13 desalojos programados dirigidos por el intendente regional, Jorge Martínez, y el jefe de defensa, Yerko Marcic, se están realizando en la Región de Valparaíso, en complicidad con gobernaciones y alcaldes.

El fuerte contingente policial y el uso excesivo de la fuerza han sido la constante en los últimos tres desalojos de tomas de terrenos en Playa Ancha (comuna de Valparaíso); Belloto Sur (comuna de Quilpué); y Miraflores (comuna de Viña del Mar). Todos los procedimientos han sido acompañados de FFEE y personal municipal de las alcaldías de las distintas comunas en la primera quincena de  junio.

Los desalojos programados corresponden a tomas de terrenos fiscales realizadas por los pobladores sin techo de la región. Construcciones precarias que se han instalado con la idea de tener una casa propia y un techo donde pasar el invierno y enfrentar la crisis sanitaria del Covid-19. Claramente la decisión política del intendente Martínez, respaldado por el jefe militar de Defensa, sitúa este conflicto en una arremetida calculada y sin escrúpulos, en días previos a que se declarara cuarentena total en la región.

Dejar a gente sin techo en el inicio del invierno, en medio de la crisis del virus respiratorio más letal en 100 años, revela la utilización política de la pandemia para resguardar intereses inmobiliarios y clasistas. Todo esto respaldado por las municipalidades, la fuerza militar, las policías y su represión desmedida contra las/os pobladoras/es que ocupan estos terrenos.

En las circunstancias actuales, los desalojos en terrenos fiscales no debiesen ser prioridad por sobre la salud y vida de los habitantes de la región. Sin embargo, el intendente ha declarado la guerra contra las tomas, criminalizando el ejercicio de este derecho humano básico, justificando su accionar con acusaciones infundadas, como por ejemplo al vincular el  asesinato del empresario Alejandro Correa perpetrado por el sicario colombiano – apodado el Paisa – argumentando que el empresario supuestamente habría sido amenazado de muerte por pobladores de una toma de terreno de su propiedad.

Además, el Intendente refiere que “En varias (tomas) hay fines delictivos para luego vender los terrenos”, acusación que no sólo justifica su accionar, sino que también intenta encubrir el interés inmobiliario y clasista que motiva esta decisión atentatoria contra los derechos humanos y la salud pública.

 

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Violentos desalojos que vulneran el derecho a la vivienda han tenido lugar en el Gran Valparaíso, al rededor de 300 personas, incluyendo a familias con niños, niñas y adultos mayores.

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