente sobre la imposibilidad de dar continuidad a la medida de control. Recibida la orden de egreso por parte del tribunal se egresará al adolescente de la MCA.” (pg. 25)

  1. Trasgresión del principio de presunción de inocencia de los/as adolescentes imputados/as, de la especialidad de la oferta programática de los MCA y al debido proceso

Es decir en estas condiciones resulta un insignificante detalle que el o la adolescente imputado/a, sobre el que es imprescindible presuponer su inocencia y por tanto garantizar este derecho en un programa especializado y fundado en este principio, sea controlado/a por la medida cautelar que le afecta, en un programa y por un profesional que simultáneamente ejecuta una sentencia sancionatoria decretada y resuelta por algún tribunal, y que es por definición un programa para ejecutar sanciones, es decir supervisar procesos para adolescentes con sentencias condenatorias. Insistimos majaderamente en este aspecto, pues constituye una flagrante trasgresión a los principios que las OT se esmeran por demostrar que se respetan y en función de los cuales se crea la oferta especializada de los programas MCA.

Pero, esta normativa, implica además la trasgresión de un derecho fundamental al debido proceso, particularmente en lo referido al proceso investigativo mientras se mantenga vigente la medida cautelar, ya que favorecería por razones no explicadas que un/a adolescente cuando es juzgado/a o investigado/a por un delito específico, fuera ingresado a un programa especializado en la supervisión de sanciones. En tal sentido el SENAME, trata al adolescente según el viejo paradigma tutelar, ya que define el ingreso del adolescente, a un programa de sanciones, por su historia que podría eventualmente incluir otros delitos por los que ha sido juzgado y sancionado  y no en virtud del  delito por el que es imputado e investigado. Esta postura supone, justamente que no existe el declarado

 “… abandono del paradigma  tutelar del tratamiento de “menores”  en conflicto con la ley penal, para asumir los mandatos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente,…”

Pero además, resulta del todo inaceptable, que en este caso se afirme que se deba informar al tribunal que

…, producido el ingreso del adolescente al programa de sanción, el programa que ejecuta la medida cautelar debe informar al tribunal competente sobre la imposibilidad de dar continuidad a la medida de control.

por parte del programa de MCA, en tanto el adolescente cuenta con otras causas en que ha sido condenado con algunas de las sanciones de Libertad Asistida. Además de ser contradictorio con la compatibilidad declarada por el SENAME en orden a que se puede ejecutar junto a la sanción la medida cautelar, esta información que se exige entreguen los delegados en los informes al tribunal, sería, desde todo punto de vista falsa, toda vez que ambas sanciones se ejecutan en el medio libre, lo mismo que la cautelar ambulatoria, no habiendo impedimento para que la cumpla simultáneamente. Por lo demás, de resultar, cierta tal imposibilidad, ¿por qué no lo es cuando se trata de la sanción de Servicio en beneficio de la comunidad, o más aún, con la de salidas alternativas, donde por lo demás también debe presuponerse la inocencia del o la adolescente, pues el proceso investigativo ha sido suspendido sin llegar a la fase de sentencia condenatoria?.

Un último aspecto que debe enfatizarse, dice relación con el grado de especialización que diferencia a los programas MCA de los de Libertad Asistida. Ello tiene que ver con la especialización de los/as profesionales que en estos programan trabajan.

Para quienes se desempeñan laboralmente en los programas de sanciones, resulta suficiente el conocimiento respecto de la Ley 20.084, pues todo lo que dice relación con la sanción y ejecución de la misma  está contenido en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

En cambio, y en tanto el proceso investigativo y la misma medida cautelar que se aplica, están contenidas en el articulado del Código Procesal Penal, encontrándose insertas también en este cuerpo las posibles salidas alternativas antes que el procedimiento culmine en una eventual condena sancionatoria (Suspensión Condicional del Procedimiento, acuerdos reparatorios, decisión de no perseverar por parte del Ministerio Público, aplicación del principio de oportunidad). Por tales motivos, el grado de especialización de quienes se desempeñan en los programas MCA debe necesariamente considerar un grado de conocimiento respecto de los pasos que involucra el procedimiento investigativo y las posibles alternativas que permitan orientar al adolescente en el sentido de recurrir a todos los recursos que minimicen la posibilidad de concluir en una condena sancionatoria. En definitiva para apoyar con toda la orientación que requiera el derecho a contar con un debido proceso.

