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Protesta afuera de la Corte Suprema / Agencia Uno
Protesta afuera de la Corte Suprema / Agencia Uno

10 de octubre, 2018

10 de octubre, 2018

A medio día del miércoles 10 de octubre se conoció la resolución de la Corte Suprema sobre la petición de nulidad del caso Luchsinger Mackay. Se eliminó el carácter terrorista, pero se mantuvo la condena a 18 años para José Tracal Coche y Luis Tralcal Quidel y también se mantuvo la pena de 5 años de presidio, con beneficio de libertad vigilada, para José Peralino Huinca.

Afuera de la Corte Suprema se vivió una tensa espera debido a la gran cantidad de policía de fuerzas especiales que reprimieron a quienes manifestaban su apoyo a los comuneros acusados.

Cabe recordar que este caso ha estado marcado por las denuncias de irregularidades en su proceso, acoso a los jueces, denuncias de torturas y filtración de los fallos. El sábado 13 de octubre se liberará la notificación hecha al Estado de Chile por la Organización de Naciones Unidas (ONU)respecto de la imparcialidad denunciada por la jueza Ximena Saldivia, en el marco del segundo juicio oral del caso.

Juan Trancal realizó la siguiente declaración afuera de la Corte Suprema tras conocerse la condena:

“Agradecer la presencia de cada uno de ustedes no sólo en esta causa, sino también en todas las causas.
Agradecer a las personas que tuvieron que pasar a la comisaría por actos de protesta llevados a cabo para tratar de exigir la nulidad acá en la Corte Suprema, agradecer no solamente al pueblo mapuche sino también al pueblo chileno.
Sin embargo, la noticia que les traigo no es buena, la sala penal de la Corte Suprema con la vocería de Jorge Dahm informa que los peñi José Trancal y Luis Trancal son condenados a 18 años. Sin embargo, se cambia la tipificación del delito terrorista a incendio con resultado de muerte en la ley común.
Sabemos sin embargo que ellos son inocentes, Jose Trancal, Luis Trancal y José peralillo son todos inocentes la policía y la fiscalía creó finalmente una estructura donde había una supuesta acusación.
Esperábamos que la Corte Suprema no avalara esta tortura donde Anmistía, donde la ONU incluso habla acerca de las irregularidades (del caso). Sin embargo, la voz del señor Dahm que es parte de la misma sala penal que dejó libre a asesinos de lesa humanidad en dictadura, hoy día condena a inocentes, gente del pueblo mapuche que solamente tenía la idea de dignidad y de revindicar territorio.
Condenaron una ideología y no condenaron a los asesinos del matrimonio Luchsinger Mackay. Condenaron a una parte del pueblo mapuche, pero ellos van a seguir fuertes, en la cárcel o afuera la lucha continúa por la autonomía, por la autodeterminación y por la dignidad que el pueblo mapuche se merece desde siempre. Desde que ha estado aquí en este país, desde que ha estado en el Wallmapu y no solamente acá en el Puel Mapu se seguirá luchando y le daremos vuelta al extractivismo y al neoliberalismo, protegeremos la ñuke mapu porque ella siempre va a vivir mientras estemos vivos. Aunque estemos en la cárcel el pueblo mapuche resistirá y José Trancal y Luis Trancal asumirán con dignidad hasta llegar a la Corte Interamericana por la libertad de los peñis ¡Siempre! ¡hoy día y siempre!”

AHORA
Cerca de 200 comuneras y comuneros Mapuche se manifiestan en la Corte Suprema exigiendo nulidad del juicio en el llamado  Caso Luchsinger-Mackay, donde los hermanos Tralcal junto a José Peralino arriesgan cadena perpetua. Esta manifestacion esta fuertemente rodeada por FFEE.
Al medio dia se dara lectura a la sentencia.

Seguiremos informando…

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1 de octubre, cárcel de Angol.

 

Los prisioneros políticos Mapuche de la Cárcel de Angol, venimos comunicar lo siguiente, a las comunidades Mapuche en resistencia, a los distintos grupos de apoyo, a nuestros familiares, amigos  y la sociedad en general.

