TERRITORIO DE LUCHA. Manifestaciones y barricadas en Villa Pedro Lagos frente al descontento social de las autoridades. Arica julio 2020.

Por Amadalía Díaz & Ethan Martínez.

La sexualidad en Chile ha sido un tema abordado públicamente desde 1967, sin embargo, su camino se ha visto fuertemente interrumpido y/o alterado por intereses institucionales y la actual Constitución de 1980.

La salud sexual y reproductiva ha oscilado en proceso y retroceso, debido a las voluntades políticas de cada gobierno, las presiones desde sectores conservadores y a causa de imposiciones en cómo se crean y ejecutan las políticas en el territorio, por la herencia de la dictadura cívico-militar.

Es ahora, en plena crisis socioeconómica y sanitaria, que la sexualidad tensiona el discurso de derechos humanos frente al gobierno de Piñera, quien ha orientado la agenda de la política de salud sexual a reforzar el rol de la mujer a espacios de maternidad y familia, soslayando entrar en terreno de sexualidades marginales, que esperan hoy la atención y servicio garantizados por el Estado.

El fenómeno COVID-19, crisis sanitaria y confinamiento, ha impactado en la esfera pública cuando de salud sexual y reproductiva se trata. Han sido los centros de salud públicos los que se han visto saturados por la emergencia sanitaria, provocando la vulneración sistemática de diferentes derechos.

Según la primera encuesta sobre acceso a salud sexual y reproductiva de la Corporación Miles (2020), cuatro de cada diez personas han manifestado problemas para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, un 72% vio dificultades en el acceso a métodos anticonceptivos y preservativos, un 34% por falta de stock y porque el centro de salud no estaba prestando el servicio, y un 30% por el alza de precios. Así mismo, uno de cuatro solicitó la prueba del Papanicolaou y un 85% no pudo realizarla, un 80% no pudo acceder a atención sobre diagnóstico y/o tratamiento de infecciones de transmisión sexual (ITS) y de un 16% que solicitó examen de detección de VIH, el 90% no pudo hacerlo.

Tampoco se sigue facilitando la terapia antirretroviral en personas VIH+, menos las terapias hormonales para las/os trans, ni el cambio de la DIU, las horas ginecológicas y para matrones se cancelan presencialmente y no se están realizando exámenes para detección de ITS. Además, los procesos de aborto siguen siendo más seguros con las/os amigas/os y en la casa (aunque el misoprostol está escaso).

La tardía y nula respuesta del estado y sus instituciones, específicamente por el ministerio de Salud respecto de la sexualidad como un derecho humano que se debe garantizar, satisfacer y resguardar no ha sido, ni es una prioridad. La omisión y nulo pronunciamiento es parte de la violencia institucional que estos meses han marcado la agenda de los derechos sexuales y reproductivos. Y el actuar de este macho opresor, vuelve a quedar impune. Como cada abusador que usa el silencio para chantajear: <<pero, si yo no hice nada…>>, invisibilizando cada grito que exige respeto, hasta que te aprecia débil, inseguro/a, dilemática/o y alejada/o de ti misma/o.

Así se individualiza a las/os chilenas/os, se les aleja del bienestar, de su tranquilidad y de la satisfacción y acceso a sus derechos, introduciendo en las relaciones y sus sexualidades un poder y control, a favor de las políticas neoliberales, colonial-racistas, adultocentristas y cisheteropatriarcales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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