Por Leopoldo Riffo

EL PLIEGO DE LOS PUEBLOS

La situación actual ha llevado a diversas fuerzas sociales populares  a replantearse la necesidad de retomar la consigna de impulsar “El pliego del(los) Pueblo(os). Un pliego que junte las distintas luchas sociales sin duda es necesario y como dijo alguna vez Clotario Blest “si es necesario, es posible”. Pero, ¿cómo creamos esa posibilidad? Las demandas sociales que se vienen trabajando antes de la rebelión de octubre en todos los territorios son a nuestro juicio la base sobre la que se puede construir el tronco del pliego.

La visibilización que han alcan­zado las distin­tas demandas sociales, es pro­ducto de largas luchas que lograron generar avances en cuanto a las reivindicaciones, me­jora de las capacidades organizativas y la insta­lación en el imaginario social. La contraparte a estas luchas, han sido la respuesta del empre­sariado y el aparato es­tatal junto a sus fuerzas represivas que dejaron (y siguen dejando) una historia de persecución, tortura y muerte contra las/os luchadoras/es so­ciales de las distintas co­munidades en conflicto.

Es más, se ha uti­lizado la práctica del montaje al estilo de los organismos represivos de la dictadura cívico militar como el caso de la muerte, el 4 de octu­bre 2018 de Alejandro Castro, y que la versión oficial lo hace aparecer como “suicidio”, pero los antecedentes reuni­dos por la familia y las organizaciones sociales indican la participación de terceros con fundadas sospechas de un asesinato. Alejandro Castro, era dirigente sindical de la Pesca Artesanal en Quintero y cara visible en el conflicto me­dio ambiental de Quintero y Puchuncaví, donde la población ha luchado por acabar con las zonas de sacrificios.

A lo largo del país existen innumerables comunidades que denuncian, sin ser escuchadas, y que están siendo afectadas pro­ducto de las distintas industrias que privilegian sus inversiones económicas, por sobre el bienestar de sus habitantes, y deterio­ran gravemente los ecosistemas y la salud de la población. Se ha podido identificar metales pesados como plomo, arsénico en el aire y el agua, los cuales provocan una muerte lenta en estas co­munidades.

Así mismo, otro montaje que es desbaratado rápidamente es el asesinato de Camilo Catrillanca, el 14 de noviembre de 2018 por el “comando jungla” de carabineros entrenados en Co­lombia con técnicas de contra insurgencia (COIN), una de las joyas de Piñera. Camilo, nieto de Lonko de la comunidad de Temucuicui, estaba en la mira de los servicios de la inteligencia policial que lo identificó a mediados de 2017 como un líder de la Alianza Territorial Mapuche, según consigna una inves­tigación de CIPER. La mayoría de las comunidades Mapuche que se encuentran en pro­ceso de recuperación de tierras mantienen presos políticos, muertos y alla­namientos constantes por parte de las fuerzas repre­sivas.

Por otro lado, en julio de 2018 se registró en San­tiago una marcha feminista en favor del aborto libre, gratuito y seguro, organi­zado por la coordinadora 8-M, grupos neonazis hicieron barricadas afuera de la Universidad Católica para intentar frenar el paso de las mujeres en un vano intento ante la masividad de la convocatoria. Sin embargo, posteriormente apuñalaron a 3 de las mani­festantes (intento de femini­cidio), la autoridad guardó silencio sobre los hechos.

Los meses pasaron y la última cifra antes de la rebelión de octubre daba cuenta de 46 femi­cidios ese año y 36 antes de octubre de 2019. La guerra contra las mujeres se nos muestra cada vez más evidente, pues el dis­ciplinamiento de éstas es necesario para quienes controlan el poder de la estructura y su división social/sexual del trabajo, pues saben lo que implica para la cadena de producción y reproducción mercantil una huelga feminista efectiva para la continuidad del sistema económico.

Tomando en cuenta lo anterior como ejemplos de algunas de las luchas, de lo que se venía gestando en cuanto a las movili­zaciones, luchas y demandas sentidas, son en conjunto los pun­tos intransables de un futuro pliego; octubre de 2019 no nos parece, ni tan sorprendente, ni tan espontáneo.

Es conocido por todos/as el asedio represivo contra los sec­tores organizados de estudiantes secundarias/os; el gaseo de es­cuelas, el control preventivo y revisión de mochilas, más el co­pamiento por fuerzas especiales del Instituto Nacional como los puntos más álgidos y vergonzosos del que fuimos testigos. Ley de aula segura, imputabilidad juvenil, expulsiones, cierre de liceos y subestimación por parte de los representantes del Estado se dio como respuesta a las demandas que se vienen levantando desde el mochilazo del 2001. En palabras Ayelén Salgado vocera de ACES “nunca nos han querido escuchar, nos marginan, nos ven como seres que no piensan y que no inciden”.

También vimos como el SENAME se utilizó política­mente como centro de detención de los/las luchadoras/es secundarias/os más osadas/os. Este servicio que dice garantizar los derechos de la niñez tiene un historial de represión, muertes, prostitución, tráfico de niñas/os, corrupción políti­ca y empresarial, razones por las cuales debe desaparecer.

En pleno proceso de lu­cha contra la ley represiva “aula segura” viene el anuncio del alza del pasaje del metro, la organización secundaria encabezó la lucha solidaria­mente en apoyo a sus familias y el conjunto del pueblo, sin sospechar las repercusiones de su ejemplo en un pueblo que ya no daba más con tan­to abuso y humillaciones.

El conjunto del pueblo salió en masa, enarboló sus reivindicaciones más senti­das (desde sus distintas realidades) y una lección que podemos recoger de la solidaridad secundaria es la interrelación que existe entre las luchas; salud, pensiones, derogación del código de aguas, derogación del código laboral, vivienda digna, condonación del CAE, educación estatal, gratuita, de excelencia bajo control co­munitario, respeto al medio ambiente, respeto a las comunidades migrantes, fin del patriarcado, salario por el trabajo doméstico, incorporar a la niñez y la juventud en las decisiones del país, abolición de la constitución pinochetista, etc.

No debiese ser un problema identificar las demandas generales y territoriales a incorporar en el pliego de los pueblos, pues cada una de estas luchas están arraigadas en las organi­zaciones y comunidades que las han impulsado, la tarea que nos debe preo­cupar quizás es el cómo, en conjunto asumimos las demandas particu­lares y luchamos uni­das/os (respetando las autonomías) en una co­ordinación representativa que imponga por la fuer­za de los hechos las de­mandas del pueblo, ya no desde una canalización parlamentaria fraguada en sus cocinas, como la convención constitucional donde vuelven los dinosaurios de la política, sino, en una instancia verdaderamente constituyente, donde nuestros representantes legítimos puedan plasmar dichas demandas en una asamblea constituyente libre y soberana; pluri­nacional, feminista, no adultocéntrica y anticapitalista.

Exigiendo, juicio y castigo efectivo a los culpables de los crímenes de lesa humanidad desde Dictadura de Pinochet hasta la de Piñera, reparación integral a las víctimas y sus fa­miliares, libertad inmediata y sin condiciones de todos/as los/as presos/as políticos, chilenos, mapuche y migrantes

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