PLAZA BOLIVAR. Llegan los indígenas a Bogotá, 21 de octubre de 2020.

“DUQUE, PARACO, EL PUEBLO ESTÁ BERRACO”

Por Beatriz Villar.

El Acuerdo de Paz de 2016 fue un importante intento de poner fin a 50 años del conflicto armado en Colombia. Pero hay poderosos intereses que alimentan la guerra entre colombianos, y un Estado narcoterrorista que representa dichos intereses. Imposible entonces que se investigue las masacres y se garantice el derecho a la vida de todos los habitantes.

Entre el 2002 y el 2008 , durante la administración del Presidente Uribe, unas 4500 personas fueron asesinadas a sangre fría por el ejército colombiano con el único propósito de inflar el número de bajas en combate, de dar una impresión falsa del supuesto éxito en la lucha contra la guerrilla. En Colombia se conoce como “falsos positivos” a estos ciudadanos pertenecientes a los sectores más humildes de la población, asesinados para hacerlos aparecer como militantes de las guerrillas.

Si bien han sido condenados 800 soldados involucrados en estas matanzas masivas, los jefes de unidades de comando han seguido siendo ascendidos, al punto de que 16 de ellos llegaron a generales, incluyendo el hasta hace poco Jefe del Ejército y el actual Jefe de las Fuerzas Armadas. Ambos tienen antecedentes en estos hechos y no han sido objeto de investigación por parte de los fiscales.

Estos datos del informe de José Miguel Vivanco de Huma Rights Watch, de noviembre de 2020, fueron rechazados por el gobierno y por las fuerzas militares, y atribuidos, como es habitual, a una campaña de desprestigio de la extrema izquierda hacia el ejército colombiano.

A cuatro años del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC, que depusieron 10.000 armas, las masacres de líderes y lideresas sociales se han multiplicado; 244 ex guerrilleros desmovilizados fueron asesinados.

A lo largo del 2020 se produjeron 78 masacres con cerca de 500 personas asesinadas. En 2019, fueron 50. Las masacres son frecuentes, casi siempre perpetradas los fines de semana en zonas alertadas por la Defensoría del Pueblo, en las que existen fuerzas de tareas desde hace años. Cada ocho días se producen una o dos masacres. En un mismo día, fueron asesinados tres dirigentes en distintos lugares del país. El líder del movimiento estudiantil Alejandro Palacio hizo un llamado a la Fiscalía para que investigue y encuentre a los responsables. Considera que se los persigue por defender sus derechos a través del miedo como estrategia política.

Desde la perspectiva del neoliberalismo capitalista no existe preocupación por las vidas perdidas sino porque, desde su concepción servil ante el imperio yanqui y ante el cambio de gobierno de los Estados Unidos, no habrá inversiones en Colombia debido a la “imagen” de inseguridad del país.

Cuatro años después de la firma del Acuerdo de Paz , no se produjeron cambios que transformen las condiciones de vida de la gente.

Respecto del acceso a las tierras, según las cifras oficiales, sólo se han distribuido 32.000 hectáreas de los 3 millones que exige el acuerdo; es decir, el 1 %. Y vaya uno a saber a quién.

En el compromiso del acuerdo se acordó reducir la pobreza en el 50 % y eliminar la pobreza extrema, inicialmente en 10 años y luego de la renegociación, en 15. En las cifras del Dane del 2019, la pobreza monetaria subió en el 1 % y la extrema en el 3 %, y eso antes del covid.

El Presidente Duque apela al narcotráfico como causa de la inseguridad a nivel nacional, porque no está dispuesto a dar respuestas a los reclamos populares de poner fin a la exclusión social, a la corrupción y a la impunidad imperantes.

El pueblo colombiano repudia el incumplimiento de los acuerdos de paz por parte del gobierno, sus ataques al proceso de pacificación y el asesinato de líderes sociales y sindicales.

Los motivos del paro y movilizaciones del 21 de noviembre de 2019, las más importantes en la historia del país, fueron por el derecho a la vida, por la paz y contra el paquetazo económico del Presidente Duque y el FMI.

El paquetazo contemplaba la pretensión de reforma laboral y pensional, la privatización y venta de importantes empresas del Estado para resolver la grave crisis por la que atraviesa el país, el intento de reglamentar la protesta social y la creación de un holding financiero con una serie de empresas vinculadas a la salud y a la seguridad social.

