Por Ethan Martínez. 

En el mes de septiembre debe ser enviada al Congreso la ley de presupuesto 2021, una agenda económica que distribuye los recursos financieros para gastos públicos. En medio de la discusión por el retiro del 10% de las AFP, cuando la cesantía avanza a un pulso sin freno y el hambre se apodera de las poblaciones, es que surge la interrogante si esta vez el gobierno tendrá una pizca de conciencia para abordar esta crisis sanitaria, social y económica o continuará derrochando el presupuesto 2021 en armamento para reprimir a la población, como lo fue durante la rebelión social.

La actual ley de presupuestos está lejos de ser un financiamiento que ayude a mitigar la fuerte crisis que cruza el país, debido a que los recursos están orientados seriamente a mantener y estancar todo proceso social. Dicho en otras palabras, en 2020 el gobierno asignó de manera desbordante los recursos financieros en áreas que están lejos de socavar la desigualdad, en efecto una estrategia económica para perpetuar un año más la pobreza territorial.

La ley de presupuesto trae consigo lo que institucionalmente es llamado gastos reservados (Ley 19.863), una facultad que está exclusivamente dirigida a la Presidencia, Ministerio de Defensa, del Interior y Relaciones Exteriores. Son gastos que no son transparentados, de ahí su naturaleza secreta, exentos de justificación, detalles precisos, regulación, control y seguimiento estricto. Se rinde cuenta de manera anual y de manera genérica, dejando en imposibilidad de saber su ejecución. Lo que vuelve pertinente preguntarse ¿cuáles son las razones políticas de mantener los gastos reservados exclusivamente en esos ministerios?

El Ministerio del Interior y Seguridad Pública fue financiado con un ingreso de tres billones 605 mil 257 millones 24 mil pesos, de los cuales a Carabineros se les entregó un billón 181 mil 555 millones 677 mil pesos, 65 mil millones más de lo que le destinó en 2019. Y por si les fuera a faltar, se les adicionaron los gastos reservados de 365 millones 938 mil pesos. Este ministerio es el “niño bien portado” del gobierno, en cuanto a su rol letal de represión, control, coacción y violación de derechos humanos. Un ministerio que se ha levantado a punta de mutilaciones, agresiones y repudio hacia al mismo pueblo, con dos ministros como Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel que seguramente deberán responder por lo sucedido durante el estallido ante los tribunales internacionales.

El soberbio presupuesto entregado a esta policía es la antesala del costo financiero para reprimir una revuelta, manifestación o agitación social. Esto lo demuestra el desembolso que implicó acallar el estallido social del 18 de octubre. En solo diez días de agitación, Carabineros gastó a nivel nacional la suma de 1.175 millones de pesos en bombas lacrimógena. Y de esos, 796 millones 632 mil 539 pesos los usó en la Región Metropolitana, de acuerdo con la Ley de Transparencia.

El brutal escenario de armamento y militarización policial en Chile tiene un potencial proveedor: Israel. Así, la revuelta del 18 de octubre se presenta como un campo de experimentación para conocer los resultados de la tecnología en armamento adquirida; artefactos de reconocimiento facial, municiones, cascos, drones. Lo cual se suma a los 10.700 millones que costaron los vehículos de Fuerzas Especiales comprados entre diciembre 2019 y marzo 2020 a Israel.

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MINISTERIOS QUE RESGUARDAN LA MONEDA

Las cifras no cesan en materia de armas y tecnología militar, pues el Ministerio de Defensa recibió este año mil 882 millones 785 mil pesos. De ellos, el Ejército obtuvo 571 mil 742 millones 473 mil pesos, 10 mil millones más que en 2019, y por si fuera poco se les adicionaron los gastos reservados de mil 482 millones 294 mil pesos. De esta manera, se refuerza la lógica-acción por Piñera en proporcionar financiamiento de manera soberbia a los ministerios que resguardan y cuidan su puesto en La Moneda.

El Ejército no se queda atrás en la capacitación, preparación y compras a Israel. No es una coincidencia que el exterminio a Palestina se replique de igual manera desde esta parte del cono sur, siendo compradores empedernidos en armas y equipamiento desde lo que fue la dictadura cívico-militar de Pinochet. Piñera ha querido seguir con el legado, no por nada la Armada, Ejército, Fuerza Aérea y Carabineros tienen fuertes vinculaciones de compra y preparación israelí; misiles, fusiles y vehículos.

La Armada se financia con 388 mil 362 millones 652 mil pesos, 357 mil millones más que el presupuesto de 2019 y se suman los 177 millones 530 mil pesos de gastos reservados. Por su parte, la Armada desde el 2016 y profundizando en 2019 destaca por su compra de armas y material militar, entre radares, lanchas antimisiles y defensa antimisil a alrededor de 15 empresas israelíes. 

En contraposición, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia se presenta con 675 mil 182 millones 121 mil pesos, 30 mil millones más de lo que fue en 2019. Un ministerio que está derechamente destinado a erradicar la pobreza, mediante la movilidad e integración social, lo que a través de su presupuesto es imposible de lograr. Solo basta recordar que, de acuerdo con los índices de pobreza multidimensional, entregados por la encuesta CASEN 2017, 3 millones 530 mil 889 personas se encuentran en situación de pobreza multidimensional, es decir, en las cinco dimensiones: educación, salud, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno, redes y cohesión social.

Vale preguntarse entonces, ingenuamente, cuál es la lógica de reforzar los cordones de seguridad pública y defensa nacional de manera desproporcionada con la realidad que ha marcado la pobreza como segregación social. Negocio, la pobreza es el gran aliado de Piñera, pues la identidad del pobre se construye a partir de la institución, nadie le pregunta si se siente o es pobre, pues, el propósito es dominar la clase social previamente inventada, y aquí se retoma la pregunta ¿cuáles son las razones políticas de mantener la pobreza? Lo que apunta a la ética y el poder, una posición y decisión político-estratégica, que da cuenta de una verdad y un régimen de realidad que se ha ido refundando. Las/os pobres, a los que se les atribuye ser poco capaces, desde una semántica discriminadora, requieren circuitos para sacarlos de su situación y hacerlos transitar hacia el pseudo desarrollo con préstamos, créditos, AFP. En fin, con consumo.

En dos meses más sabremos si habrá un cambio en la dirección de recursos financieros para el 2021. La situación país de crisis sanitaria y socioeconómica puede ser un motor para empujar los intereses a inyectar recursos en las áreas de consolidación social, reforzando aquellas totalmente abandonadas hasta la fecha: Ministerio de la Mujer, Desarrollo Social, Transporte, Previsión Social, etc.

En definitiva, contando o no con una ley de presupuesto 2021 a favor o en contra de las necesidades sociales, el escenario actual ofrece la invitación a comenzar a pensar estrategias de acción comunitaria con y para las personas, como lo está siendo hoy la proliferación de ollas comunes en gran parte del territorio, un ejemplo de cómo generar formas de cohesión social en este Chile en crisis.

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