Por Federación de Trabajadores y trabajadoras del Área Social

FENTTAS

El SENAME con la puesta en vigencia de las actuales Orientaciones Técnicas de los programas MCA permite a las OCAS actuar de manera que se cometan diversas trasgresiones, tanto de derechos de los adolescentes imputados como de los trabajadores que se desempeñan en estas empresas colaboradoras del SENAME.

A partir de esta constatación es que se hace necesario revisar aquellos aspectos de las OT que permiten que se genere tal situación, primero en relación a su fundamentación y, luego respecto de la propuesta normativa que los contradice.

I.- Las Orientaciones técnicas y los principios fundantes de los Programas de Medidas Cautelares Ambulatorias (MCA)

La Resolución exenta Nº 2311, tramitada con fecha 13 de septiembre de 2017, establece Las Orientaciones Técnicas (OT) de los Programas MCA. Tal documento, define un conjunto de principios que están a la base de su formulación. En este sentido, las OT declaran que se redactan en el contexto de:

  1. Abandono del paradigma tutelar y Principio de presunción de inocencia

El SENAME a partir de la elaboración de las OT de los programas MCA declara que este hecho marca

”…el abandono del paradigma  tutelar del tratamiento de “menores”  en conflicto con la ley penal, para asumir los mandatos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, en especial aquellos emanados del artículo 40 de dicha normativa internacional y las garantías constitucionales dentro de un sistema penal  que tiene como componente esencial la presunción de inocencia. (…)

En este contexto el presente documento tiene por objeto, definir estándares básicos esperados para la ejecución de Medidas Cautelares Ambulatorias, en el marco del desarrollo de una oferta especializada dirigida a jóvenes imputados de infringir la ley penal, garantizando el pleno ejercicio de sus derechos, garantías, y facilitando el cumplimiento de las acciones asociadas al proceso penal. ” (pg. 7)

Luego las OT reafirman que respecto de los adolescentes ingresados a los programas MCA se respetará el principio de presunción de inocencia contenido tanto en la CDN como en las Reglas de Beijing:

“De acuerdo a lo señalado en el artículo 40 de la CDN en el numeral 2, se presumirá la inocencia del/la joven mientras no se pruebe su culpabilidad de acuerdo a la ley, (…)

Por otro lado, se deben considerar las definiciones emanadas de las Reglas mínimas  de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing) (…) (pg. 8)

que en la Regla Nº 7 respecto de los  Derechos de los Menores, establece que

“7.1 En todas las etapas del proceso se respetarán garantías procesales básicas tales como la presunción de inocencia, el derecho a ser notificado de las acusaciones, …”

  1. Los programas MCA una oferta especializada

De esta manera, las OT del SENAME dan forma a los Programas de Medidas Cautelares Ambulatorias (MCA), que se crean fundándose como una oferta especializada basada en el principio de la presunción de inocencia de los adolescentes derivados por los tribunales y que son objeto de investigación por imputárseles la comisión de algún delito.

Para ello las OT técnicas, invocan que

El interés superior de los/as adolescentes se expresa en el reconocimiento y respeto de sus derechos, debe ser considerado en todas las actuaciones administrativas relativas a procedimientos, sanciones y medidas aplicables a los/as  jóvenes infractores de ley, transformándose en pilares fundamentales de la gestión e intervención del SENAME, y en consecuencia de todo colaborador acreditado, …” (pg. 9)

Las OT, elaboradas por el SENAME, reconocen que es la misma Ley 20.084 la que impone la necesidad de la oferta especializada de estos programas, a lo largo del país, bien que cabe considerar que esta ley no hace ninguna mención específica de las medidas cautelares (que están contenidas en el artículo 155, en la letra b) del Código procesal penal), se entiende que de todas formas establece un marco referencial:

“Señalar de la misma forma que el artículo 42 de la Ley 20.084 dispone que el Servicio Nacional de Menores debe asegurar la existencia en las distintas regiones del país de los programas necesarios para la ejecución y control de las medidas  a que se refiere dicha ley.” (pg. 10)

Enfatizando el carácter  específico de este tipo de programas, agrega más adelante:

“A partir de lo señalado es que la presente línea programática se crea a fin de responder al requerimiento de una oferta especializada para cumplir con las medidas cautelares personales decretadas durante el proceso de investigación que involucre a un joven y/o adolescente formalizado por Ley Nº 20.084.”(pg. 11)

Reafirmando los principios fundantes de los programas MCA, el de presunción de inocencia, el de establecer una oferta especializada y el respeto al debido proceso las OT señalan:

“En lo particular, lo que dice relación a la presente línea programática se deberá velar por la aplicación de la Medida Cautelar Ambulatoria letra b) del artículo indicado (se refiera al artículo 155 del CPP)… En el marco de la especialización que esta oferta debe evidenciar, se relevan las siguientes condiciones que orientan y delimitan la acción de este programa.

