Nº 66 / Medio Ambiente,  Junio 2019

Por Bianca Acuña

Alejandra Parra, Activista ambiental, Master en planificación regional de la Universidad de Otago y Bióloga en gestión de recursos naturales; Conversamos con ella acerca de su trabajo junto a la agrupación y del escenario ambientalista actual en la defensa de los derechos ambientales desde la Araucanía.

El año 2007 RADA presenta frente al CERD- Comité para la eliminación de la discriminación racial de la ONU, una denuncia al estado de Chile por Racismo ambiental, acción acogida que marca un precedente en la lucha y seguimiento de las temáticas ambientales locales en Chile. ¿Cuál fue el contexto de la denuncia y las repercusiones reales de las “observaciones de la ONU al estado de Chile” y metas que como agrupación les dejo esa lucha?

 Cuando hicimos la denuncia junto a comunidades afectadas por vertederos y plantas de tratamiento de aguas servidas, alrededor del 70% de la basura de la región de la Araucanía era llevada a vertederos ubicados dentro de comunidades mapuches, siendo éstas propietarias de menos del 15% de la superficie regional.

Los vertederos municipales llevaban ya instalados de 10 a 15 años dentro de las comunidades y plantas de tratamiento de aguas servidas comenzaban a instalarse en territorio escogidos por las empresas y las instituciones públicas, incluso en las mismas comunidades donde estaban los vertederos, como en Lumaco y la comunidad Pililmapu, o Villarrica y la comunidad Pedro Ancalef, donde está el antiguo vertedero, el relleno sanitario y la planta de tratamiento de aguas servidas de la comuna.

El efecto de la denuncia fue notorio. El Estado de Chile nunca había enviado los informes de implementación de la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, así es que junto con contestar a las preguntas del comité sobre la denuncia, el Estado tuvo que redactar un informe consolidado de la implementación de la convención desde el año de su ratificación en 1971. Un tema a nivel regional tomó relevancia a nivel central, lo que significó más presión para las autoridades regionales y una ratificación de la existencia de la problemática por parte de un organismo internacional. El 2009 el CEDR emitió recomendaciones al Estado de Chile, dentro de las que se encontraba una en específico sobre la denuncia por racismo ambiental, recomendando al Estado desarrollar una política específica para la solución del problema, así como estudios científicos para determinar los impactos generados por los vertederos y las Plantas de tratamiento de aguas servidas en las comunidades. 8 años más tarde estas recomendaciones fueron cumplidas y la región de La Araucanía es una de las pocas en el país que cuenta con una política regional de gestión de residuos. El 2018 se entregaron los resultados del Estudio regional de Diagnóstico de Impactos de Vertederos y PTAS en la región de La Araucanía. A pesar de que ambos documentos (la política y el estudio) no son exactamente lo que se requería, representan un avance en el reconocimiento de los daños generados. La implementación de esas dos recomendaciones jamás hubiera ocurrido sin el trabajo constante de la RADA y las comunidades afectadas, que todavía seguimos planificando acciones para lograr acercarnos a la justicia ambiental. A la fecha al menos nueve vertederos que estaban ubicados en comunidades mapuche de la región, han sido cerrados. La basura sigue allí emitiendo contaminación, y en casi todos los casos los planes de cierre (medidas para minimizar y controlar las emisiones de contaminación) no han sido ejecutados como es debido, pero al menos se dejó de llevar basura a esas comunidades.

Pese a los avances y la lucha constante, la gran amenaza de hoy es el TPP- Tratado Transpacífico que entre otras aberraciones someta a chile a las transnacionales donde las ganancias de las compañías quedan por sobre cambios legales o administrativos que ocurran en el país, desde el aumento del sueldo mínimo hasta el cambio en la constitución, pasando por el fortalecimiento de toda la legislación ambiental que hemos alcanzado, es un nefasto retroceso en los derechos y lucha.

Los Dº ambientales de las comunidades indígenas y la criminalización de los dirigentes mapuches en la Araucanía, son de las problemáticas ambientales territoriales innegables, ¿Consideran que el estado de Chile ha cedido wallmapu como zona de sacrificio y escondido bajo el tapete las reales estrategias bajo conceptos como “el terrorismo”?

El concepto de zonas de sacrificio es más atingente a zonas como Quintero- Puchuncaví y Ventanas, donde las emisiones de contaminación son tan evidentemente altas que la población debería ser evacuada, o las industrias simplemente deberían ser cerradas, pero se mantienen funcionando porque son fundamentales para mantener el modelo de desarrollo económico del país, y la población permanece allí porque brinda los trabajadores necesarios para hacer funcionar las industrias. En la Araucanía lo que hay responde mejor al concepto de extractivismo, donde los recursos naturales, o los bienes naturales comunes, son apropiados por privados y explotados de manera intensiva (a velocidades muy rápidas) y en grandes superficies. Más de la mitad de esos recursos son extraídos para exportarlos en forma de materia prima virgen a mercados internacionales que los manufacturan y vuelven a vender, pero con mejores precios y sin asumir los daños ambientales de la extracción (porque esta ya ocurrió en el país de origen de los recursos). El pueblo mapuche ha resistido desde la llegada de los españoles la instalación de este modelo económico extractivista, y por tanto siempre ha significado una amenaza al avance de este modelo. La ley antiterrorista es un marco legal que permite la criminalización de cualquier persona que signifique una amenaza para la profundización y permanencia de este modelo. El delito terrorista por ejemplo, no está definido con precisión, entonces le pueden poner el apellido “terrorista” a casi cualquier cosa. Y los procesos judiciales bajo la ley antiterrorista permiten una serie de faltas al debido proceso, por ejemplo no existe la presunción de inocencia, permite la prisión preventiva sin mayores pruebas en contra de la persona acusada, y permite el uso de testigos no identificados que en la práctica significa que la defensa no tiene cómo comprobar la veracidad o falsedad del testimonio aportado por la persona no identificada. Así, se han dado casos como el de Luis y José Tralcal, donde ambos contaban con pruebas de su inocencia pero fueron condenados a 18 años de cárcel, aun desestimándose el carácter terrorista. Una prueba más fehaciente de la criminalización de dirigent@s mapuche defensores del medio ambiente, es la prisión preventiva en la que se mantiene al Lonko Alberto Curamil desde agosto de 2018, acusado de participar en un asalto, sin haber todavía un juicio. El lonco Curamil fue un actor preponderante en la lucha contra los proyectos hidroeléctricos Doña Alicia y Alto Cautín, ambos finalmente rechazados. Alberto Curamil recibió en abril de 2019 el premio Goldman, que se otorga a importantes defensoras y defensores del medio ambiente, como reconocimiento a su lucha y las injusticias que se cometen en sus territorios.