 

1.- Como prisioneros políticos Mapuche, venimos a dejar de manifiesto de forma clara, que el día sábado 29 de septiembre, teníamos acordado realizar una visita masiva en conjunto a las comunidades Mapuche en resistencia de Malleco y otros lof de distintos lugares del wall-mapu. Cuya actividad tenía por finalidad realizar un “Llellipun”, ceremonia de carácter espiritual y propia de nuestra cultura. Visita que contaba con autorización de Gendarmería, específicamente el alcaide del CDP de Angol, Fernando Olivare, en una reunión sostenida con Lonko y los Werkenes de las distintos lof de Malleco, quedando programada la fecha y la forma en que se desarrollaría esta visita, reunión realizada con más un mes de anticipación. Por lo que rechazamos terminantemente la determinación que gendarmería tomo de no permitir el desarrollo normal la actividad, tal como lo hemos desarrollado en otras ocasiones con nuestra gente, en esta cárcel.

 

2.- Por otra parte y mientras se esperaba el ingreso de la totalidad de las personas que participarían de la visita masiva y la ceremonia, ingresaron las esposas e hijo/a de algunos prisioneros políticos. Posteriormente y siendo ya las 13:30 de la tarde aproximadamente, el alcaide, comandante Fernando Olivare, sin previa provocación y con insultos racistas y amenazas de muerte contra los presos Mapuche que estaban junto a sus familias. Dio orden de desalojar el gimnasio con violencia y el propio alcaide, haciendo uso de forma inmediata de una escopeta anti-motín que portaba,  inicio los disparos contra las personas, junto a las fuerzas especiales anti-motines. Quienes dispararon con escopetas a quema ropa, lanzando bombas de ruido y gases lacrimógenos.  A demás  de reducir a los peñi, posteriormente los golpearon brutalmente, mientras estaban el suelo.  Todo esto en presencia de sus esposas, hijos e hijas en el lugar.  Por esta acción cobarde, racista y violenta, resultaron dos peñi heridos  con perdigones de escopeta, estos son: Sinecio Huenchullan y Jorge Millacheo y el resto con diferentes golpes y cortes en sus cuerpos y cabezas. De la misma forma denunciar y hacer presente que no solamente gendarmería nos golpeó, sino que también participo un agente de la PDI en la tortura, cuestión que es irregular y deja de manifiesto el abuso contra nuestra gente.

 

3.- Venimos a señalar que esta actitud racista de gendarmería responde a la forma racista del Estado chileno y el gobierno de turno, en enfrentar la situación Mapuche y con los distintos problemas sociales.  Podemos señalar que nuestra moral y capacidad de lucha sigue digna y no abra forma represiva que nos haga retroceder en nuestros derechos políticos. No por el hecho de estar presos, somos vulnerable o lograran atemorizarnos. Después de esta grave situación no descartamos una movilización contra el gobierno y gendarmería quienes políticamente determinaron reprimir nuestra gente y sabotear esta masiva visita. Por otra parte, cabe hacer presente nuestro profundo agradecimiento a los distintos módulos de la cárcel de presos no Mapuche, quienes  en solidaridad con nuestra con nuestra situación se movilizaron  y nos apoyaron espontáneamente, frente a la represión que hacia gendarmería con los peñi, acto de solidaridad que agradecemos y respetamos profundamente.

 

Por último, hacemos un llamado a las comunidades en resistencia y organizaciones sociales , grupos de apoyo , simpatizantes de nuestra causa, a estar atento a las torturas y los tácticas de represión pinochetistas que se están aplicando tanto fuera como dentro de la cárcel y en el wall-mapu.  Como presos políticos Mapuche aun estando herido, no bajaremos la lucha.

 

Amulepe tain weichan com puche

marrichiweo

 

Wall-mapu: Cárcel de Angol 01 de octubre 2018

Por Marcelo Arce Garín

Una reflexión sobre las políticas habitacionales y el sueño utópico de la casa propia nos muestra el artista visual autodidacta Leonardo Portus en la exposición “¿Esta será mi casa cuando me vaya yo?”. Obra expuesta el año 2012 en Sala Gasco.

Parafraseo pop y un guiño sutil al cantante Nino Bravo sirve para abordar el tema de la vivienda social.

Como superación de la pobreza en los años 70, América Latina se planteó el tema de dignificar las moradas populares creando un movimiento moderno y revolucionario, esto plasma Portus en su obra. De manera ficticia nos propone ideas, soluciones y técnicas para llevar a cabo noble odisea y para eso crea  y nombra poblaciones imaginarias como: Angela Davis, Violeta Parra, Rosa Luxemburgo, Juscelino Kubitscheck y Patrick Lumumba.

