SENAME vulnera derechos de niñas, niños y adolescentes y explota a trabajadores y trabajadoras que deben ejecutar estas políticas públicas.

Por Ramiro Orellana Riffo. 

Un artículo respecto del SENAME podría abarcar una enorme cantidad de dimensiones, que no estamos en condiciones ahora de analizar. Nos ocuparemos, exclusivamente, de mencionar los hitos que dan cuenta de la relación entre la creación del SENAME, la estructuración del Estado privatizador, creado por la Dictadura militar, y la continuidad del modelo, producto de la política de los gobiernos “democráticos” que han sucedido a la dictadura. Es esta relación mercantilista la que ha determinado las crisis periódicas que han sacudido al SENAME y las desgraciadas consecuencias que de ella se derivan para las niñas, niños y adolescentes de los sectores populares en Chile, cuestión que, por razones de espacio, no podemos profundizar en esta ocasión.

En primer lugar, es necesario destacar que el Estado chileno se reestructuró radicalmente a partir de fines de la década del 70. La dictadura cívico-militar se tomó el tiempo desde septiembre 1973 hasta inicios de 1979, para preparar las medidas de reestructuración del Estado, modificando la forma de administrar el capitalismo en Chile. Así es que se pasó del Estado capitalista de Bienestar, instalado desde aproximadamente la década del 30 al nuevo Estado Neoliberal subsidiario, que rige hasta ahora en nuestro país. Entre fines del 1979 y durante 1980, recordemos que se aprueban leyes como: la que pone en funcionamiento el nuevo sistema de previsión social, iniciando la fraudulenta gestión de las AFP; se pone en vigencia el nuevo Código Laboral, conocido en su época como el Código Patronal; la nueva ley de Universidades; etc., entre otras.

La Política Infanto juvenil no podía ser la excepción al nuevo modo de administrar el capital que se imponía en Chile. El 10 de Enero de 1979, se crea un nuevo servicio para ocuparse de la infancia y la Juventud en Chile, de esta manera, se dicta el Decreto Ley N° 2.645 creando el Servicio Nacional de Menores, (SENAME) que fija el texto de su ley orgánica y que, en su tercer considerando estipula, fundamentado su creación, que “aun cuando el Consejo Nacional de Menores fue creado para cumplir esa función, la experiencia ha demostrado que el sistema existente adolece de numerosos vacíos e imperfecciones, …”. Tenemos entonces, así expuesta, la razón por la que se crea el SENAME que dentro de sus tareas principales establece, en el artículo 3°, numeral 6, la siguiente misión: Estimular la creación y funcionamiento de entidades y establecimientos privados que presten atención y asistencia a los menores de que trata esta ley.”[i]

Para asegurar el financiamiento de las “entidades y establecimientos privados” creados en virtud de la misión encargada al SENAME, la Dictadura dicta el Decreto con Fuerza de Ley 1385 (DFL-1385), que se publica el 6 de noviembre de 1980 y que “Establece régimen de subvenciones para las instituciones colaboradoras del Servicio Nacional de Menores”. No es menor prestar atención al nombre con que se nomina este decreto con fuerza de Ley, ya que hasta en eso los futuros gobiernos post-dictatoriales serán fieles continuadores de la herencia dictatorial. Tal decreto establece que el financiamiento se realizará a través del pago de una subvención por la atención diaria que los organismos privados colaboradores “acrediten” ante el SENAME.

Se abre, así, paso a las más “ingeniosas” y truculentas formas de obtener recursos estatales y de lucrar con la pobreza. Se trata de un nuevo nicho para realizar jugosos negocios a las emergentes empresas privadas, que cubiertas con un discurso filantrópico, que se escudan con la excusa de constituirse como organismos “sin fines de lucro” ejecutan las políticas públicas para la infancia y la adolescencia. Conocemos el resultado que tales políticas han producido durante las cuatro décadas que han regido y que, aunque sus acciones no cautelen los derechos fundamentales de las niñas, niños o adolescentes, jamás han dejado de percibir los recursos que generosamente el Estado les provee, con todos los gobiernos que han regido, desde la dictadura militar a todos los gobiernos post-dictatoriales.

Es así como el 11 de julio de 2005, se promulga la ley 20.032 que, parafraseando el DFL 1385 dictatorial, “Establece un sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del SENAME y su régimen de subvención”. Con un poco más de adorno conceptual se mantiene intacto el espíritu y el nombre que la dictadura hereda a sus sucesores “democráticos”. Sin modificar, sustancialmente nada, todo sigue igual. Más aún, se amplían las garantías para que, incluso, algunos de los organismos colaboradores del SENAME se transformen en verdaderos consorcios empresariales que diversifican sus actividades, al alero de la protección del Estado y sus gobiernos. La ley de subvenciones entrará plenamente en vigencia en junio de 2007, a la espera que se apruebe el Reglamento de la ley 20084 que “establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la Ley Penal”, promulgada en junio de 2005.

Es este el contexto en el que se discuten actualmente varios proyectos de Ley que propagandísticamente, se presentan como la solución a las crisis que han sacudido al SENAME y que resulta imposible de ocultar. Esto debe ser materia de otra reflexión, sin embargo, es necesario que las trabajadoras y los trabajadores, en los diversos programas del SENAME y de las OCAS, estemos atentos y los estudiemos. Pues tras las promesas de renovación y cambios, nuevamente todo sigue igual. Algunos cambios cosméticos, no perjudican en nada el negocio de las empresas privadas, al contrario, nuevamente amplían sus posibilidades.[ii]

[i] Anecdóticamente, y para mantener fresca nuestra memoria, recordamos que junto con la creación del SENAME la Dictadura decidió traspasar a la Nueva Institución creada los Campos de Concentración tres y cuatro álamos, centros de detención y tortura de los opositores a la dictadura en Chile, para “rehabilitar a los adolescentes en riesgo social”. Los gobiernos “democráticos posteriores” han sólo administrado esta aberración, aceptando y naturalizando el que tales lugares funcionen, en la actualidad, como Centros para la detención de adolescentes, remitiéndose a declarar como Monumento Histórico el ex Centro de torturas y detenciones, pero manteniéndolo como centro de detención de adolescentes (Decreto N° 252 de 2012)

[ii] Necesidad de estudiar los proyectos de Leyes que crean, por un lado, El Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia, que en Mayo de 2020 entra en su segundo trámite constitucional y por otro lado aquel que crea El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Ambos proyectos, se encuentran bastante avanzados y modificarán negativamente el escenario en que nos desempeñamos laboralmente, al contrario, mejorarán las condiciones de explotación a que las y los trabajadores serán sometidos por la filantrópica empresa privada que seguirá ejecutando las políticas públicas para la infancia y la adolescencia.

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