¿Consideras responsable del actual estado ambiental al Sistemas de producción y de consumo imperante en Chile y como se plantean la necesidad de generar cambios de conciencia en una sociedad capitalista e inmediatista?

 Precisamente es el sistema económico global el que ha generado la catástrofe ambiental mundial que hoy en día vivimos. Y el sistema económico global se viene configurando desde hace cientos de años, tal vez miles, con la construcción de imperios que a sangre y hierro imponían sus tributos sobre culturas menos bélicas. Así Europa se fue configurando como el continente colonizador que aprovechaba los recursos naturales y los pueblos de otras tierras, usando el racismo como excusa para imponer una falsa superioridad cultural sobre los pueblos originarios de muchas partes del mundo, por cierto del continente americano. Cientos de pueblos fueron masacrados con la finalidad de enriquecer los imperios europeos y permitir la instalación de colonias que saquearan in situ los territorios. Luego de las independencias de los países recién formados, esta misma situación se mantuvo, solo que con mandos medios que vendrían siendo los gobiernos americanos, que siguieron manteniendo las mismas lógicas racistas y etnocentristas de las coronas, con el estándar de vida europeo como el único deseable de alcanzar, sin considerar los impactos ambientales, sociales, económicos y culturales que se requiere para lograrlo. Hoy en día los países siguen buscando vivir como en Europa, el estándar del desarrollo autonombrado, pero se olvidan los países de lo que se ha necesitado para llegar a eso, genocidios, saqueo, destrucción, esclavitud, infinitos impactos ambientales y un enorme gasto de energía y recursos naturales. Tanto es el gasto de energía y recursos de los países de Europa, que si todos los habitantes del mundo viviéramos con ese nivel de confort, necesitaríamos cuatro planetas tierra. Por lo tanto es absurdo que nos planteemos vivir tod@s como europeos. Tenemos que comenzar a valorar las formas de vida de los pueblos originarios, que son mucho más sencillas y menos ostentosas, pero que son sustentables. Tenemos que comenzar a buscar el buen vivir, y no un desarrollo que nos llevará cada vez más cerca de del precipicio.

El pasado 13 de marzo, participaste de la 4ta asamblea de la ONU por el Medio Ambiente en Nairobi, Kenia. ¿Cuáles fueron las problemáticas y los resultados del panorama ambiental local y global? ¿Cómo se inserta Chile en ese escenario?

Mi participación como miembro de la Red de Acción por los Derechos Ambientales se dio en el marco de la membrecía de la RADA en GAIA (Alianza Mundial por Alternativas a la Incineración) por nuestro trabajo en la lucha contra la incineración de residuos y en la promoción de la estrategia Basura Cero. Entonces, aunque en la asamblea de la ONU Medio Ambiente se trataron varios temas (biodiversidad, geoingeniería, agenda y otros), nos concentramos en los temas de residuos como los plásticos en el mar, la gestión de recursos y residuos, y la producción y desuso del plástico en el mundo. La RADA junto a GAIA, Breack Free From Plastic, CIEL (Centro de Legislación Ambiental Internacional), Greenpeace, IPEN (Red Internacional para la Eliminación de COPs), recicladores de Sudáfrica y Brasil, ente otras, estuvimos promoviendo la adopción de un convenio internacional que apunte a la regulación de la producción del plástico y la reducción de la contaminación del mar con estos contaminantes no biodegradables. El panorama lamentablemente es obscuro: todas las negociaciones fueron torpedeadas por unos pocos país liderados por Estados Unidos. Dado que los plásticos provienen de la industria del petróleo, controlar su producción implica controlar la extracción del petróleo, cosa fundamental para enfrentar los desafíos ambientales globales de la actualidad. Pero con gobernantes como Donald Thrump apoyados por los Países Árabes y por Brasil y Argentina, esas importantes decisiones tendrán que esperar. Chile jugó el peor de los roles en esta importante cumbre ambiental: el de la pusilanimidad. Los representantes oficiales de Chile jamás abrieron la boca ni señalaron ninguna posición. Solo ocupaban los asientos para ser espectadores de cómo las posibilidades de asumir las decisiones necesarias se iban al carajo. Es el mismo rol que ocuparon la mayoría de los países. Solo algunos como las Islas del Pacífico, Noruega, la Unión Europea y Nueva Zelanda le hicieron frente a la alineación Estados-Petroleras. No fue suficiente. Esperamos para la próxima, el escenario político haya cambiado, y tengamos representantes que defiendan los derechos de las personas, de los pueblos y de la naturaleza, en lugar de los de las corporaciones y su propio trasero.

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