Por: Catalina Rojas.

La precarización laboral tiene expresiones en el ámbito privado y público. En el capitalismo, el trabajo de la mujer se ha concentrado en áreas que han sido la “extensión” de las labores domésticas como el trabajo de empleo doméstico, aseo, venta comida, cuidado de enfermos, es decir, servicios en general, principalmente salud y servicios sociales (76,6%), educación (70,3%) y hotelería, restaurantes y otros servicios con un 56,6%.  Estos trabajos han tendido a ser considerados secundarios en la producción, de manera económica y social, y muchos de ellos se desarrollan en el plano de la informalidad (sin contrato y sin derechos laborales), de manera independiente o ambulante, o con cierta formalización, pero altamente precarizados y desprovistos de toda protección social. Estas formas de precariedad han reproducido brechas salariales por género, por un lado, y entre los trabajos considerados de primera categoría, principalmente masculinizados, y los de segunda, principalmente feminizados.

En en el sector público la primera precariedad aparece con la contratación a plazo fijo, denominada “contrata”, despojando a las y los trabajadores del Estado de estabilidad laboral y carrera funcionaria. Hace alrededor de quince años comenzó un proceso ascendente de contratación a honorarios, llegando a superar en la actualidad los 360.000 trabajadores/as con relaciones de subordinación y dependencia, funciones permanentes y habituales en diferentes reparticiones del Estado. Esta forma de contratación profundiza la precariedad laboral desconociendo derechos laborales y sociales.

En ese contexto, la desprotección y discriminación a la mujer trabajadora se hace aún más evidente y grotesca cuando se trata de la contratación a honorario. Derechos fundamentales como la protección a la maternidad (pago de pre y post natal, hora de amamantamiento, sala cuna, licencia pagada para enfermedad de hijos menores de un año) son vulnerados, y hoy, las mujeres a honorarios nos vemos luchando por las mismas demandas que nuestras antecesoras de comienzos del siglo XX. Todo esto ha generado intranquilidad a las mujeres sobre el tiempo de pre y post natal ya que, al no ser remunerado, vemos como compañeras trabajan hasta el último mes antes de parir y vuelven al trabajo lo antes posible, viéndose obligadas a un desapego inmediato posterior al parto. Asimismo, la negación de la hora de amamantamiento genera un estrés generalizado que se vincula con la frustración de no poder cuidar ni alimentar a los/as hijos/as.

Sumado a esto nos encontramos con un Estado altamente conservador que niega a las mujeres trabajadoras la posibilidad de abortar, pero las mujeres a honorarios nos vemos completamente vulneradas y desprotegidas con nuestra maternidad.

Por último, no se puede dejar de mencionar que siguen existiendo brechas y demandas históricas de las mujeres trabajadoras en general, como la idea de “igual trabajo, igual salario”. El 74% de las mujeres trabajadoras gana menos de $350.000 pesos líquidos y perciben salarios un 17,2% más bajos que los hombres. Con respecto a la salud y previsión social, un 93,1 % de las mujeres recibe una pensión por vejez (retiro programado) de $147.763 o menos. Para los hombres este porcentaje es de un 87,3 %.

Porque hoy y siempre será necesaria la emancipación de la mujer para alcanzar la liberación de la clase en su conjunto, el sindicalismo debe ser clasista, feminista y combativo.

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