En agosto de 2020, el pueblo de Samaniego, donde fueron masacrados ocho jóvenes, marchó al grito de “Duque, paraco, el pueblo está berraco”, en una clara alusión a la responsabilidad del propio Presidente de Colombia en la proliferación de las llamadas bacrim (bandas criminales) y a que el pueblo está decidido a poner límites a tantas matanzas e impunidad. Según datos de la Defensoría, las Bacrim están en 27 de los 32 departamentos del país.

En septiembre hubo encendidas protestas en diferentes ciudades del país contra la brutalidad policial, desatadas por la muerte de un hombre de 46 años en Bogotá y diez víctimas mortales de entre 17 y 27 años en Bogotá y tres más en Soacha, ciudad aledaña a la capital colombiana. Solamente en Bogotá hubo 379 heridos, de los cuales 66 fueron impactados con armas de fuego.

Los  informes del Indepaz dan cuenta de la fecha, procedencia social, fecha y lugar (municipio y departamento) del asesinato de 329 personas, mujeres y hombres, durante el 2020 hasta el mes de noviembre. De los cuales 259 son indígenas, campesinos, líderes cívicos (nacidos de barrios de una pobreza absoluta, que organizan actividades para paliar las necesidades de los pobladores)… afrodescendientes, líderes sindicales, ambientalistas, disidencias(LGBTIQ+).

EN COLOMBIA SOBRAN LAS RAZONES PARA PROTESTAR.

El 25 de noviembre de 2020, las calles del centro de Bogotá se colmaron de feministas, taxistas e indígenas cuyos reclamos pueden resumirse en el respeto por la vida, el derecho a la tierra y a la justicia social.

El 3 de diciembre comenzó un paro de actividades de los docentes del Departamento de Cundinamarca.

Más allá del aprovechamiento político de una pandemia que obligó a la desmovilización de las protestas callejeras, el pueblo, con un gran protagonismo de la juventud, vuelve a manifestarse por sus derechos negados, decidido a escribir una nueva página de la historia de Colombia, signada por el respeto a la dignidad suprema de la vida de todas las personas, sin excepción.

Indica el diario colombiano Tiempo del 9 de diciembre de 2020 que desde 1996, 2.094 personas fueron víctimas de desaparición forzada en los municipios antioqueños de Briceño, Cáceres, Ituango, Nechí, Peque, Sabanalarga, Tarazá, Toledo y Valdivia, según estableció la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Dichos municipios están ubicados en el área de influencia del proyecto hidroeléctrico Hidroituango.

Estos crímenes de lesa humanidad tuvieron un incremento inusitado a partir del primer semestre de 1996, con la irrupción de estructuras paramilitares en Antioquía, en especial en los municipios de Cáceres y Tarazá (que concentran cerca del 50 % de las víctimas). Entre 2001 y 2002, fueron desaparecidos 358 ciudadanos.

En esta región, las desapariciones forzadas de personas fueron masivas, generalizadas y persistentes. Durante 2020 la JEP ha encontrado ocho cuerpos con signos de muerte violenta, víctimas provenientes del Cementerio de Orobajo, en Sabanalarga, zona inundada por la represa, que se encontraban en el Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquía. Las víctimas presentan heridas con arma de fuego, disparos en el cráneo compatibles con ejecución sumaria y en estado de indefensión.

Lo que se augura para el 2021 es que, a pesar de la criminal represión policial y del ESMAD (Escuadrón Móvil Anti Disturbios) en las últimas movilizaciones, el pueblo colombiano profundizará su conciencia y se agudizarán las protestas sociales en las calles.

Además de las masacres y las desapariciones sistemáticas, la fumigación con glifosato es otra herramienta del poder para el exterminio.

Según El Espectador del 16 de enero de 2021, justo cuando el Gobierno de Duque iba a retomar las aspersiones con glifosato, una nueva decisión judicial parece ponerle un freno al proceso. Una tutela presentada por todas las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas del Pacífico Nariñense, agrupados en la Redhpana, y el colectivo Orlando Fals Borda que pedía que se reevaluara la afectación directa que sufrirían los territorios étnicos, logró que una resolución del Ministerio del Interior para el regreso del glifosato, fuera suspendida.

El 2021 comienza en Colombia con una victoria parcial sobre el genocidio. Será un año intenso, henchido de esperanza en el protagonismo de las nuevas generaciones.

Referencias:

http://www.indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020/

http://www.indepaz.org.co/lideres/

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