(Militares ocupando casas de campesinos en flagrante violación de los DDHH. Foto de Marcha Patriótica)

Lastimosamente en Colombia la realidad ha eclipsado las buenas noticias que salen de la mesa de la Habana y auguran la paz prontamente. Por un lado la insurgencia habla y propone cambios políticos estructurales, por el otro el gobierno de Juan Manuel Santos apresura -como ha sido costumbre durante los tres años que lleva la mesa de diálogos- por resultados que comprometan la rendición de las FARC, porque ese es el horizonte de paz que la oligarquía colombiana, los sectores militaristas y las burguesías nacional y extranjera esperan para perpetrar los beneficios alcanzados hasta el momento por un modelo económico a base del despojo y la violencia contra los sectores populares de la población colombiana.

En ese sentido los sectores en el poder han tenido una particular forma de asegurar y aumentar sus privilegios, la utilización de la violencia y la negación de un conflicto armado de raíces políticas y sociales que se ha prolongado por más de 60 años. En ese periodo de tiempo se ha configurado un nuevo modelo de acumulación originaria relacionada con el conflicto, esto es, la utilización del conflicto en tanto los hechos de violencia en el campo someten a la población rural a desplazarse forzadamente para preservar su vida. Dentro de esos hechos de violencia se encuentra la macabra utilización de los grupos paramilitares, que accionan de la forma más escabrosa, generando masacres para despojar de sus tierras a la población civil bajo el supuesto de “quitar el agua para ahogar el pez”, es decir, aniquilar la base social que por las mismas razones de violencia alimenta el grueso de las insurgencias, mientras tanto, la doctrina de seguridad democrática hace lo suyo con un tratamiento contrainsurgente hacia la población civil, dejando así un saldo de 6 millones de desplazados internos[i].

En un escenario como el conflicto colombiano, la guerra irregular de guerrillas y las características propias de la geografía y del pueblo colombiano han permitido la existencia de la insurgencia a pesar de la clara asimetría de poder militar existente, el cual coexiste con un anhelo de paz en el conjunto del pueblo -incluyendo las insurgencias-, es por eso que han existido diferentes procesos de paz con las diferentes guerrillas que han existido en el país a lo largo del conflicto[ii] y con el cual el bloque en el poder ha jugado para hacer su política solapada.

Hoy el anhelo de paz con justicia social sigue vivo. Hoy, a tres años de una mesa de diálogos con las FARC y las noticias de hacer pública la mesa entre el gobierno y el ELN aumentan esa llama de esperanza. Pero como decimos al comienzo de este escrito, la realidad ha eclipsado ese anhelo, el gobierno sigue negando la existencia de los más de 9.500 prisioneros y prisioneras políticas en el país, en un sistema carcelario que se presenta primero como el sistema punitivo/judicial y por otro lado un negocio más donde invertir y en el que ganan los privados, donde no importan los derechos humanos, por eso en el último mes se han realizado jornadas de protesta carcelaria por parte de los 1500 prisioneros de guerra de las FARC para denunciar las infrahumanas condiciones de hacinamiento (en algunas cárceles alcanza el 300%) y de salud dentro del sistema penitenciario colombiano[iii]. Por otro lado se mantienen acciones militares que ponen en grave riesgo a las comunidades campesinas, indígenas y afro-descendientes poniendo en innumerables ocasiones en la cuerda floja los diferentes ceses unilaterales al fuego decretados por las FARC, en especial el último, decretado desde el 20 de julio.

Acciones que entre otras[iv] derivan en casos como los de la semanas pasadas, que dejaron tres campesinos asesinados por el paramilitarismo en el Chocó, uno en la vereda Titiza, dos más en la vía de Tanela a Unguía[v], también está el caso de un joven de 20 años muerto y seis campesinos más heridos en Argelia, Cauca, producto de operaciones militares de erradicación de cultivos ilícitos en la zona[vi], aun cuando ya se han hecho avances en el tema de la erradicación de los cultivos ilícitos en la mesa de la Habana. También está el caso de Daniel Abril, lider campesino del Casanare y defensor de DDHH asesinado el 13 de noviembre, caso que se suma a los más de 69 defensores y defensoras de DDHH asesinados en este año según Fabrizio Hochschild, coordinador residente de la ONU en Colombia[vii].

Ante estos escenarios uno se cuestiona la existencia de las mesas, pero las mismas existen atendiendo al clamor de un pueblo por la necesidad de paz. La mayor amenaza existente en estos momentos para todo lo que pueda salir de las mesas de diálogos entre las FARC, el ELN y el gobierno e incluso la continuación de las mismas, es el paramilitarismo, sin el desmonte de ese monstruoso aparato de terror, todo esfuerzo de paz es ingenuo. Con esto no queremos decir que deberían bajarse las mesas, pues estas han resultado ser la presentación de una apuesta política de las insurgencias para una nueva Colombia, que a pesar de los manoseados medios de comunicación en poder de las oligarquías, los procesos populares han hecho un gran trabajo para darlos a conocer. En ese sentido el papel que jugamos como pueblo es fundamental, la organización y la reconstrucción del tejido social, de la memoria histórica y la solidaridad entre pueblos hermanos, son nuestras herramientas para la construcción del poder popular como táctica y estrategia para alcanzar la Paz con Justicia social, es decir la construcción de la nueva Colombia, la patria grande y el socialismo en Nuestra América.

Miguel Samacá, colombiano residente en Chile

[i]http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/colombia-el-segundo-pais-mas-desplazados-internos-articulo-566944

[ii]  http://elirreverente.cl/?p=1282

[iii] Pueden revisar el documental hecho por la delegación de paz de las FARC-EP en la Habana, con tomas hechas por los mismos militantes que se encuentran en las cárceles de Colombia https://youtu.be/h2vJTNXLSy0

[iv] Denuncia nacional e internacional del Frente Amplio por la Paz, la Democracia yla Justicia Social revisar acá http://www.semanariovoz.com/2015/11/17/ejercito-pone-en-peligro-cese-al-fuego-en-sur-de-bolivar/

[v] Según denuncian las FARC en uno de sus comunicados desde la Habana, Cuba.

[vi]Marcha Patriótica publica este vídeo denunciando los hecho https://youtu.be/McKrC2nYKCM

[vii]http://www.elespectador.com/noticias/judicial/2015-han-sido-asesinados-69-defensores-de-derechos-huma-articulo-580170

 

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