ASESINATO COMUNICADORA POPULAR. Las autoridades tradicionales del Cabildo de Corinto cargando el ataúd con el cuerpo de uno de sus mejores comunicadores populares (Berta Camprubí)

Patricio Reyes Puelma. 

Tras el acuerdo de paz en noviembre 2016 entre las FARC y el gobierno colombiano, 200 simpatizantes de las FARC han sido asesinados por los paramilitares con la complicidad de la policía y las fuerzas armadas colombianas, y ha habido completa impunidad por estos crímenes.

Existe una ofensiva de los sectores derechista del continente en diferentes planos; tanto a nivel político como represivo que incluso podemos decir que se configuran niveles de genocidios, especialmente contra los pueblos originarios y los sectores populares que resisten y enfrentan esta ofensiva. Aun existiendo particularidades en cada país, este clima se extiende desde Estados Unidos – abusos y represión contra la población de origen afroamericana y los latinoamericanos-, México, Guatemala, Honduras, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Chile.

Pero, donde la ofensiva derechista y represiva   ha   sido   más   despiadada   hasta   ahora   es   en Colombia. Aquí aparece con mayor nitidez el concepto de estado fallido respecto a los Derechos humanos (DDHH). Es   más, muchos observadores   tanto   nacionales   como   extranjeros, así como   organizaciones sociales y humanitarias señalan que el estado colombiano no es capaz de asegurar el respeto a los derechos humanos y proteger a la población.

Podemos agregar que la historia de la época de la violencia en el país lo confirma y, más recientemente con el no respeto a los acuerdos de paz alcanzados en 1985 con la guerrilla, de donde surge la Unión Patriótica. Fueron asesinados más de 3000 miembros incluidos dos candidatos presidenciales y varios parlamentarios. Esta historia se repetirá con el acuerdo firmado por el gobierno con la guerrilla del M-19 en 1985 y que, al mes de su firma fuera asesinado Carlos Pizarro, jefe de este movimiento y candidato presidencial.

Lamentablemente la situación con el acuerdo de paz en noviembre 2016 entre las FARC y el gobierno   colombiano   no   muestra   diferencias   ya   que   han sido asesinados cerca de 200 simpatizantes de las FARC por los paramilitares con la complicidad de la policía y las fuerzas armadas colombianas, sin resultados de las investigaciones por estos crímenes.

Por otro lado, desde que asumió el actual presidente Iván Duque, la represión y asesinatos han sido   una   constante.   Su   gobierno   está   masacrando   a   sectores   importantes   de   la   sociedad colombiana. Es más, últimamente no solo a jóvenes, indígenas, ex guerrilleros y defensores de DDHH.   El   mes   pasado   la   represión   ante   movilizaciones   de trabajadores, jóvenes, indígenas o cualquier sector de la población que manifieste su descontento y proteste pacíficamente, es reprimido violentamente por la policía, como ha sucedido con el asesinato del abogado Javier Ordóñez que, estando reducido en el suelo, le siguieron aplicando golpes eléctricos con el dispositivo taser hasta la muerte.

La población en los barrios percibe a la policía y al ejército como fuerzas de ocupación que actúan arbitrariamente violando elementales derechos humanos, como ha quedado demostrado, en innumerables denuncias y documentos. Pero, la policía y las fuerzas armadas cuentan con grados de impunidad desde la reciente ola de actuaciones criminales de la policía contra el pueblo colombiano, que a la vez retrata la descomposición del régimen corrompido en el poder. La policía masacró a siete jóvenes en Bogotá y a tres en la vecina Soacha, y dejó centenares de heridos y detenidos. Pero, en realidad, la   policía y las   fuerzas armadas de Colombia son el   brazo ejecutante de una línea política represiva tendiente a mantener un modelo económico y político   que favorece   a   los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros del país.

CERCO A VENEZUELA

Mientras tanto, el presidente Iván Duque quiere jugar el papel de peón principal en la agudización del cerco imperial a Venezuela. En ese marco, están sus palabras con motivo de la visita   de   Mike Pompeo, secretario   de   Estado   de   EEUU   a   Colombia, donde   llamó “a   la comunidad internacional a   actuar contra el gobierno de   Venezuela”.  Obviamente que, Mike Pompeo agradeció el apoyo de Duque a la política internacional de Estados Unidos y por su respaldo “al presidente interino, Juan Guaidó”.

El presidente Iván Duque dio una conferencia conjunta con el secretario de Estado, Mike Pompeo, quien realizó una breve gira por algunos países de Sudamérica, cuyo objetivo declarado es aumentar la presión contra el gobierno venezolano. También el mandatario colombiano aprovechó la ocasión para agradecer a Estados Unidos la ayuda que presta a su país para combatir el terrorismo y el narcotráfico, sin ningún pudor por los pobres resultados que han obtenido en esta alianza y que, en verdad es la pantalla para mantener las nueve bases militares de   Estados   Unidos   en   territorio   colombiano para poder   intervenir   militarmente   en   cualquier territorio de Sudamérica.

Sin embargo, la situación en Colombia muestra un deterioro de las condiciones de vida de la población, sumida en el desempleo acrecentado por el pésimo manejo de la pandemia por el gobierno. A ello se suma ahora el espiral de violencia oficial y policial. Es más, aparecen con mayor fuerza los grupos ultraderechistas de paramilitares para amenazar a la población para que no participe en movilizaciones. Pero, aun con la represión los sectores sociales han salido a las calles y se espera que se retomen las protestas con más fuerza el 21 de noviembre, cuando se cumpla un año del paro nacional, convocado para protestar contra las reformas laborales y contra el sistema de pensiones similar al de Chile.

 

 

 

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