  1. Trasgresión de derechos laborales a los/as trabajadores/as

Además de la trasgresión de los derechos a los/as adolescentes, esta normativa abre el camino para que las empresas colaboradoras, teniendo como excusa que la normativa SENAME “obliga”, pueden aprovechar la oportunidad, como algunas OCAS ya lo han empezado a hacer, de:

  • Sobrecarga de trabajo, generada a partir del hecho que a delegados/as de programas de sanción les traspasen casos de aquellos/as adolescentes que son afectados por una medida cautelar ambulatoria en una causa distinta. Tal sobrecarga de trabajo, junto con obligar al o la trabajador/a a asumir un trabajo no contemplado, les obliga a incurrir en la trasgresión a los principios y derechos que debiera consignar la medida cautelar ambulatoria, incluyendo la obligación de entregar información falsa al tribunal cuando se impone el deber de informar respecto de la “imposibilidad” de ejecutar la medida cautelar cuando al mismo tiempo el adolescente ha sido sancionado a Libertad Asistida en otras causas distintas. Tema sobre el que ya se ha abundado en argumentos.
  • Una segunda consecuencia que se deriva de tal normativa es la que se relaciona con la mala utilización de dineros en vistas a ahorrar recursos financieros. Toda vez que la sobrecarga de trabajo no implica que el empleador pague un bono por el aumento en la intensidad del trabajo, aun cuando reciban los recursos estipulados en el ley de subvenciones por el pago del control, de una medida cautelar, como un trabajo distinto al de la subvención por supervisar la ejecución de una sanción del medio libre. Pues la práctica en que puede incurrirse es la de no operar el egreso del adolescente del programa MCA, por lo que se seguiría percibiendo la subvención estipulada en los MCA junto a la subvención estipulada por los programas de sanciones.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de Prensa Lunes 01 de octubre a las 10.00 horas en la Corte Suprema en Santiago

Juan Carlos Tralcal, hijo de condenado caso Luchsinger Mackay convocó hoy a un punto de prensa por filtración de información en la edición impresa de El Mercurio (domingo 30/09/2018) sobre el dictamen del recurso de Nulidad del juicio caso Luchsinger Mackay presentado ante la Corte Suprema, cuya fecha de resolución está fijada para el próximo 10 de octubre.

A continuación su declaración:

 

1 de octubre, 2018

Una situación sumamente violenta sufrieron familiares de presos políticos mapuche hoy a medio día cuando las autoridades de la cárcel de Angol sin dar más explicaciones decidieron poner fin de forma adelantada al horario de visita a los presos políticos mapuche que se encuentran en la cárcel de Angol.  Esto generó los lógicos reclamos de los presos, frente a lo cual el alcaide pidió actuar al equipo de motines, quienes lanzaron lagrimógenas, bombas de ruido, gas pimienta y reprimieron violentamente a las mujeres y niños (algunos de 2, 4 y 8 años) que visitaban a los presos.

A continuación el informe detallado de la abogada Daniela Sierra quien se encontraba en el lugar junto al INDH:

Reporte visita a la cárcel de Angol realizada el día lunes 01 de octubre.

LOS HECHOS AL INTERIOR DE LA CÁRCEL.

El día lunes 01 de octubre el INDH y la abogada Daniela Sierra se entrevistaron con los presos políticos mapuche de la cárcel de Angol, para tomar conocimiento de los hechos que ocurrieron al interior de la cárcel de Angol el día 29 de septiembre recién pasado, y conocer en detalle el estado de salud de los PPM.