La presunción de inocencia es un principio que debe estar presente durante toda la ejecución de la medida. Es una garantía del debido proceso al que todo ciudadano tiene derecho y se utiliza en tanto la medida se ejecuta y donde aún no se ha establecido responsabilidad penal del adolescente frente al delito que se le imputa. (…)(pg. 11)

Finalmente, las OT establecen que el respeto por tales derechos, garantizados  tanto en leyes de carácter nacional como por las convenciones internacionales, obliga a las OCAS a tenerlos como criterios que definen sus líneas de acción:

“… todo colaborador acreditado, el cual deberá adoptar todas las medidas de resguardo y protección necesarias para la cautela de garantías de conformidad a lo establecido en leyes y tratados internacionales que nos rigen como Estado,(…)

Los/as adolescentes tienen derecho a ser informados/as acerca de los procedimientos y personas responsables para realizar una petición, solicitar la revisión de la medida y/o denunciar la amenaza o vulneración de derechos ante las instancias competentes.” (pg. 12)

2.- Los Programas de sanciones de Libertad Asistida (simple o especial) ejecutadas en el medio libre  y los Programas de Medidas Cautelares Ambulatorias (MCA)

  1. Necesidad de diferenciar los Programas de sanciones de Libertad Asistida y los programas MCA

Por lo ya expuesto se puede deducir que los programas MCA se fundan en un principio que garantiza un derecho fundamental a los imputados por algún delito y sujetos a proceso de investigación, no sólo a los/as adolescentes sino que a todo ciudadano: el derecho a que sean tratados con arreglo al principio de la presunción de inocencia. Por otro lado, en virtud, precisamente de este principio rector, el SENAME elabora las OT de los MCA, para contar con una oferta especializada en este ámbito que garantice el debido proceso.

Al contrario, los programas de sanciones, de Libertad Asistida,  en cualquiera de sus dos modalidades, son una propuesta que rige para los/as adolescentes que ya han sido sancionados. Situación que supone que el principio de presunción de inocencia ya no tiene sentido, ya sea porque el o la adolescente admite su responsabilidad en los hechos que se le imputan, en un procedimiento abreviado o simplificado o porque el o los jueces, en un juicio oral, han valorado que las pruebas rendidas no dejan lugar a dudas respecto de la culpabilidad del o la adolescente, procediendo a dictar sentencia sancionatoria de Libertad Asistida Simple o Especial, entre otras posibles sanciones.

Tal diferencia no resulta insignificante, toda vez que los principios fundantes en ambos programas son absoluta y radicalmente distintos, es más son opuestos.

  1. Necesidad de diferenciar Planes de Intervención Individual (PII) en los Programas de sanciones de Libertad Asistida y Planes de trabajo (PT) en los programas MCA

Los PII corresponden a los que deben ser elaborados por los profesionales que se desempeñan en los programas de sanciones en el medio libre (Libertad Asistida Simple o Libertad Asistida Especial). Estos deben ser presentados en tribunales siendo allí donde se sancionan: aprobándolos y/o estableciendo las sugerencias que se estimen necesarias. En adelante, el PII hace parte de la sentencia. La ley establece que debe ser el o la profesional encargado/a de acompañar al o la adolescente quien lo presente en el tribunal en la audiencia que se programe a este efecto, y su cumplimiento es una exigencia para el adolescente, que en caso de no responder positivamente a los acuerdos aprobados en el tribunal puede ser sancionado por el quebrantamiento de la sentencia.

Los PT corresponden a los planes que en conjunto con el o la adolescente, elabora el o la profesional asignado/a por la Institución colaboradora en el respectivo MCA. Estos no deben ser presentados en el tribunal y, tal cual lo establecen las OT, no pueden ser una referencia para dar cuenta del cumplimiento o incumplimiento de la medida cautelar.

