Pablo Reveco Poblete. 

La indignación popular por la desigualdad social y económica se fue acumulando durante años e incluso mostró algunos indicios en movilizaciones por educación, salud, salarios, previsión social, medio ambiente, derechos de las mujeres, pueblo mapuche y justicia. Pero, no fueron tomadas en cuenta ni escuchadas por los políticos atrincherados en el modelo y la institucionalidad heredada de la dictadura. La indignación del pueblo, sin canales democráticos ni real participación para resolver sus básicas y numerosas necesidades, estalló como un tsunami social político que tomó por sorpresa a políticos de todos los colores y autoridades de todos los niveles e incluso a sectores de colectivos y organizaciones populares.

Como todos sabemos, la gota que rebasó el vaso fue el alza del pasaje del Metro en Santiago. Los primeros que reaccionaron fueron los estudiantes secundarios (como ha sucedido en varias oportunidades de la historia reciente) y se pusieron a la cabeza del rechazo a este abuso a los paupérrimos salarios de las familias trabajadoras. Las acciones de los estudiantes despertaron un gigante dormido social político que con furia se desató en el país. Lo que ocurrió en ciudades, pueblos y regiones fue más allá del tema original y comprende reivindicaciones sociales, económicas y políticas postergadas por casi medio siglo. Así aparecieron: aumento del salario mínimo a $500.000 y rebaja de la jornada laboral a 40 horas, salud pública y gratuita y baja de medicamentos, estatización del transporte, nacionalización del agua, condonación del CAE, estatización de la energía eléctrica, No +AFP si sistema de reparto, derechos efectivos de la mujer, fin a los abusos y robos de cuello y corbata, reconocimiento de los pueblos originarios y asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución que permita cambiar el modelo económico político.

Esta crisis social y política se había venido incubando desde inicio de la década del 90. El retorno a una democracia “protegida y de justicia en la medida de lo posible”, acumuló frustraciones que están en la base de la ira que se ha expresado y que aún se manifiesta en las calles.

Es iluso pensar que el país pueda volver a la “normalidad” que imperaba antes de la rebelión social política. Más bien estas jornadas de rebelión y lucha pueden pasar a la historia de Chile como una gran jornada de lucha popular que en el imaginario social político cambió la correlación de fuerzas. Sin embargo, sus resultados están aún por verse debido a la naturaleza espontánea y carente de dirección del levantamiento. En ese marco y apostando al cansancio es que, sale la “clase política” y la elite con su acuerdo por redactar una nueva Constitución el 15 de noviembre de 2019.

La superación de la crisis no consiste solo en dejar sin efecto el alza del transporte público y en prometer o entregar algunas concesiones o migajas en materia de salud, previsión y educación, que por lo demás son imposibles de satisfacer en el marco de la camisa de fuerza constitucional que impone el modelo que instauró la dictadura cívico militar.

El miedo a ser borrados del mapa por la indignación del pueblo los llevó a prometer cambios que ni siquiera intentaron cuando cogobernaron con la derecha mediante los famosos acuerdos y que todo se negociaba. Funcionaba la cocina política, la misma que se usó para llegar a un acuerdo por arriba el 15 de noviembre 2019.

El plebiscito tiene sus límites, pero igual es una herramienta que los sectores sociales populares tomaran, para seguir organizándose y luchando mediante la movilización y la acción directa en las calles, en las comunidades fortaleciendo los cabildos y asambleas territoriales.

La pandemia sanitaria para el gobierno y la elite ha sido providencial para mantener el control y cerco represivo, pero el malestar y las demandas siguen pendientes, y a nuestro juicio es la hora de darle mas cuerpo a la unidad, levantar con más fuerza las demandas, la acción común, las movilizaciones y la acción directa, por lo tanto, “aprobamos seguir luchando”.

 

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