Manipulación de pruebas por carabineros en el contexto de la toma de la municipalidad de Curacautín por comuneros mapuche.

Javier Aliaga.

En Chile ha existido una fuerte tendencia institucional de frenar con brazos armados acciones e intervenciones político-sociales que funcionen como desestabilizadores de la elite. Este sostenido contexto de agitación y conflicto llevó a desarrollar –por parte del poder institucional- una serie de mecanismos y operaciones que permiten sujetar la sublevación y aniquilarla mediante fuerzas punitivas de carácter judicial-carcelarias.

La ley antiterrorista y el montaje político se levantan como dispositivos político-judiciales para criminalizar la acción social contestataria de un pueblo que se rebela.

Un montaje político es básicamente crear y representar -a partir de una situación social en conflicto- una historia estratégicamente diseñada que permita criminalizar a los antagonistas, presentando una serie de pruebas previamente seleccionadas para argumentar la criminalización, de esta manera se crea un espacio casi “performático sobre una situación social.

Basta con recordar lo que fueron el montaje político-mediático del llamado “caso bombas” y la “operación salamandra” (2010), un despliegue policial que rayó en el delirio tras el acérrimo interés de allanar lo que en ese entonces estaba siendo la proliferación de casas okupas como centros contraculturales, y a quienes se les incriminó de  la confección y colocación de bombas en la ciudad.

En 1984 se promulgó la Ley Antiterrorista paradójicamente bajo un contexto de dictadura cívico-militar y de violación sistemática a los derechos humanos. La ley en sus inicios se aplicó a grupos antagonistas que representaban un peligro y amenaza en desestabilizar la tiranía de Augusto Pinochet.

La ley establece como terrorismo la acción que “se cometa con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie” o bien también colocar, activar y/o arrojar “armas o artificios de gran poder destructivo o de efectos tóxicos, corrosivos o infecciosos”.

De esta manera, la herencia dictatorial deja institucionalmente instalado un enemigo interno -o externo- imaginario. Un enemigo que se necesita para justificar las medidas represivas, de control y armamentistas. Es bajo el fuerte contexto de resistencia y luchas donde las autoridades de turno y el poder institucional ven la construcción del otro, de un otro terrorista: comunista terrorista, mapuche terrorista o estudiante violento-contestatario.

Siguiendo en ese sentido, la dura lucha que ha venido resistiendo el pueblo mapuche frente a la fuerza policial ejemplifica los intereses de aplicar el montaje y la Ley Antiterrorista particularmente en esta situación: la ocupación total y definitivita de Wallmapu. Sin ir más lejos, solo hay que recordar el despliegue policial que implicó el montaje de la llamada “Operación Huracán”, donde se detuvieron a ocho líderes mapuches bajo el cargo de asociación ilícita terrorista por la supuesta participación en la quema de camiones en zona mapuche.

Sin embargo, hoy la credibilidad de la institución policial junto al Ministerio del Interior no hay quién la sustente. Se convirtieron en el enemigo interno que el mismo poder creó, entonces la pregunta es ¿quién es el terrorista? ¿Un pueblo que defiende sus tierras con huelgas de hambre, resistencia, voz y fuerza; o la institución que realiza desplazamiento forzados, mutilaciones oculares, vuelca sus armas contra el pueblo y gasea la ciudad con armas químicas?

La violencia política y quienes la ejercen han comenzado su proceso autofagocitante del cual nos queda resistir y sobrevivir, dirigir la energía vital a las luchas instaladas y vencer.

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