Entre maquetas y reflexiones Leonardo nos plantea la dignificación de tan codiciado espacio y mucha luz al reencuentro con los vecinos.

La arquitectura como reflejo y símbolo de la sociedad es la que alumbra el artista en su propuesta, un bosquejo noble a la línea estructural latinoamericana, dignidad para el hombre nuevo, una política ausente desde la dictadura y su planteamiento reduccionista avalado por el entonces ministro de la vivienda Miguel Ángel Poduje y perpetuado hasta hoy.

Preguntamos a Portus en este contigente escenario y a sabiendas de la importancia del arte como reflexión en la sociedad su posición al respecto.

Hace pocos días Joaquin Lavín, rostro emblemático de la derecha nacional propuso crear viviendas sociales en un territorio naturalizado por un sector acomodado de la población. ¿Como visualizas las políticas públicas en vivienda social con esta lucha de clases que ha surgido desde este punto?.

 La vivienda social en nuestro país es un lugar ambiguo por su amplio y difuso deseo de cumplir el sueño de la casa propia, como también estigmatizado por ser sitio vacuo y peligroso de segregación. En esta grieta se instala por lo tanto la propuesta populista y mañosa de Lavin, ya que se aprovecha de nuestra falta de memoria, ya que fue el mismo a fines de la década de los 90’s demolió parte de las viviendas sociales de la Villa San Luis de Las Condes construidas por el Gobierno de la UP.

Aquí se ve la figura de la vivienda social como una especie de casa básica dibujada casi infantilmente por un Estado que va desapareciendo y replegándose en su rol urbanista desde la Dictadura a la fecha y que hoy reaparece como comodín bajo la manga de esa misma Derecha golpista que busca reciclar su imagen en vistas a las próximas elecciones, ya que siempre la vivienda es una causa atractiva aquí reciclada hábilmente por la farandulización de la Historia, la de ver luchar a David contra Goliat, los descamisados que quieren un trozo de suelo frente a los privilegiados que pitucamente miran con el ceño fruncido a estos otros que cuelgan la ropa en el balcón.

Así vemos como las diferencias sociales son amplios muros con códigos simbólicos filosos que penden en su cima como si de alambre de púas se tratase, ya que Rotonda Atenas está en todas partes. Ya este lugar no es nada casual, un rápido recorrido por Av. Colón al oriente nos muestra una gran villa construida en los 70’s por la estatal y desaparecida EMPART para sectores medios, casas de un piso muy similares a las CORVI construidas por todo Chile en ladrillo princesa. Los vecinos en su mayoría  progresivamente han “enchulado” sus casas para así borrar su faz original y así mimetizarla con lo que se espera sea una casa del barrio alto y que no vayan a confundirla con otra de Puente Alto.

“La casa que construiremos mañana ya esta en el pasado y no existe”.

JL Martinez

 

 

 

 

 

Documental – Leonardo Portus “¿Esta será mi casa cuando me vaya yo?

Por Federación de Trabajadores y trabajadoras del Área Social

FENTTAS

El SENAME con la puesta en vigencia de las actuales Orientaciones Técnicas de los programas MCA permite a las OCAS actuar de manera que se cometan diversas trasgresiones, tanto de derechos de los adolescentes imputados como de los trabajadores que se desempeñan en estas empresas colaboradoras del SENAME.

A partir de esta constatación es que se hace necesario revisar aquellos aspectos de las OT que permiten que se genere tal situación, primero en relación a su fundamentación y, luego respecto de la propuesta normativa que los contradice.

I.- Las Orientaciones técnicas y los principios fundantes de los Programas de Medidas Cautelares Ambulatorias (MCA)

La Resolución exenta Nº 2311, tramitada con fecha 13 de septiembre de 2017, establece Las Orientaciones Técnicas (OT) de los Programas MCA. Tal documento, define un conjunto de principios que están a la base de su formulación. En este sentido, las OT declaran que se redactan en el contexto de:

  1. Abandono del paradigma tutelar y Principio de presunción de inocencia

El SENAME a partir de la elaboración de las OT de los programas MCA declara que este hecho marca

”…el abandono del paradigma  tutelar del tratamiento de “menores”  en conflicto con la ley penal, para asumir los mandatos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, en especial aquellos emanados del artículo 40 de dicha normativa internacional y las garantías constitucionales dentro de un sistema penal  que tiene como componente esencial la presunción de inocencia. (…)

