JUAN CARLOS GÓMEZ LEYTON: DR. EN CIENCIA SOCIALES Y POLÍTICAS, DIRECTOR CIPPSAL

Por Juan Carlos Gómez Leyton.

La formación social chilena está marcada por el conflicto entre el capital y el trabajo. Y es al interior de ese conflicto donde hay que situar el triunfo de la Unidad Popular (UP), el 4 de septiembre de 1970. Dicho triunfo político electoral estuvo directamente relacionado con la capacidad del factor trabajo de desarrollar un efectivo contrapoder con capacidad política e histórica, constituyente. El poder de las/os trabajadoras/es y de los sectores populares que triunfó, es un poder subversivo y transformador de las fuentes del poder del capital.

Dicho contrapoder se había venido fortaleciendo, tanto social como políticamente desde fines del siglo XIX en adelante. Impulsó la lucha por la democracia social, política y económica, o sea, en otras palabras, impulsó el socialismo.

Democracia y socialismo en el proyecto popular fueron sinónimos y se potenciaban recíprocamente. Allí radicaba su fuerza política revolucionaria. El proyecto socialista de la UP y de Salvador Allende tenía como objetivo central: poner fin a la explotación del “hombre por el hombre” y la abolición de la propiedad privada de los medios de producción. Por consiguiente, el proyecto de la UP era abiertamente anticapitalista.

Tempranamente las primeras organizaciones proletarias y populares nacionales se plantearon la socialización de la propiedad y la creación de la propiedad social, que implicaba la socialización y/o estatización de la propiedad privada, especialmente, de los medios de producción ya sea financieros, comunicacionales, industriales, mineros y agrarios. Todo ello estuvo siempre en los programas revolucionarios de las/os trabajadoras/es y de los sectores populares desde fines del siglo XIX hasta 1973.

Así lo expresó, por ejemplo, Luis Emilio Recabarren en su proyecto de constitución política de 1921. Y el mismo artículo 7° establecía que “en la República Federal Socialista de Chile, sólo hay “propiedad social administrada por la “Asamblea Industrial”, por la “Municipalidad” y por la “Asamblea Nacional”. Y declaraba en su artículo 9 que “es propiedad social la tierra y sus productos, la manufactura, la habitación, medios de producción, elementos de servicios públicos, transportes y cuanto no sea       de inmediata utilidad o uso individual”.

Obreros y campesinos en concentración de la Unidad Popular, hacia 1970, fuente: memoriachilena.gob.cl
Obreros y campesinos en concentración de la Unidad Popular, hacia 1970, fuente: memoriachilena.gob.cl

En 1970 el Programa de la UP establecía como objetivo central la constitución del Área Social de la Producción. Y así lo justificaba: “Las fuerzas populares únicas buscan como objetivo central de su política reemplazar la actual estructura económica, terminando con el poder del capital monopolista nacional y extranjero y del latifundio, para iniciar la construcción del socialismo”.

Para tal efecto, el proceso de transformación de la economía se iniciaría con la política destinada a constituir un área estatal dominante, formada por empresas del Estado más aquellas que se expropiarían. Como primera medida se planteó la nacionalización de las riquezas básicas, como la gran minería del cobre, hierro, salitre y otras que estaban en el poder de capitalistas extranjeros y de los monopolios internos.

Entre el proyecto constitucional de Recabarren y el programa de gobierno de la UP existe una continuidad ideológica y política que permite sostener que la izquierda chilena y el movimiento popular tenía la convicción de que la única forma de superar la desigualdad y la explotación era poniendo fin al capitalismo. No obstante, la principal diferencia entre lo que postulaba Recabarren y la UP estaba en quien debía administrar la propiedad social. Para Recabarren era el poder local (los municipios), mientras que para la UP, era el poder central. La abolición de la propiedad privada se constituía para la izquierda en una condición necesaria y fundamental en la construcción de la sociedad socialista. La construcción de la democracia política y social plena requería además la democratización de la economía. Por esa razón, esa democracia era sinónimo de socialismo.

Entre 1970 y 1973 la lucha social y política que marcó el periodo estuvo signada por la democratización popular de la propiedad privada de los medios de producción. El impulso y desarrollo del poder popular se expresó en la estatización, socialización y ocupación por los trabajadores de cientos de centros productivos, lo cual evidenciaba la pérdida del poder de los sectores capitalistas. El poder social de las/os trabajadoras/es y de los sectores populares, entre ellos las/os pobladoras/es, campesinas/os e indígenas, expropiaban la base material del poder del capital: ese fue el contenido fundamental de la revolución socialista de la Unidad Popular, iniciada el 4 de septiembre de 1970.

Con el derrocamiento del gobierno popular en 1973, el poder del capital puso en marcha el proceso de restauración de su dominación y hegemonía. Para tal efecto debió destruir el contrapoder de las/os trabajadoras/es y de los sectores populares. Pero juntamente con esa destrucción, restauró el derecho de propiedad privada, que quedó consagrada con la Constitución Política de 1980.

Actualmente, la sociedad chilena se plantea nuevamente un cambio constitucional, sin embargo, en ninguno de los proyectos que se levantan para reemplazar la Constitución de 1980 tiene como objetivo político modificar la estructura real y efectiva del poder del capital, es decir, la propiedad privada de los medios de producción. Por esa razón, en Chile ya no se lucha por el socialismo.

 

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