Mayo 2020

La premura con la cual es gestionado un paquete de leyes laborales y reformas, en el contexto de pandemia y urgencia sanitaria, nos revela la complementariedad que existe entre el mundo empresarial y el poder político.

En definitiva, nos viene a confirmar algo que pese a que muchos/as tenían claro, hoy nos permite confrontar a las y los incrédulos: es la fuerza del poder económico imperante, junto a toda su estructura institucional, la que hace uso y abuso de su hegemonía para proteger al gran capital en vez de ayudar a su pueblo en medio de la mayor crisis sanitarias de los últimos cien años.

Todos los “suma urgencia” emitidos desde el gobierno de uno de los empresarios más ricos del país, Sebastián Piñera, enfocan su preocupación y esfuerzo para responder y entregarle al sistema económico nuevas herramientas de explotación con reformas laborales que van en desmedro de las condiciones de vida de las y los trabajadores, cuestión que sin duda nos preocupa y nos mantiene alertas.

Un claro ejemplo es la promulgación de la ley de teletrabajo o trabajo a distancia, la que no considera las condiciones materiales claras de implementación del sistema, la seguridad de los trabajadores/as, o la posibilidad de negociación por parte de estas/o las condiciones.

Respecto a lo anterior, la única certeza refiere a la precariedad en la que deja a trabajadoras/es no organizadas/os, ante la imposibilidad de negarse o reclamar mejores condiciones, en tanto les expone al despido inmediato, y en el mejor de los casos a someterse a un juicio que dura varios meses.

“A buen entendedor pocas palabras”, la única solución es la explotación, el aprovechamiento de la pandemia para reducir costos y asegurar la ganancia anual del empresario. El actual escenario no es más que oportunismo empresarial y una corrida de cerco en favor del modelo capitalista, en directo perjuicio del mundo de las/os explotadas/os.

Otro ejemplo claro de lo que estamos señalando es lo ocurrido el pasado 30 de abril, cuando Cencosud realizó una junta de accionistas donde además de anunciar la llegada al directorio de Felipe Larraín, ex ministro de Hacienda de Piñera, anunció la repartiración entre sus accionistas de cerca del 80% de sus utilidades del año 2019, las que ascendían a un total de $91.360 millones. Mientras todo esto ocurría, paralelamente las empresas de su Holding, Paris y Johnson se acogían a la ley de “protección” del empleo.

Más de 150 mil trabajadores que han debido hacer uso de los seguros de cesantía, provienen justamente de este tipo de grandes empresas que utilizan las actuales leyes como paraguas para no tocar sus utilidades.

Ser consciente de esto implica analizar este tipo de leyes que solo vienen a reforzar un modelo económico que nos ubica entre los peores países en cuanto a distribución del ingreso  y con niveles de desigualdad que nos llevan a encabezar el listado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lugar que ya ocupábamos previo al 18 de octubre de 2019 y la actual pandemia.

 

El gobierno de turno nos dice por todos los medios oficiales que estas leyes serian el único mecanismo para salvaguardar la “economía nacional” y utilizan las pymes como bandera de lucha.

Mientras tanto vemos que los beneficiados reales  son las grandes cadenas y transnacionales, que son los mismos que tienen a miles de trabajadores/as con denuncias en la Inspección del Trabajo  por despidos injustificados.

También escuchamos los anuncios del aumento del gasto fiscal para ir en ayuda del mundo empresarial que abusa de las/os trabajadoras/es estos. Siendo estos mismos empresarios que usufructúan el dinero que mes a mes son usurpados por las Administradoras de Fondos de Pensiones, Isapres, Bancos, Retails, entre otros.

Resulta que hoy nos toca salvar a estos ladrones opresores, ¿Quién le preguntó a las y los trabajadores?  ¿Quién le preguntó a  los miles de trabajadores/as a honorarios, que ni si quiera son reconocidos por el código del trabajo?, ¿o al verdadero emprendedor/a que está pagando tasas de interés que son de usura máxima?, ¿De verdad las y los trabajadores queremos salvar esta “economía”?.

Para responder esto, no podemos dejar de tomar en cuenta que durante el 2019 el 54,3% de los trabajadores ganó en promedio menos de $350.000 líquidos y el 74,3% de los trabajadores promedió menos de $500.000 líquidos.

Esto quiere decir que un poco menos de 8 millones de trabajadoras y trabajadores  no alcanza  a ganar más de 350 mil pesos, evidenciando que la PIB nacional se concentra en el 1% más rico. Mientras tanto, siguen aumentando la brecha salarial entre el 10% más rico y el 10% más pobre.

Entonces la pregunta es, ¿Qué queremos salvar?, ¿podemos estar peor aún? ¿Por qué no construir algo nuevo desde abajo para todas y todos?, ¿Qué que nos retrasa en tomar la decisión de ejercer un poder real con conducción  auténtico desde las/os trabajadoras/es, pobladoras/es, estudiantes, adultos mayores, disidencias sexuales, pueblos originarios, entre otras diversidades?

Llego el momento de tomar la iniciativa, el cambio de modelo es necesario, y si es necesario es posible. 

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