En este contexto el presente documento tiene por objeto, definir estándares básicos esperados para la ejecución de Medidas Cautelares Ambulatorias, en el marco del desarrollo de una oferta especializada dirigida a jóvenes imputados de infringir la ley penal, garantizando el pleno ejercicio de sus derechos, garantías, y facilitando el cumplimiento de las acciones asociadas al proceso penal. ” (pg. 7)

Luego las OT reafirman que respecto de los adolescentes ingresados a los programas MCA se respetará el principio de presunción de inocencia contenido tanto en la CDN como en las Reglas de Beijing:

“De acuerdo a lo señalado en el artículo 40 de la CDN en el numeral 2, se presumirá la inocencia del/la joven mientras no se pruebe su culpabilidad de acuerdo a la ley, (…)

Por otro lado, se deben considerar las definiciones emanadas de las Reglas mínimas  de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing) (…) (pg. 8)

que en la Regla Nº 7 respecto de los  Derechos de los Menores, establece que

“7.1 En todas las etapas del proceso se respetarán garantías procesales básicas tales como la presunción de inocencia, el derecho a ser notificado de las acusaciones, …”

  1. Los programas MCA una oferta especializada

De esta manera, las OT del SENAME dan forma a los Programas de Medidas Cautelares Ambulatorias (MCA), que se crean fundándose como una oferta especializada basada en el principio de la presunción de inocencia de los adolescentes derivados por los tribunales y que son objeto de investigación por imputárseles la comisión de algún delito.

Para ello las OT técnicas, invocan que

El interés superior de los/as adolescentes se expresa en el reconocimiento y respeto de sus derechos, debe ser considerado en todas las actuaciones administrativas relativas a procedimientos, sanciones y medidas aplicables a los/as  jóvenes infractores de ley, transformándose en pilares fundamentales de la gestión e intervención del SENAME, y en consecuencia de todo colaborador acreditado, …” (pg. 9)

Las OT, elaboradas por el SENAME, reconocen que es la misma Ley 20.084 la que impone la necesidad de la oferta especializada de estos programas, a lo largo del país, bien que cabe considerar que esta ley no hace ninguna mención específica de las medidas cautelares (que están contenidas en el artículo 155, en la letra b) del Código procesal penal), se entiende que de todas formas establece un marco referencial:

“Señalar de la misma forma que el artículo 42 de la Ley 20.084 dispone que el Servicio Nacional de Menores debe asegurar la existencia en las distintas regiones del país de los programas necesarios para la ejecución y control de las medidas  a que se refiere dicha ley.” (pg. 10)

Enfatizando el carácter  específico de este tipo de programas, agrega más adelante:

“A partir de lo señalado es que la presente línea programática se crea a fin de responder al requerimiento de una oferta especializada para cumplir con las medidas cautelares personales decretadas durante el proceso de investigación que involucre a un joven y/o adolescente formalizado por Ley Nº 20.084.”(pg. 11)

Reafirmando los principios fundantes de los programas MCA, el de presunción de inocencia, el de establecer una oferta especializada y el respeto al debido proceso las OT señalan:

“En lo particular, lo que dice relación a la presente línea programática se deberá velar por la aplicación de la Medida Cautelar Ambulatoria letra b) del artículo indicado (se refiera al artículo 155 del CPP)… En el marco de la especialización que esta oferta debe evidenciar, se relevan las siguientes condiciones que orientan y delimitan la acción de este programa.

La presunción de inocencia es un principio que debe estar presente durante toda la ejecución de la medida. Es una garantía del debido proceso al que todo ciudadano tiene derecho y se utiliza en tanto la medida se ejecuta y donde aún no se ha establecido responsabilidad penal del adolescente frente al delito que se le imputa. (…)(pg. 11)

Finalmente, las OT establecen que el respeto por tales derechos, garantizados  tanto en leyes de carácter nacional como por las convenciones internacionales, obliga a las OCAS a tenerlos como criterios que definen sus líneas de acción:

“… todo colaborador acreditado, el cual deberá adoptar todas las medidas de resguardo y protección necesarias para la cautela de garantías de conformidad a lo establecido en leyes y tratados internacionales que nos rigen como Estado,(…)

