Por Salvador Bello Schlack

Estado de excepción fue lo que decreto el Gobierno de Rafael Correa hace unos días en la provincia de Morona Santiago, en la Amazonía Ecuatoriana, desplegando durante la madrugada de este sábado una cantidad importante de contingente militar en la zona de San Carlos, tomando detenidos y avanzando a los centros de Sunswint y otros, mientras helicópteros militares rodean el centro shuar Warints, y camiones militares llegan al centro shuar de El Tink, según informó en un comunicado público[1] la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).

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Las comunidades Shuar se encuentran dando una dura pelea contra la empresa minera china Explorcobres S.A. (EXSA) que pretende iniciar la explotación minera de cobre en territorio ancestral Shuar. Esta ya había intentado iniciar actividades, estableciendo un campamento en San Carlos Panantza, campamento que fue atacado durante estos días por las comunidades resultando en enfrentamientos con la fuerza policial, donde un policía habría resultado muerto.

Las acciones de defensa del territorio, fueron desplegadas por las comunidades al ser desplazados de las tierras que habitan históricamente a partir de una concesión minera otorgada por el Estado ecuatoriano. Las comunidades Shuar se encontraban en negociación con el Gobierno de Correa para concretar la consulta a las comunidades afectadas antes de que se iniciara la explotación del territorio por parte de la empresa China, derecho que se encuentra garantizado por el art. 57 de la Constitución política de la República del Ecuador donde se señala que:

“Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: (…)4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas e impuestos. 5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita. 6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras. 7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna.”

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Foto: CONAIE Comunicación

Las negociaciones con el Gobierno se habrían visto interrumpidas al intervenir militarmente el territorio, propiciando el desalojo de las comunidades por parte de EXSA y la instalación del campamento en las tierras en disputa. Lo que provocó la decisión de las comunidades de cerrar el territorio. Jorge Herrera, presidente de la CONAIE habría comunicado que “el hecho de que haya escalado la violencia en Nankints, producto de la invasión de territorios indígenas por parte de una trasnacional china, es responsabilidad del Estado que no tiene la capacidad de escuchar, dialogar y resolver los conflictos. Estamos lamentando la pérdida de vidas humanas por la insistencia del gobierno de avanzar en la explotación de recursos naturales pisoteando los derechos constitucionales de ciudadanos ecuatorianos indígenas, y en poner a policías y militares a precautelar intereses particulares de las empresas trasnacionales. Es un conflicto generado y profundizado por el Estado al no realizar consulta previa, al militarizar inconstitucionalmente territorios indígenas, y no escuchar las propuestas de solución dialogada propuestas por las organizaciones y actores directamente involucrados en el conflicto.”

Alejandra Barba, periodista y abogada en derechos colectivos que ha participado en variados litigios en defensa de las comunidades indígenas en Ecuador nos señala que “sin embargo existe una excepción cuando se trata de los recursos del subsuelo que son del Estado, y que por seguridad Nacional -el Estado- podría intervenir”, lo que de todas maneras atentaría contra los derechos colectivos de los pueblos indígenas reconocidos internacionalmente bajo el convenio 169 de la OIT y la convención de Naciones Unidas: “La definición más completa y avanzada a nivel internacional se encuentra en la Declaración de Naciones Unidas: las comunidades tienen derecho no solo a la propiedad de los territorios, sino también a los recursos que se hallan en estas (…). El derecho al territorio se refiere en general a la propiedad colectiva y ancestral, o sea que remonta a los ancestros de la comunidad, y para que sea efectivo el Estado tiene que reconocer legalmente los territorios indígenas (…). La Corte Interamericana ha afirmado que entre los indígenas la propiedad de la tierra tiene una forma colectiva y no individua”.

El conflicto aún se encuentra en desarrollo, y la CONAIE ha expresado en un comunicado público que por ahora se conoce de la detención de Milton Reinoso, Vicepresidente de la Junta Parroquial de Panantza; Mercedes Cabrera, Nancy Marín y Danny Marín, Presidente de la Junta Parroquial de Panantza, quienes fueron sorprendidos durmiendo, siendo arrastrados desde sus recamaras, donde policías han ingresado con tumba puertas a los hogares, golpeando a niños y mujeres que quisieron evitar la detención. Los detenidos han ­sido llevados al UPC de San Juan Bosco, y ahora los están conduciendo a Gualaquiza. ­Preparan una audiencia para la tarde. Se desconoce el paradero de las demás personas detenidas y se desconoce las consecuencias de la incursión militar en San Carlos.

[1] Comunicado del 17 de Diciembre, 2016 publicado en CONAIE Comunicación (FB)

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