Por esta razón las OT afirman que

“A diferencia de instrumentos como el Plan de Intervención Individual que tiene lugar en programas de Libertad Asistida, el Plan de Trabajo es una herramienta de exclusivo uso de equipos de programas (debiera especificar que se trata de programas MCA) y no se requerirá de su remisión al tribunal para su aprobación.” (pg.18)

Posteriormente señala, reforzando la idea de exclusividad de los PT como herramientas del equipo del programa MCA, sin que ello esté sujeto a la aprobación del tribunal, a diferencia de los PII en los programas de Libertad Asistida,

“Los equipos (MCA agregamos nosotros) podrán definir otros criterios en función de las características de su sujeto de atención y de sus enfoques de trabajo, siempre delimitando su práctica por los principios que regulan la medida cautelar y enfocado siempre en su cumplimiento.”(pg. 19)

Agregando una especificación respecto de los informes que deben remitirse al tribunal por parte de los programas MCA, se reafirma la idea respecto del papel accesorio que desempeña el PT, a diferencia del PII:

“Cabe señalar que, siendo fieles al principio de confidencialidad y de presunción de inocencia, la información contenida en estos documentos se restringirá a dar cuenta de la respuesta del adolescentes frente a los acuerdos establecidos (…), en el grado en que ello es funcional al deber de asegurar su presencia como imputado de un delito. (en proceso de investigación, a las diversas audiencias a las que deba comparecer, agregamos nosotros)” (pg.22)

3.- Las OT y la inexplicable trasgresión de derechos

En el contexto de lo ya expuesto, resulta incomprensible que las mismas OT, que aseguran ser un marco referencial que cautela la garantía de derechos fundamentales en los procesos investigativos y estipulan el respeto a las condiciones del debido proceso, incurran en la dictación de una normativa que opera, esencialmente, en un sentido contrario al respeto y garantía de dichos derechos, consignados por lo demás, en diversos convenios de carácter internacional aprobados por el Estado de Chile.

No otra cosa puede desprenderse de lo estipulado en el acápite IX. Simultaneidad de las medidas cautelares con otras medidas o sanciones.

“Existen criterios jurídicos que permiten analizar estos casos y que son aplicables a procesos donde por ejemplo, la sanción o medida menos gravosa es absorbida por la más gravosa y en casos en que coexisten medidas o sanciones de distinta naturaleza donde es imposible tácticamente el cumplimiento de la medida cautelar en el medio libre” (pg. 25)

Una primera observación que puede hacerse a la redacción de este acápite es la que dice relación con la confusión que se establece, al no hacer ninguna distinción, entre lo que es la medida cautelar ambulatoria, de la letra b) del artículo 155 del Código Procesal Penal, aplicada en el proceso investigativo (que presupone inocente al o la adolescente imputado/a) y la sanción que recae sobre un/a adolescente, que supone justamente lo contrario.

Las OT declaran que resulta compatible la ejecución de una sanción de Libertad Asistida Simple o Especial, con el control de una Medida Cautelar Ambulatoria. Desde nuestro punto de vista, esto efectivamente es así. Sin embargo, el que sea posible tal compatibilidad en la ejecución de la sanción y el control de la medida cautelar no puede ser asimilado al hecho que sea indiferente el programa y el o la profesional que realice tanto la ejecución de la sanción como el control de la medida cautelar.

“d) Medida Cautelar Ambulatoria (MCA) y sanción de Libertad Asistida o Libertad Asistida Especial. Se entiende que la existencia de una sanción que ejecuta acciones de supervisión directa y permanente con el adolescente, pudiera salvaguardar los fines del procedimiento penal al asegurar a la figura del imputado para que se presente en las actuaciones del proceso. Por lo tanto, producido el ingreso del adolescente al programa de sanción, el programa que ejecuta la medida cautelar debe informar al tribunal competente sobre la imposibilidad de dar continuidad a la medida de control. Recibida la orden de egreso por parte del tribunal se egresará al adolescente de la MCA.” (pg. 25)

  1. Trasgresión del principio de presunción de inocencia de los/as adolescentes imputados/as, de la especialidad de la oferta programática de los MCA y al debido proceso

Es decir en estas condiciones resulta un insignificante detalle que el o la adolescente imputado/a, sobre el que es imprescindible presuponer su inocencia y por tanto garantizar este derecho en un programa especializado y fundado en este principio, sea controlado/a por la medida cautelar que le afecta, en un programa y por un profesional que simultáneamente ejecuta una sentencia sancionatoria decretada y resuelta por algún tribunal, y que es por definición un programa para ejecutar sanciones, es decir supervisar procesos para adolescentes con sentencias condenatorias. Insistimos majaderamente en este aspecto, pues constituye una flagrante trasgresión a los principios que las OT se esmeran por demostrar que se respetan y en función de los cuales se crea la oferta especializada de los programas MCA.