Los/as adolescentes tienen derecho a ser informados/as acerca de los procedimientos y personas responsables para realizar una petición, solicitar la revisión de la medida y/o denunciar la amenaza o vulneración de derechos ante las instancias competentes.” (pg. 12)

2.- Los Programas de sanciones de Libertad Asistida (simple o especial) ejecutadas en el medio libre  y los Programas de Medidas Cautelares Ambulatorias (MCA)

  1. Necesidad de diferenciar los Programas de sanciones de Libertad Asistida y los programas MCA

Por lo ya expuesto se puede deducir que los programas MCA se fundan en un principio que garantiza un derecho fundamental a los imputados por algún delito y sujetos a proceso de investigación, no sólo a los/as adolescentes sino que a todo ciudadano: el derecho a que sean tratados con arreglo al principio de la presunción de inocencia. Por otro lado, en virtud, precisamente de este principio rector, el SENAME elabora las OT de los MCA, para contar con una oferta especializada en este ámbito que garantice el debido proceso.

Al contrario, los programas de sanciones, de Libertad Asistida,  en cualquiera de sus dos modalidades, son una propuesta que rige para los/as adolescentes que ya han sido sancionados. Situación que supone que el principio de presunción de inocencia ya no tiene sentido, ya sea porque el o la adolescente admite su responsabilidad en los hechos que se le imputan, en un procedimiento abreviado o simplificado o porque el o los jueces, en un juicio oral, han valorado que las pruebas rendidas no dejan lugar a dudas respecto de la culpabilidad del o la adolescente, procediendo a dictar sentencia sancionatoria de Libertad Asistida Simple o Especial, entre otras posibles sanciones.

Tal diferencia no resulta insignificante, toda vez que los principios fundantes en ambos programas son absoluta y radicalmente distintos, es más son opuestos.

  1. Necesidad de diferenciar Planes de Intervención Individual (PII) en los Programas de sanciones de Libertad Asistida y Planes de trabajo (PT) en los programas MCA

Los PII corresponden a los que deben ser elaborados por los profesionales que se desempeñan en los programas de sanciones en el medio libre (Libertad Asistida Simple o Libertad Asistida Especial). Estos deben ser presentados en tribunales siendo allí donde se sancionan: aprobándolos y/o estableciendo las sugerencias que se estimen necesarias. En adelante, el PII hace parte de la sentencia. La ley establece que debe ser el o la profesional encargado/a de acompañar al o la adolescente quien lo presente en el tribunal en la audiencia que se programe a este efecto, y su cumplimiento es una exigencia para el adolescente, que en caso de no responder positivamente a los acuerdos aprobados en el tribunal puede ser sancionado por el quebrantamiento de la sentencia.

Los PT corresponden a los planes que en conjunto con el o la adolescente, elabora el o la profesional asignado/a por la Institución colaboradora en el respectivo MCA. Estos no deben ser presentados en el tribunal y, tal cual lo establecen las OT, no pueden ser una referencia para dar cuenta del cumplimiento o incumplimiento de la medida cautelar.

Por esta razón las OT afirman que

“A diferencia de instrumentos como el Plan de Intervención Individual que tiene lugar en programas de Libertad Asistida, el Plan de Trabajo es una herramienta de exclusivo uso de equipos de programas (debiera especificar que se trata de programas MCA) y no se requerirá de su remisión al tribunal para su aprobación.” (pg.18)

Posteriormente señala, reforzando la idea de exclusividad de los PT como herramientas del equipo del programa MCA, sin que ello esté sujeto a la aprobación del tribunal, a diferencia de los PII en los programas de Libertad Asistida,

“Los equipos (MCA agregamos nosotros) podrán definir otros criterios en función de las características de su sujeto de atención y de sus enfoques de trabajo, siempre delimitando su práctica por los principios que regulan la medida cautelar y enfocado siempre en su cumplimiento.”(pg. 19)

Agregando una especificación respecto de los informes que deben remitirse al tribunal por parte de los programas MCA, se reafirma la idea respecto del papel accesorio que desempeña el PT, a diferencia del PII:

“Cabe señalar que, siendo fieles al principio de confidencialidad y de presunción de inocencia, la información contenida en estos documentos se restringirá a dar cuenta de la respuesta del adolescentes frente a los acuerdos establecidos (…), en el grado en que ello es funcional al deber de asegurar su presencia como imputado de un delito. (en proceso de investigación, a las diversas audiencias a las que deba comparecer, agregamos nosotros)” (pg.22)

