Nayar López Castellanos. 

Cerca de cumplirse los dos primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es necesario reflexionar sobre la situación de México en el contexto de la pandemia de la Covid-19. El balance general en los ámbitos políticos, económicos y sociales presenta claroscuros, frente a graves problemas estructurales que generan incertidumbre en torno a su futuro en el corto y mediano plazo.

No hay duda de que las políticas abiertamente neoliberales de los gobiernos anteriores dejaron un país económica y socialmente devastado, por múltiples violencias, el narcotráfico, la corrupción, la pobreza y la desigualdad, sumando el elevado índice de otros delitos como secuestro, trata de personas, tráfico de órganos, robo y extorsión, las cuales profundizaron el proceso de descomposición social, que ha llevado a nuestro país a ser considerado entre los más peligrosos en el planeta. Los números son escalofriantes: más de 350 mil muertos y 70 mil desaparecidos en los últimos 15 años. Los mismos números que arrojó la guerra en Guatemala entre 1980 y 1996.

A pesar de la retórica presidencial que afirma haber superado el neoliberalismo, lo cierto es que, en el ámbito económico, no existen contradicciones o diferencias profundas con el pasado inmediato, en esencia, comparten las políticas estructurales, incluso las de libre comercio, como se constató con la firma del nuevo tratado con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC. En este sentido, resulta significativa la relación privilegiada que el gobierno de AMLO ha tenido con la iniciativa privada, a partir de cumplir su promesa inicial de no afectar sus intereses ni revertir las principales reformas neoliberales.

La relación con Estados Unidos, y particularmente, con su presidente, Donald Trump, también ha sido tema de agrios debates y no pocas críticas. A pesar de retirar a México del llamado Grupo de Lima y asilar al derrocado presidente boliviano, Evo Morales, la histórica subordinación de México a Estados Unidos no ha cambiado sustancialmente, prueba fundamental de este hecho es la militarización de la frontera sur para detener la migración centroamericana hacia el país del norte, como el gobierno estadounidense exigió, amenazando, incluso, con incrementar los aranceles a México. En este contexto, es significativo que la única salida al exterior que ha hecho AMLO durante su gobierno haya sido, precisamente a Estados Unidos, para la firma del T-MEC, justo en el momento más crítico de la pandemia, con millones de personas protestando en las calles por la violencia racista contra los afrodescendientes y las minorías, y en el inicio de la campaña electoral presidencial. Lo que sí llama la atención es un mayor distanciamiento con el Sur global, quedando en el olvido la histórica relación y la unidad de Nuestra América.

Bajo este escenario, los impactos que la pandemia Covid-19 está generando en la precaria economía mexicana afectan la realización de los megaproyectos neo-desarrollistas del actual gobierno, contra los cuales, además, se han originado y fortalecido movimientos de resistencia de los pueblos indígenas, como el EZLN y el Congreso Nacional Indígena, entre otros. La afectación económica se ha visto reflejada también en la pérdida de miles de empleos en todos los sectores, sobre todo en el ámbito de los servicios y el turismo, mientras la violencia del crimen organizado ha mantenido elevados índices de víctimas en todo el territorio, alcanzando un promedio de 100 homicidios dolosos diarios. Los dilemas sobre el futuro del país prevalecen entre amplios sectores de la sociedad, sin vislumbrarse un cambio en el corto plazo.

Quedan por enunciar, meramente, dos líneas para la reflexión sobre la realidad mexicana. En primera instancia, valorar a profundidad las condiciones socioeconómicas, agravadas por la pandemia y el clima de inseguridad, que el gobierno actual no ha logrado mejorar o superar. En segundo lugar, examinar las contradictorias medidas de la política económica del gobierno y las consecuencias que representan los acuerdos establecidos con el capital nacional e internacional para llevar a cabo los megaproyectos emblemáticos: el Tren Maya, el Corredor Transístmico de Tehuantepec y el Proyecto Integral Morelos, valorando los conflictos que ocasionan en las comunidades indígenas y campesinas que habitan los territorios que se verán afectados.

A pesar de que analistas no dejan de considerar al gobierno mexicano dentro del campo de la izquierda, lo cierto es que no hay indicios de que se pretendan cambios y transformaciones en el orden estructural de la economía, ni tampoco una reconfiguración o refundación del sistema político actual, en franca crisis de legitimidad frente a la sociedad. El partido de AMLO, Morena, tiene las mayorías necesarias en el poder legislativo como para realizar profundas reformas constitucionales, pero, inmerso en conflictos internos para definir su dirigencia, sin representar tampoco un contrapeso positivo al protagonismo presidencial, esta mayoría en el Congreso no parece tener interés en llevar a la Constitución dichas reformas. Así, el gobierno actual se ve severamente atacado por fuerzas de una ultraderecha de corte fascista y confesional, que acusan a AMLO de “comunista”, mientras la izquierda anticapitalista critica su continuismo neoliberal, su proximidad al estamento militar y su acatamiento a las políticas antiinmigrantes y de libre comercio de Estados Unidos. Vaya situación paradójica de un gobierno que pretende una cuarta transformación histórica de México.

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