A estas alturas no es extraño ver cómo, de manera recurrente, en los medios de comunicación masivos se criminaliza una y otra vez al movimiento estudiantil. Desde la cobertura de cada marcha, hasta la detención televisada de a quienes se decidió inculpar por lo ocurrido en Valparaíso este 21 de mayo, pasando por reportajes y declaraciones de distintos personajes, las demandas que se han levantado a nivel nacional para poder concretar los tan necesarios cambios a nuestra educación son ubicadas en segundo plano, como una nota al pie de página de un gran titular que nos grita delincuentes a todos quienes salimos a las calles a protestar. Se intenta volver policial una problemática principalmente política.

Este año en la Universidad Alberto Hurtado como estudiantes logramos levantar una fuerte movilización, fruto de las experiencias de los años anteriores y de un contexto nacional que así lo ameritaba. Construimos un petitorio que incorpora demandas tan necesarias como el fin al subcontrato y la democratización de nuestra casa de estudios, el cual se defendió mediante un paro general y una posterior toma. En total fueron un poco más de dos meses de movilización en los que se organizaron discusiones, charlas, actividades culturales, encuentros con otras universidades y liceos, entre otras actividades, en pos de poder lograr nuestro petitorio. Sin embargo, la dirección de la universidad decidió hacer caso omiso de esto, y luego de un par de semanas no sólo decidió dejar de comunicarse con los estudiantes, sino también el no recalendarizar el cierre de semestre, y llevarlo a cabo pese a la paralización de las carreras.

El saldo de todo esto fue más de 1200 notas 1 colocadas a estudiantes por evaluaciones no rendidas, la perdida de dos meses de contenidos y 1170 estudiantes que, debido a esto, cayeron en causal de eliminación de la universidad por motivos académicos. Como estudiantes, semanas antes, con el fin de prevenir esto, presentamos un protocolo de movilización, el cual incluía distintos puntos que aseguraban un cierre de semestre adecuado pese a la paralización, el cuál ni siquiera fue recibido por rectoría. Lo preocupante, hasta este punto, es que se revela el poco interés de la universidad por entregar una formación profesional de calidad integra, ya que le es más importante el dar muestras de poder que formar futuros profesionales capacitados, de pensamiento y posicionamiento crítico frente a una realidad cada vez más gris. Esta medida no distingue grado de participación en la movilización, no individualiza a nadie, es una advertencia clara para todos por igual: si no es en términos de la dirección, no existe diálogo. De todos estos estudiantes, y gracias al trabajo de los consejeros académicos de cada carrera con cada uno de ellos, se les revocó la eliminación a 878 de ellos, 140 fueron eliminados por no presentar apelación, y otros 152 fueron derivados a la “comisión de gracia”, última instancia de apelación. En esta, sólo se le revocó la eliminación a 25, por lo que en total 267 estudiantes fueron eliminados por motivos “académicos”.

En una entrevista, el rector, Eduardo Silva, planteó que esta medida en ningún caso corresponde a una persecución de la movilización. Pero, ¿de qué manera no se entiende como persecución, o como sanción a movilizarse, cuando se decide por parte de rectoría el no tomar en cuenta la movilización, la evaluación de contenidos no revisados, la calendarización de un día a otro de exámenes, como argumentos válido para explicar el bajo rendimiento académico?

A todo esto se le debe agregar los sumarios levantados contra 25 estudiantes, a quienes se les responsabilizó de más de 110 millones de pesos en daños durante la toma, sin ninguna otra prueba más que su presencia en el establecimiento al momento del desalojo. Estas acusaciones fueron evaluadas por un tribunal de conducta designado por la universidad, en base a un reglamento impuesto por la misma, el cual decidió la suspensión durante dos semestres académicos de 24 de ellos, y la expulsión definitiva de uno. Aquí no sólo se trata de un número, ya que se acaba con la posibilidad de ser profesionales de 25 personas, y con todo el esfuerzo que familias completas habían puesto en función de aquello.

El problema específico de esta casa de estudios se desprende de una fuerte crisis de expectativas, generada por un lado, por el discurso de rol público que presenta, invitando a sus estudiantes a pensar y a “cambiar el mundo”, y por otro lado, las acciones que la universidad efectivamente lleva a cabo. Todo esto, a su vez, enmarcado dentro de la crisis educacional actual que vive Chile, en la que se construye una reforma al margen del movimiento educacional que no satisface a nadie más que a los actuales dueños de la corporaciones educativas en nuestro país.

Todo esto, obviamente, genera frustración. Frustración que llevó a los estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado a irrumpir en rectoría el día miércoles, a tapar sus caras por miedo a ser ellos los próximos sumariados, a buscar las respuestas que desde hace 3 meses no tenían. Pero la respuesta de la universidad frente a esto fue llamar a carabineros al establecimiento, los cuales ingresaron golpeando a estudiantes con lumas, mezas y sillas, y lanzando gases lacrimógenos, dejando a varios estudiantes e incluso trabajadores heridos o afectados. El acuerdo es generalizado, nadie busca repetir una situación así, ¿pero cómo se avanza en una solución cuando no existe diálogo? En tanto, la universidad ya señaló que habrá nuevos sumarios debido a esto, y que su estrategia no cambiará.

Es difícil, nuevamente, no pensar en persecución cuando cualquiera que se movilice puede ser el próximo suspendido o eliminado, o cuando aparece la ministra Delpiano validando este tipo de medidas autoritarias, para que luego la secunden Jorge Burgos y la implicada en el caso SQM Carolina Tohá, cuesta no pensar en persecución si tenemos en cuenta que gran parte de la dirección de la universidad responde a la Democracia Cristiana, y que es el mismo tipo de medidas que se aplican a nivel nacional. Del mismo modo, se vuelve a dejar en segundo plano nuestras demandas, la democracia universitaria y el fin al subcontrato, para concentrarse en el desorden que quedó en la oficina del rector. 

La salida que este conflicto debe ser mediante lo que ya es mencionado no sólo por los estudiantes, sino que también por académicos y el sindicato de trabajadores de la universidad: un claustro multiestamental, en el que se pueda refundar a la universidad y sus instituciones, con la participación real de estudiantes, trabajadores y académicos. La reconstrucción del proyecto de la universidad Alberto Hurtado se hace imperante, así como el que está se dé en conjunto a todos sus actores, para que estos puedan tomar, como comunidad, las riendas de la casa de estudios y su futuro.

Por Jaime Ahumada, Consejero Académico de la Universidad Alberto Hurtado

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