Durante los últimos años, el movimiento estudiantil ha logrado irrumpir como un actor relevante en el acontecer político nacional, donde se ha debido enfrentar a lo que es la tónica por parte del bloque en el poder contra quienes pretenden desestabilizar y en definitiva transformar el modelo neoliberal que ha imperado por años en nuestro país; la Criminalización. Esta ha sido la principal estrategia que se ha utilizado contra las y los estudiantes movilizados, manifestándose como un discurso que apunte a la justificación de la represión policial, académica e institucional, como procedimientos “justos y necesarios” contra quienes se perfilan como actores de cambio. En definitiva, las exigencias y propuestas son invisibilizadas y el lenguaje en clave delictual parece estar a la orden del día.

Tal es el caso de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), que luego de 2 meses de movilización en contra de la actual Reforma Educacional, sumado a una serie de demandas internas como fin al subcontrato y la democracia efectiva en la casa de estudios, nos vimos enfrentados a un cierre de semestre arbitrario, desencadenando la expulsión de 267 estudiantes y un sumario contra 25 compañeros culpados de ocasionar los daños posteriores a la toma, donde la única prueba fue haber estado al momento del desalojo. A todas luces, un proceso ridículo y propio de la persecución política donde los poderosos se hacen protagonistas en pos de mantener el orden, ¿la guinda de la torta? El día 31 de Agosto, las autoridades de la UAH -donde se encuentran altos políticos y empresarios cercanos a la Nueva Mayoría (NM)- autorizan el ingreso de carabineros a la casa central, agrediendo a estudiantes y funcionarios, todo esto, en el marco de una “funa” por las sanciones antes mencionadas. “Fue un mini secuestro” dijo el Rector Eduardo Silva a la prensa, secundado por los miembros de la junta directiva de la Universidad, justificando su actuar con un gran respaldo de los medios.

Fue el PPD y la DC quienes salieron al paso de las sanciones y a las declaraciones del rector. Carolina Tohá, alcaldesa de Santiago, tildó de “fascistas de izquierda” a los estudiantes perseguidos. En la misma línea, el intendente de Santiago Claudio Orrego, respaldó el proceso de sumario y las expulsiones por parte de la Universidad, calificándolas como “valientes” y “necesarias”. Por su parte, a la ministra Delpiano, le pareció que los sumarios estaban bien adoptados por parte de las autoridades. Al fin y al cabo, son los mismos que defienden su desgastada autoridad, que en años de elecciones es necesario mantener y reafirmar.

Consideramos por lo tanto, que el apoyo del gobierno a la Institución Jesuita está lejos de ser meramente coyuntural, sino que corresponde al orden y correlato de las influencias existentes entre el Estado y las Instituciones Educativas. Hoy el Mineduc respalda las decisiones de la UAH ya que esta se encuentra en los marcos que la autonomía universitaria permite, bajo su condición de Institución privada. En definitiva, estamos frente a un conflicto de clase y de influencias políticas, en donde los rectores debiesen actuar como ministros, siendo la NM y sus nexos con las autoridades de la UAH los principales responsables de la situación que se vive actualmente a nivel nacional.

Nicolás Campos, estudiante de Pedagogía en Historia UAH.

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