 

Señalar en primer lugar, que desde las 09 de la mañana hasta la intervención violenta y desmedida de gendarmería, los presos se encontraban en completa tranquilidad en el gimnasio de la cárcel a la espera del ingreso de las visitas. Junto a los presos ya se encontraban dos esposas de los internos, y tres hijas menores de edad de uno de ellos, de 2, 4 y 8 años de edad.

Tranquilidad que se vio abruptamente interrumpida aproximadamente a las 13:00 horas, cuando la autoridad de la cárcel, señor Molinet y el alcaide Olivares, sin explicación alguna, señalan se acaba la visita. Es importante informar que las visitas regulares a la cárcel terminan a las 16:00 horas. Por ese motivo, los presos cuestionan esa decisión, y piden alguna explicación de por qué deben retirarse las visitas, y por qué serían ellos ingresados a los módulos con horas de anticipación. El alcaide de la cárcel, Fernando Olivares, sin dar explicación alguna, y manteniéndose en el gimnasio las dos mujeres y las tres niñas antes mencionadas, ordena que el contingente de antimotines actúe. Lo que significó bombas de ruido, lacrimógenas y gas pimienta. Reiteramos, todo ello, estando en ese recinto cerrado, dos mujeres y tres menores de edad. Las que sólo pudieron arrancar de ahí con la ayuda del padre de las menores, Sergio Levinao preso político mapuche, el que las intenta proteger, separándolas del grupo del resto de los presos.

Las mujeres y las niñas estaban asfixiadas por los gases, no podían ver bien, los oídos afectados por la bomba de ruido, asustadas, intentando escapar de la acción desmedida de las fuerzas antimotines. Sergio Levinao logra alejarlas un poco de los gases, cuando es detenido por los antimotines, esposado y encerrado en la jaula de castigo. Pierde contacto con su familia.

Paralelo a eso, el resto de los presos fueron fuertemente golpeados por medio de palos y culatazos, mojado con manguera de incendios del penal, lanzado gas pimienta en la  cara, y lacrimógenas, patadas en el cuerpo, combos en el rostro. Cual más cual menos, todos fueron golpeados brutalmente, mientras fueron insultados, “indios de mierda”, “no son tan  choros. Fueron sacados del gimnasio, y más palos, y más combos, y más culatazos. Una vez  afuera, esposados todos fueron obligados a ponerse de rodillas, y les siguieron dando golpes. Hasta dejarlos a todos encerrados durante horas en la jaula de castigo hasta las 18:00 cuando fueron llevados a constatar lesiones una vez que llegó al recinto el INDH.

 

EL ESTADO DE LOS PRESOS

 

Pese a todo el maltrato recibido de parte de gendarmería, a los presos se les ve con la moral en alto. Con mucha fuerza, convicción y unidad entre ellos. Y atentos a las medidas que pueda seguir adoptando gendarmería. Quien persiste en atacar los derechos de los presos. Entorpeciendo el

actuar de los abogados defensores, dificultando el trabajo del INDH, con lo que queda evidenciado que estos hechos tienen un carácter político.

  1. JUAN PEDRO QUEIPUL Presenta dolor en el hombro derecho, un dedo de la mano derecha lesionado. Múltiples golpes en el cuerpo
  2. SERGIO LEVINAO Tiene golpes en su cuerpo. Y directamente afectada su familia, ya que sus tres hijas y su mujer se encontraban al interior del recinto.
  3. PEDRO PATRICIO MARIN Aumento de volumen y equimosis frontal izquierdo. Hematoma frontal izquierdo. Contuso en el brazo derecho.
  4. HÉCTOR MELINAO Tiene lesiones en el costado izquierdo de las costillas, en el brazo izquierdo y cabeza porque le pisaron la cabeza. Le bajaron los pantalones, lo desnudan y meten el dedo en el ano. Se observa herida cortante superficial en ceja izquierda.
  5. GABRIEL AUGUSTO VALENZUELA MONTOYA: Dos heridas cortantes profundas en cuero Policontuso. Dolores en la pierna izquierda por patadas.
  6. JORGE MILLACHEO Herida de pie izquierdo provocada por perdigón. Hematoma ciliar izquierdo.
  7. RODY MANOLO MARILLAN QUEIPUL Herida cortante profunda en cuero cabelludo, tiene 6 puntos en la parte de atrás de la cabeza y en el centro de la frente tiene un huevo y siente dolor en el centro de la cabeza, dolor en pierna derecha y rodillas, en parte media de la espalda tiene Policontuso. Afectada su mujer, quien se encontraba al interior del penal.
  8. VICTOR LLANQUILEO PILQUIMAN: Herida punzante en codo izquierdo, sutura dos Múltiples contusiones en el cuerpo.
  9. SINECIO IGOR HUENCHULLAN Herida por perdigón en cara anterior pierna izquierda y glúteo izquierdo.