3.- Las OT y la inexplicable trasgresión de derechos

En el contexto de lo ya expuesto, resulta incomprensible que las mismas OT, que aseguran ser un marco referencial que cautela la garantía de derechos fundamentales en los procesos investigativos y estipulan el respeto a las condiciones del debido proceso, incurran en la dictación de una normativa que opera, esencialmente, en un sentido contrario al respeto y garantía de dichos derechos, consignados por lo demás, en diversos convenios de carácter internacional aprobados por el Estado de Chile.

No otra cosa puede desprenderse de lo estipulado en el acápite IX. Simultaneidad de las medidas cautelares con otras medidas o sanciones.

“Existen criterios jurídicos que permiten analizar estos casos y que son aplicables a procesos donde por ejemplo, la sanción o medida menos gravosa es absorbida por la más gravosa y en casos en que coexisten medidas o sanciones de distinta naturaleza donde es imposible tácticamente el cumplimiento de la medida cautelar en el medio libre” (pg. 25)

Una primera observación que puede hacerse a la redacción de este acápite es la que dice relación con la confusión que se establece, al no hacer ninguna distinción, entre lo que es la medida cautelar ambulatoria, de la letra b) del artículo 155 del Código Procesal Penal, aplicada en el proceso investigativo (que presupone inocente al o la adolescente imputado/a) y la sanción que recae sobre un/a adolescente, que supone justamente lo contrario.

Las OT declaran que resulta compatible la ejecución de una sanción de Libertad Asistida Simple o Especial, con el control de una Medida Cautelar Ambulatoria. Desde nuestro punto de vista, esto efectivamente es así. Sin embargo, el que sea posible tal compatibilidad en la ejecución de la sanción y el control de la medida cautelar no puede ser asimilado al hecho que sea indiferente el programa y el o la profesional que realice tanto la ejecución de la sanción como el control de la medida cautelar.

“d) Medida Cautelar Ambulatoria (MCA) y sanción de Libertad Asistida o Libertad Asistida Especial. Se entiende que la existencia de una sanción que ejecuta acciones de supervisión directa y permanente con el adolescente, pudiera salvaguardar los fines del procedimiento penal al asegurar a la figura del imputado para que se presente en las actuaciones del proceso. Por lo tanto, producido el ingreso del adolescente al programa de sanción, el programa que ejecuta la medida cautelar debe informar al tribunal competente sobre la imposibilidad de dar continuidad a la medida de control. Recibida la orden de egreso por parte del tribunal se egresará al adolescente de la MCA.” (pg. 25)

  1. Trasgresión del principio de presunción de inocencia de los/as adolescentes imputados/as, de la especialidad de la oferta programática de los MCA y al debido proceso

Es decir en estas condiciones resulta un insignificante detalle que el o la adolescente imputado/a, sobre el que es imprescindible presuponer su inocencia y por tanto garantizar este derecho en un programa especializado y fundado en este principio, sea controlado/a por la medida cautelar que le afecta, en un programa y por un profesional que simultáneamente ejecuta una sentencia sancionatoria decretada y resuelta por algún tribunal, y que es por definición un programa para ejecutar sanciones, es decir supervisar procesos para adolescentes con sentencias condenatorias. Insistimos majaderamente en este aspecto, pues constituye una flagrante trasgresión a los principios que las OT se esmeran por demostrar que se respetan y en función de los cuales se crea la oferta especializada de los programas MCA.

Pero, esta normativa, implica además la trasgresión de un derecho fundamental al debido proceso, particularmente en lo referido al proceso investigativo mientras se mantenga vigente la medida cautelar, ya que favorecería por razones no explicadas que un/a adolescente cuando es juzgado/a o investigado/a por un delito específico, fuera ingresado a un programa especializado en la supervisión de sanciones. En tal sentido el SENAME, trata al adolescente según el viejo paradigma tutelar, ya que define el ingreso del adolescente, a un programa de sanciones, por su historia que podría eventualmente incluir otros delitos por los que ha sido juzgado y sancionado  y no en virtud del  delito por el que es imputado e investigado. Esta postura supone, justamente que no existe el declarado

 “… abandono del paradigma  tutelar del tratamiento de “menores”  en conflicto con la ley penal, para asumir los mandatos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente,…”

