Patricio Reyes Puelma

Chile es, hoy, el país en que proporcionalmente creció más la inmigración en Latinoamérica. Según el informe Coyuntura Económica en América Latina y el Caribe, de la Cepal y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de mayo del pasado año, entre el 2010 y 2015 la población de inmigrantes en nuestro país aumentó, en promedio, 4,9% por anual.

En las últimas elecciones presidenciales, se estimaba que cerca de 900 mil chilenos vivían en el extranjero. La población migrante en Chile es cercana a las 450 mil personas. Es decir, por cada persona inmigrante en nuestro país, dos nacionales viven en el extranjero. Así, se estima que cerca del 4% de la población en el país corresponde a extranjeros, mientras que los países de grandes migraciones tienen entre un 12% y un 13%.

La relativa estabilidad política del país y el estándar de calidad de vida comparativamente superior a otros países en Latinoamérica, han hecho de Chile un destino importante para personas que buscan un mejor vivir para ellas y sus familias. Pero, el tiempo ha mostrado que no estamos preparados para el fenómeno migratorio actual.

Es más, han aparecido una serie de mitos que solo han hecho proclive la pronunciación de discursos de odio, muchas veces creados a partir del conflicto político y se ha buscado instalar el ideario del inmigrante como el enemigo, ya no en la órbita de lo legal, sino en lo propiamente social.inmigrantes_preferencia 3 BN

La política del inmigrante como enemigo se ha traspasado hacia un ideario social marcado por el populismo. La base de aquel es, precisamente, la desinformación. Pero, su fondo es uno distinto: ante un sistema injusto, competitivo y segregador, se reacciona ante la impotencia de la resolución de las problemáticas de la vida social con malestar mal dirigido. Lo enfocamos contra el débil, en este caso el ajeno, quien busca en otras tierras, lejos de su familia y zona de retaguardia, un mejor vivir. Nos indigna que se le dé espacio al extranjero en materias de educación, vivienda o salud, pues “debe darse prioridad al chileno”, en vez de cuestionarnos un modelo económico que entrega nuestras riquezas al empresario extranjero, en vez de plantear un nuevo modelo que garantice los derechos sociales a toda la población frente a la usura despiadada del mercado. Incluso, un comediante se atrevió a decir que “podían cambiar la raza”, y circularon videos denunciando la llegada de haitianos en aviones grabados como si fueran delincuentes.

Se visualiza al inmigrante como aquel que quita el trabajo al nacional, aquel que viene a delinquir, que tiene prioridad en el sistema educativo, de salud e incluso habitacional. Todo, por supuesto, en detrimento de los chilenos y chilenas. Esto, desde información manipulada al interés de nacionalistas y una casta política a la que le es útil políticamente el discurso populista.

Toda persona migrante en Chile paga impuestos, los mismos a que –según corresponda– está afecto quien lea esta columna. Desde el típico IVA a, por ejemplo, el impuesto a la renta, si corresponde. Además, según el DEM, un 73,8% de los migrantes trabaja en Chile, por lo que deben cotizar en AFP y Fonasa.

Finalmente, el gasto público en migrantes es  $207 millones de dólares anuales. Pero pagaron $490 millones en impuesto a la renta y $913 millones en IVA. Entonces, los inmigrantes reciben y deben recibir los servicios de salud atención primaria obligatoria, programas sin distinción a chilenos o extranjeros a menores de 18 años, y la protección y tratamiento a mujeres embarazadas. Se trata, entonces, de cuestiones humanitarias básicas, sobre todo en protección de la vida del que está por nacer y de niños y niñas, los mismos que se claman como bandera de lucha en casos como los derivados del Sename o de “conmoción nacional”.

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