 

 

Por estos hechos ya se han presentado dos recursos de amparo, el juez de garantía se constituyó el día domingo en el recinto y entrevistó a cada uno de los afectados. Se realizarán todas las acciones legales pertinentes que denuncien la afectación de los derechos y garantías fundamentales que fueron vulneradas por Gendarmería de Chile.

El llamado es a seguir atentos al desarrollo de los hechos. Y apoyar todas aquellas acciones que contribuyan a mantener los derechos que como presos políticos mapuches ya han conquistado.

Los presos tendrán visita regular este miércoles.

 

DANIELA SIERRA. ABOGADA.

Patricio Reyes Puelma

29-09-2018

Después de prácticamente un mes y medio de sufrir la contaminación del aire, la población de estas comunas sigue abandonada por las autoridades del gobierno. Es más,  ni siquiera hay un diagnóstico transparente  de las causas de los problemas de salud que prácticamente suceden a diario con la población, tanto de estudiantes, dueñas de casa, trabajadores y pobladores en general.

En gran medida  existe un desborde   de los servicios de salud de Quintero y Puchuncaví. Sin embargo el gobierno sigue dando palos de ciegos por ineptitud y/o por falta de voluntad para fiscalizar las empresas del cordón industrial de Quintero y Puchuncaví; La propia población que ha sufrido esta contaminación es la que ha  seguido presionando, denunciando y luchando para que se tomen medidas, mientras sus enfermos siguen concurriendo a los servicios hospitalarios día a día.

Los indicios y el sentido común apuntan que la contaminación del aire obedece a que las empresas a Codelco Ventanas, AES Gener, Oxiquim, Copec, Gasmar, Enap Quintero, Enex y GNL Quintero no cumplen las normas del medio ambiente de este sector geográfico llamada zona de “sacrificio”. Y las autoridades correspondientes de los diferentes gobiernos no fiscalizaron el cumplimiento de estas normas.

Es más, el gobierno ha llegado a tanto su desidia como lo señala el diario La Tercera del 27-09-2018, recién ahora implementando “el traspaso de la supervisión directa de toda la red de monitoreo de calidad del aire, que antes se encontraba en manos de las empresas (sic), a manos del MMA, y que se está fortaleciendo la red mediante una auditoría y la compra de equipos que permiten medir de manera específica gases contaminantes que actualmente no se miden en el aire”.

Lamentablemente si revisamos nuestro país región por región muestra una realidad similar. Ya sea en la minería, la industria forestal y celulosa, la pesca y salmonicultura, la energía eléctrica, la fruticultura, o cualquier sector industrial; la destrucción medioambiental y sus efectos sobre la salud y calidad de vida de las personas dejan al descubierto la brutalidad del modelo económico que solo le interesa el lucro.

Afortunadamente, la población de Quintero y Puchuncaví  ha reclamado, protestado y movilizado, contando con cierto grado de simpatía de amplios sectores de la población del país y puntualmente de solidaridad, pero no hay que sentarse a esperar que en diferentes lugares le  llegue la hora de la destrucción del medio ambiente y la afectación de la salud de la población. Se hace necesario levantar independencia política, social, económica y cultural que se construye desde ahora, desde abajo, en mil batallas, por millones de hombres y mujeres conscientes de sus derechos.