MONTAJE POLICIAL. Las imágenes de la población, viralizadas en tiempo real, lograron descartar el intento de montaje policial.

Por Adelaida Ojeda. 

La policía aseguró que la víctima había sido detenida, maniobra distractiva para construir una coartada que permitiera justificar la acción temeraria contra el menor. Incluso, Carabineros ingresó partes policiales al sistema virtual del Poder Judicial, tratando de hacer pasar la brutal acción como una detención. Las imágenes de la población, viralizadas en tiempo real, lograron descartar el intento de montaje policial.

La brutal escena de un joven tirado en el lecho del río Mapocho evoca los peores años de la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet, donde sus aparatos represivos exterminaban a sus opositores, lanzándolas a las aguas en un intento por hacer desaparecer los cuerpos de las víctimas.

Este viernes 2 de octubre, Carabineros fue sorprendido arrojando a un adolescente de solo 16 años al río, quien perdió la conciencia y sufrió fracturas de muñeca y traumatismos craneales en esa pavorosa caída de siete metros, mientras la imagen se viralizaba por redes sociales. Pero esta vez gracias a la acción de los ciudadanos que registraron el incidente pudimos conocer en forma inmediata el violento accionar policial que, en un primer momento, fue negado categóricamente por la fuerza represiva.

Además del hecho mismo, la policía incurrió nuevamente en lo que viene siendo una práctica en sus vulneraciones a los derechos humanos: obstruir la investigación y manipular así los antecedentes que los pudieran responsabilizar ante la justicia. Lo hizo antes en el caso del asesinato de Camilo Catrillanca, donde primero mintió al comunicar que el comunero mapuche había arrancado en un tractor tras haber supuestamente robado un vehículo. Y luego para no entregar los videos de la cámara go pro aseguró que habían sido destruidos para evitar que se conocieran escenas sexuales entre uno de los policías y su pareja. La versión era totalmente falsa.

En el caso del menor lanzado al río, Carabineros dijo en un principio que la víctima estaba en calidad de detenido para así construir una coartada que permitiera justificar la acción. La maniobra distractiva incluso fue más allá, pues la policía ingresó partes policiales al sistema virtual del Poder Judicial, tratando de hacer pasar la brutal acción como una detención. Ello quedó en evidencia pues el menor fue trasladado a la Clínica Santa María por rescatistas y no por carabineros.

La fiscal del caso Ximena Chong en la audiencia de formalización del policía aseguró que el joven nunca había sido detenido y, es más, afirmó que el carabineros identificado como Sebastián Zamora Soto,  “tras constatar a la víctima boca abajo e inmóvil dentro de las aguas del río, junto al resto de los funcionarios se retiró del lugar”,  no otorgando socorro alguno.

El hecho está clarísimo: Zamora Soto se abalanzó en diagonal contra el joven, tomándolo con sus brazos e impulsándolo de tal forma que lo elevó sobre la baranda y lo hizo caer de cabeza hacia el río Mapocho. Finalmente, el victimario fue imputado por “homicidio frustrado” y quedó en prisión preventiva.

La Justificación del contexto

Nuevamente y al igual que en plena dictadura quienes justifican la irracional agresión al menor levantan el falaz argumento del contexto en que se produjeron los hechos. La justificación sería “un contexto intenso de detención de personas que causaban desórdenes”, como si la población no tuviera derecho a manifestarse. Nuevamente los sectores de la derecha defienden el accionar de la policía y levantan la defensa de lo que ocurrió el viernes 2 de octubre en las inmediaciones de la Plaza de la Dignidad como una excusa para incurrir en graves violaciones a los derechos humanos.

El descontrolado uso de la fuerza de Carabineros es un real peligro para la población, que en cada manifestación pública ve violentados sus derechos humanos por la acción desmedida y represiva hacia los sectores populares. Así quedó demostrado por la Fiscalía ante las denuncias de más de 6.000 personas que aseguran haber sido violentadas en la vía pública por 6.369 efectivos policiales durante el estallido social. Pero hasta ahora hay solo 419 carabineros investigados, la mayoría por haber aplicado torturas y tratos crueles a sus víctimas.

La permanencia del general director, Mario Rozas, al mando de la institución se hace cada vez más compleja, ante este nuevo episodio del joven lanzado al Mapocho en Pio Nono, reproducidos en los principales medios del mundo, cuando faltan pocos días para el primer aniversario del estallido social y a menos de un mes para el plebiscito por una nueva Constitución.

 

 

 

NO COMMENTS

Leave a Reply