Pero, esta normativa, implica además la trasgresión de un derecho fundamental al debido proceso, particularmente en lo referido al proceso investigativo mientras se mantenga vigente la medida cautelar, ya que favorecería por razones no explicadas que un/a adolescente cuando es juzgado/a o investigado/a por un delito específico, fuera ingresado a un programa especializado en la supervisión de sanciones. En tal sentido el SENAME, trata al adolescente según el viejo paradigma tutelar, ya que define el ingreso del adolescente, a un programa de sanciones, por su historia que podría eventualmente incluir otros delitos por los que ha sido juzgado y sancionado  y no en virtud del  delito por el que es imputado e investigado. Esta postura supone, justamente que no existe el declarado

 “… abandono del paradigma  tutelar del tratamiento de “menores”  en conflicto con la ley penal, para asumir los mandatos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente,…”

Pero además, resulta del todo inaceptable, que en este caso se afirme que se deba informar al tribunal que

…, producido el ingreso del adolescente al programa de sanción, el programa que ejecuta la medida cautelar debe informar al tribunal competente sobre la imposibilidad de dar continuidad a la medida de control.

por parte del programa de MCA, en tanto el adolescente cuenta con otras causas en que ha sido condenado con algunas de las sanciones de Libertad Asistida. Además de ser contradictorio con la compatibilidad declarada por el SENAME en orden a que se puede ejecutar junto a la sanción la medida cautelar, esta información que se exige entreguen los delegados en los informes al tribunal, sería, desde todo punto de vista falsa, toda vez que ambas sanciones se ejecutan en el medio libre, lo mismo que la cautelar ambulatoria, no habiendo impedimento para que la cumpla simultáneamente. Por lo demás, de resultar, cierta tal imposibilidad, ¿por qué no lo es cuando se trata de la sanción de Servicio en beneficio de la comunidad, o más aún, con la de salidas alternativas, donde por lo demás también debe presuponerse la inocencia del o la adolescente, pues el proceso investigativo ha sido suspendido sin llegar a la fase de sentencia condenatoria?.

Un último aspecto que debe enfatizarse, dice relación con el grado de especialización que diferencia a los programas MCA de los de Libertad Asistida. Ello tiene que ver con la especialización de los/as profesionales que en estos programan trabajan.

Para quienes se desempeñan laboralmente en los programas de sanciones, resulta suficiente el conocimiento respecto de la Ley 20.084, pues todo lo que dice relación con la sanción y ejecución de la misma  está contenido en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

En cambio, y en tanto el proceso investigativo y la misma medida cautelar que se aplica, están contenidas en el articulado del Código Procesal Penal, encontrándose insertas también en este cuerpo las posibles salidas alternativas antes que el procedimiento culmine en una eventual condena sancionatoria (Suspensión Condicional del Procedimiento, acuerdos reparatorios, decisión de no perseverar por parte del Ministerio Público, aplicación del principio de oportunidad). Por tales motivos, el grado de especialización de quienes se desempeñan en los programas MCA debe necesariamente considerar un grado de conocimiento respecto de los pasos que involucra el procedimiento investigativo y las posibles alternativas que permitan orientar al adolescente en el sentido de recurrir a todos los recursos que minimicen la posibilidad de concluir en una condena sancionatoria. En definitiva para apoyar con toda la orientación que requiera el derecho a contar con un debido proceso.

  1. Trasgresión de derechos laborales a los/as trabajadores/as

Además de la trasgresión de los derechos a los/as adolescentes, esta normativa abre el camino para que las empresas colaboradoras, teniendo como excusa que la normativa SENAME “obliga”, pueden aprovechar la oportunidad, como algunas OCAS ya lo han empezado a hacer, de:

  • Sobrecarga de trabajo, generada a partir del hecho que a delegados/as de programas de sanción les traspasen casos de aquellos/as adolescentes que son afectados por una medida cautelar ambulatoria en una causa distinta. Tal sobrecarga de trabajo, junto con obligar al o la trabajador/a a asumir un trabajo no contemplado, les obliga a incurrir en la trasgresión a los principios y derechos que debiera consignar la medida cautelar ambulatoria, incluyendo la obligación de entregar información falsa al tribunal cuando se impone el deber de informar respecto de la “imposibilidad” de ejecutar la medida cautelar cuando al mismo tiempo el adolescente ha sido sancionado a Libertad Asistida en otras causas distintas. Tema sobre el que ya se ha abundado en argumentos.
  • Una segunda consecuencia que se deriva de tal normativa es la que se relaciona con la mala utilización de dineros en vistas a ahorrar recursos financieros. Toda vez que la sobrecarga de trabajo no implica que el empleador pague un bono por el aumento en la intensidad del trabajo, aun cuando reciban los recursos estipulados en el ley de subvenciones por el pago del control, de una medida cautelar, como un trabajo distinto al de la subvención por supervisar la ejecución de una sanción del medio libre. Pues la práctica en que puede incurrirse es la de no operar el egreso del adolescente del programa MCA, por lo que se seguiría percibiendo la subvención estipulada en los MCA junto a la subvención estipulada por los programas de sanciones.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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