Gilberto López y Rivas

Autonomía es un concepto de múltiples significados, aunque regirse mediante normativas y poderes propios, opuestos en consecuencia a toda dependencia o subordinación heterónoma, sería la acepción más generalizada, independientemente de los sujetos que la pongan en práctica. No obstante, por este carácter polisémico del término, es necesario precisar algunos elementos definitorios que permitan aclarar su uso en un contexto histórico y sociopolítico específico: la lucha de los pueblos indígenas de América por la preservación de sus territorios, recursos naturales, saberes, identidades, formas de justicia y organización social por medio de autogobiernos que se fundamentan en la democracia directa y participativa.

Concebimos la autonomía básicamente como un proceso de resistencia mediante el cual, las etnias o pueblos soterrados, negados u olvidados fortalecen o recuperan su identidad a través de la reivindicación de su cultura, derechos y estructuras político-administrativas. Destacamos el carácter dinámico y transformador de las autonomías, que para ser tales, modifican a los mismos actores y en dimensiones diversas: las relaciones entre géneros, entre generaciones, promoviendo en este caso el protagonismo de mujeres y jóvenes; democratizando las sociedades indígenas, politizando e innovando sus estructuras políticas y socioculturales. El estudio de las autonomías desde una perspectiva integral y comparativa muestra la naturaleza transformadora de estos procesos no sólo en su articulación, las más de las veces contradictoria con los estados nacionales existentes, sino también en el interior de los sujetos autonómicos. Así, no se trata sólo de la existencia de autogobiernos tradicionales indígenas que se desarrollan de diversas formas a lo largo de la colonia y la vida independiente, y que perduran hasta nuestros días en numerosas comunidades de la geografía latinoamericana. Tampoco se trata de competencias y atribuciones establecidas desde arriba, administrativamente o por modificaciones constitucionales, pisos y techos de modelos que no corresponden a realidades concretas y que denotan los límites de una ciencia social a la zaga de los procesos socio-étnicos.

Las prácticas autonómicas actuales van más allá. Cuando los zapatistas, por ejemplo, trascienden el autogobierno y lo asumen a partir de los principios de mandar obedeciendo, la rotación de los cargos de autoridad, la revocación del mandato, la participación planeada y programada de mujeres y jóvenes, la reorganización equitativa y sustentable de la economía, la adopción de una identidad política anticapitalista y anti sistémica y la búsqueda de alianzas nacionales e internacionales afines a ésta, se lleva a cabo un cambio cualitativo de las autonomías en su apropiación regional del territorio y la extensión del poder desde abajo.

Ante la agresión permanente de las corporaciones (o ávidos empresarios) en busca de territorios, recursos (como el asesinato por buscadores de oro a integrantes de una tribu de recolectores de huevos en la frontera de Brasil, Colombia y Perú) y saberes de los pueblos, la autonomía busca redefinir la relación con el entorno circundante. En la profundidad de territorio se busca la unión complementaria de productores y comercializadores para desarrollar una economía solidaria y la autosuficiencia alimentaria, así como la generación de proyectos económicos para beneficio general, optimizando todos los esfuerzos para el ejercicio real de la autonomía como tarea de todos y todas. La defensa de los sujetos autonómicos a la acción del mercado y sus agentes estatales significa el control del territorio desde abajo (comunidades) y desde la sociedad civil nacional e internacional que acompaña en ocasiones a estos movimientos. Se reafirma la urgencia de recuperar o desarrollar la autonomía económica, productiva y alimentaria de los pueblos con el fortalecimiento del cultivo del maíz autóctono (y no del transgénico), uso de abonos orgánicos (y rechazo a los agroquímicos), cuidado del agua, uso y protección de las semillas propias; así como la recreación y fortalecimiento de los sistemas de ayuda mutua, los mercados y tianguis (locales y regionales) y el aprovechamiento de ecotecnias.

Los procesos educativos y de socialización, asimismo, se generan a partir de y por las comunidades, tomando en cuenta los saberes surgidos de los pueblos y otros actores populares, y aquellos que enriquezcan a los sujetos autonómicos, en el entendido que el dialogo intercultural fortalece la autonomía. Esta situación es más notoria y necesaria cuando dos o más pueblos confluyen en un proceso autonómico (Chiapas, regiones de Guatemala y Nicaragua, por ejemplo) y la unidad del sujeto autonómico frente al Estado transnacionalizado se torna indispensable, ya que en las actuales circunstancias, éste sujeto se opone directamente a los agentes estatales (funcionarios, policías, ejército, jueces, etcétera) al servicio del capital.

Si la autonomía es parte de la cuestión nacional, el movimiento indígena que practica y promueve las autonomías, en su lucha por prevalecer, establece las alianzas necesarias, primero entre los propios pueblos indígenas, y a partir de ello, con los sectores oprimidos y explotados del país que se trate. Esto significa la construcción permanente del sujeto autonómico no sólo desde abajo, sino también en sus alianzas con otros actores políticos y a partir del control sistemático de los/as representantes a través de la rendición de cuentas, revocación de mandato, según sea el caso, y rotación de cargos.

sos_pueblo_shuar_2

Es evidente que todos estos procesos no se llevan a cabo de manera simultánea en las etno-regiones y en todos los casos en que se ejerce el autogobierno indígena, destacando la profundidad de algunos de ellos que por razones especificas han podido desarrollar formas organizativas –incluso político militares— como el EZLN, que dan coherencia e integralidad a las prácticas autonómicas. Dependerá de la correlación de fuerzas que estos procesos superen las dificultades y oposición del Estado, sus gobernantes y las corporaciones transnacionales como en los casos de Guatemala, Honduras, Ecuador, Perú y Chile. Es más, se cumplió más de un año del asesinato de Berta Cáceres, la que fue ultimada por su defensa acérrima del territorio del pueblo Lenca y el respeto a la consulta previa, libre e informada (CPLI). La defensa del río Gualcarque y el empecinamiento de la empresa DESA en construirla, tuvo como resultado lo que se puede denominar un crimen de Estado. La violencia con que ha respondido la clase empresarial y funcionarios estatales en relación a la implementación de la consulta previa se viene dando a lo largo y ancho de América. Como ejemplos recientes se encuentra el asesinato, en enero pasado, de Sebastián Alonso Juan, de 72 años y originario de Yulchen (Guatemala), hasta la militarización en diciembre del año pasado de la comunidad Shuar de NanKints en Morona de Santiago Ecuador, la cual fue concesionada a una empresa minera China, pasando a la construcción de la represa de Barro Blanco Panamá y la inundación de la aldea sagrada de Kiad, sin respetar la posición asumida por el pueblo Buglé en la consulta efectuada. Sin embargo, el camino pasa por reafirmar el valor y la importancia de las prácticas políticas que se materializan en las asambleas comunitarias, los sistemas de cargo, el tequio y, en general, las obligaciones y contribuciones del conjunto de la comunidad y sus miembros.

 

NO COMMENTS

Leave a Reply