Por Julian Alcayaga

El Presidente Piñera, en su primer mensaje a la nación el 21.05.2010, respecto del Ministerio de Minería y el desarrollo del litio, sostenía:

Se promover una reforma a la Ley Orgánica de Concesiones Mineras en el sentido de liberar el litio la exploración y explotación del litio, dejando de ser un mineral no susceptible de concesión minera. Nada justifica que hoy en día, a excepción de las concesiones otorgadas antes de su declaración de no concesibilidad , sea el Estado el único facultado para explotar el litio a través de sus empresas o mediante contratos especiales de operación o concesiones administrativas”.

Consta entonces que el Presidente Piñera admite que solo el Estado puede explotar el litio, y por ello se proponía modificar la ley minera, para que los privados también pudieran explotarlo. Sin embargo, el nunca envió un proyecto de ley para efectuar dichas modificaciones, y la Presidenta Bachelet tampoco lo hizo. Por lo tanto “hoy en día”, solo el Estado puede explotar el litio, gracias a la Ley Minera de José Piñera y que impuso Pinochet.

Al no atreverse a modificar la ley minera, respecto de la explotación del litio, seguramente Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, no quieren estar a la derecha de Pinochet.

Por su parte, en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de un artículo de la ley orgánica de Codelco, presentado por Minera Salar Blanco, respecto de la autorización dada a Codelco para explotar el litio del Salar de Maricunga, el Tribunal Constitucional declaró inadmisible dicho requerimiento, destacando la prevención del Presidente del Tribunal Constitucional Sr. Iván Aróztica, que al dar su acuerdo a la inadmisibilidad argumentó: “No se trata de cautelar una actividad propia de los privados contra la intromisión indebida del Estado, sino que de concretar un quehacer que estaría reservado precisamente al Estado”.

 

Corfo es una institución pública, obligada por la Constitución a regirse por el principio de legalidad y, en consecuencia, sólo le está permitido hacer lo que la ley expresamente le faculta. Comentar las decisiones corporativas o su prudencia no forma parte de nuestras atribuciones o competencias.

 

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