Pero además, resulta del todo inaceptable, que en este caso se afirme que se deba informar al tribunal que

…, producido el ingreso del adolescente al programa de sanción, el programa que ejecuta la medida cautelar debe informar al tribunal competente sobre la imposibilidad de dar continuidad a la medida de control.

por parte del programa de MCA, en tanto el adolescente cuenta con otras causas en que ha sido condenado con algunas de las sanciones de Libertad Asistida. Además de ser contradictorio con la compatibilidad declarada por el SENAME en orden a que se puede ejecutar junto a la sanción la medida cautelar, esta información que se exige entreguen los delegados en los informes al tribunal, sería, desde todo punto de vista falsa, toda vez que ambas sanciones se ejecutan en el medio libre, lo mismo que la cautelar ambulatoria, no habiendo impedimento para que la cumpla simultáneamente. Por lo demás, de resultar, cierta tal imposibilidad, ¿por qué no lo es cuando se trata de la sanción de Servicio en beneficio de la comunidad, o más aún, con la de salidas alternativas, donde por lo demás también debe presuponerse la inocencia del o la adolescente, pues el proceso investigativo ha sido suspendido sin llegar a la fase de sentencia condenatoria?.

Un último aspecto que debe enfatizarse, dice relación con el grado de especialización que diferencia a los programas MCA de los de Libertad Asistida. Ello tiene que ver con la especialización de los/as profesionales que en estos programan trabajan.

Para quienes se desempeñan laboralmente en los programas de sanciones, resulta suficiente el conocimiento respecto de la Ley 20.084, pues todo lo que dice relación con la sanción y ejecución de la misma  está contenido en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

En cambio, y en tanto el proceso investigativo y la misma medida cautelar que se aplica, están contenidas en el articulado del Código Procesal Penal, encontrándose insertas también en este cuerpo las posibles salidas alternativas antes que el procedimiento culmine en una eventual condena sancionatoria (Suspensión Condicional del Procedimiento, acuerdos reparatorios, decisión de no perseverar por parte del Ministerio Público, aplicación del principio de oportunidad). Por tales motivos, el grado de especialización de quienes se desempeñan en los programas MCA debe necesariamente considerar un grado de conocimiento respecto de los pasos que involucra el procedimiento investigativo y las posibles alternativas que permitan orientar al adolescente en el sentido de recurrir a todos los recursos que minimicen la posibilidad de concluir en una condena sancionatoria. En definitiva para apoyar con toda la orientación que requiera el derecho a contar con un debido proceso.

  1. Trasgresión de derechos laborales a los/as trabajadores/as

Además de la trasgresión de los derechos a los/as adolescentes, esta normativa abre el camino para que las empresas colaboradoras, teniendo como excusa que la normativa SENAME “obliga”, pueden aprovechar la oportunidad, como algunas OCAS ya lo han empezado a hacer, de:

  • Sobrecarga de trabajo, generada a partir del hecho que a delegados/as de programas de sanción les traspasen casos de aquellos/as adolescentes que son afectados por una medida cautelar ambulatoria en una causa distinta. Tal sobrecarga de trabajo, junto con obligar al o la trabajador/a a asumir un trabajo no contemplado, les obliga a incurrir en la trasgresión a los principios y derechos que debiera consignar la medida cautelar ambulatoria, incluyendo la obligación de entregar información falsa al tribunal cuando se impone el deber de informar respecto de la “imposibilidad” de ejecutar la medida cautelar cuando al mismo tiempo el adolescente ha sido sancionado a Libertad Asistida en otras causas distintas. Tema sobre el que ya se ha abundado en argumentos.
  • Una segunda consecuencia que se deriva de tal normativa es la que se relaciona con la mala utilización de dineros en vistas a ahorrar recursos financieros. Toda vez que la sobrecarga de trabajo no implica que el empleador pague un bono por el aumento en la intensidad del trabajo, aun cuando reciban los recursos estipulados en el ley de subvenciones por el pago del control, de una medida cautelar, como un trabajo distinto al de la subvención por supervisar la ejecución de una sanción del medio libre. Pues la práctica en que puede incurrirse es la de no operar el egreso del adolescente del programa MCA, por lo que se seguiría percibiendo la subvención estipulada en los MCA junto a la subvención estipulada por los programas de sanciones.