Desde mediados de diciembre se han desplegado los partidos de la elite en forma insistente en sus campañas electorales. Con la irrupción de sus precandidatos/as o derechamente sus can­didatos en los diversos niveles. Desde conce­jales, alcaldes, gobernadores, constituyentes, parlamen­tarios e incluso presidente.

La elite derechista, el reformismo histórico y el re­formismo de recambio; son tres bloques con sus estrate­gias electorales que en lo esencial son similares. Se puede decir que solo luchan por cuotas de poder o de recambio. No han asumido el cambio que se ha producido en la correlación de fuerzas en la escena política nacional, a raíz de las masivas movilizaciones sociales políticas ini­ciadas en octubre 2019 y que han perseverado hasta el momento. Obviamente, no con la masividad del 2019. El proceso de retoma de iniciativa ha sido lento por la pandemia y la represión. Estos dos elementos han sido utilizados en forma reiterada por el gobierno para neutralizar las movili­zaciones y las exigencias de las demandas transversales que emergieron en las movilizaciones el 2019.

Paralelamente, los sec­tores dominantes se han reagrupados desde el acuer­do del 15 de noviembre de 2019. A pesar de la derrota electoral del rechazo el 25-10-20, el camino para el pro­ceso constitucional sigue amarrado por el acuerdo de la cocina política de las elites en noviembre del año pasado.

No obstante, ha habido esfuerzos por retomar la iniciati­va de los sectores populares en sus territorios y en los centros de las ciudades de las regiones, especialmente en el Biobío, RM, Valparaíso y otras regiones. La iniciativa de las movi­lizaciones se ha dado en dos planos y espacios geográficos. Por un lado, hay un grado de repliegue de algunos sectores hacia los territorios como una forma de eludir la represión, así como de ir haciéndose fuerte en las comunidades y, por otro lado; manteniendo un cierto grado de presencia en los centros neurálgicos de las grandes ciudades, especialmente levantando una o más demandas sentidas y urgentes.

En el presente, la demanda más clara y sentida es la li-bertad de todos los presos políticos de los diferentes pueblos de nuestro país y luchadores/as de distintos momentos que aun cumplen prisión como Mauricio Hernández Noram­buena. Es de justicia básica exigir que estos luchadores/as salgan en libertad ya que ellos/as han sido participantes directos/as de las movilizaciones que han logrado producir un cambio tan importante como es la correlación de fuer­zas. Nuestro país ya no es el mismo después de octubre de 2019, ya los sectores populares corrieron el cerco en la lucha por sus demandas y derechos, aunque sabemos que falta mucho hasta lograr cambiar el sistema capitalista y el modelo neoliberal. También sabemos que los partidos de la elite no han perdido el tiempo y se han ido reconfigu­rando para enfrentar el proceso constitucional y buscaran diferentes caminos tendientes a que los cambios sean menores o derechamente abortarlos como lo han realizado históricamente.

Por otro lado, el go­bierno sigue utilizando la pandemia como un mecanismo de control social y represivo. En ese sentido, se ha notado la despro­tección por parte del Es­tado a los sectores de la población con menos re­cursos. En cambio, a las grandes empresas y sus dueños se les entregan fa­cilidades para eludir pa­gos de multas disminuyendo sus montos como en el caso de Ponce Lerou y otros. Situación similar su­cede en los procesos judiciales en que aplican penas abusivas a los sectores populares y perdonazos a los violadores de DDHH.

Finalmente, queremos resaltar los esfuerzos que se llevan a cabo por los jóvenes y estudiantes, las mujeres, los/as pobladores/as en los territorios. De­sarrollando un aprendizaje en organización, debate, acción común, asambleas territoriales, e intentando engarzar esos esfuerzos con las demandas populares pendientes, por tanto, haciendo esfuerzos en la construc­ción de un pliego del pueblo que potencie la coordi­nación de nuestras demandas.

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