Por Central Clasista de Trabajadorxs

La declaración Universal de los Derechos Humanos en su art. 23 establece que toda persona tiene derecho al tra­bajo, a condiciones equitati­vas, satisfactorias y protección frente al desempleo; derecho a igual salario, igual trabajo; que toda persona que trabaja tiene derecho a una remu­neración que asegure una existencia conforme a la dignidad humana; derecho a fundar sindicatos para la defensa de sus intereses.

Todos estos derechos que se supone Chile adscribe es­tán lejos de cumplirse. La crisis económica mundial, la pandemia y las políticas de los gobiernos, que son las de un sistema tremenda­mente injusto y desigual, han permitido lo contrario: dismi­nución de posibilidades de acce­so al trabajo como derecho, y peor aún, a quienes logran acceder a un trabajo, es en condiciones crecientes de precariedad, sin derechos laborales o sociales asegurados y, en muchas ocasiones, a través del subcontrato, trabajo a honorario o simplemente en la informalidad, situación aberrante si consideramos que el trabajo es fun­damental para el funcionamiento y desarrollo de toda sociedad.

Este derecho es la base para alcan­zar y respetar, muchos otros derechos humanos. Solo se podrá tener una vida digna, mediante el acceso libre y expedito a un trabajo libremente aceptado o escogido, retribuido de manera justa y adecuada.

Pero esta situación no es pro­ducto solo de la pandemia ni de los gobiernos. Es el sistema imperante el que permite la desigualdad y que ha actuado contra las/os trabajado­ras/es cada vez que ha sido necesario para resguardar el enriquecimiento de unas/os pocas/os. En esta crisis no ha sido diferente y la patronal ha con­denado a millones a la cesantía y el trabajo precario. No está demás men­cionar que las reformas laborales re­cientes han eliminado derechos, restringido la libertad sindical y acotado aún más la negociación colectiva, y su relacionado, el derecho a huelga. No es casual que toda vez que se pre­cariza el trabajo, también se legisla contra las organizaciones de la clase trabajadora.

El Derecho al Trabajo surge nominalmente durante la revolución in­dustrial y se han desarrollado diversas posturas. Unas exigen la protección por parte del Estado hacia las/os tra­bajadoras/es. También se ha discutido sobre la necesidad de desarrollar una política de distribución de la riqueza. Otros plantean la eliminación de la propiedad privada de los medios de producción, el control obrero de la producción y el término de la explo­tación por parte de algunas/os contra la fuerza de trabajo de otras/os.

Si bien, en la actual sociedad, las reivindicaciones mínimas respecto del trabajo se relacionan con el asegura-miento de lo establecido en el art. 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es bien claro que para acabar con la explotación de las/os trabajadoras/es para alcanzar una vida digna y plena, se requiere de una transformación profunda y estructural de la sociedad, en donde prime la función social del trabajo orientado al cumplimiento de las necesidades de las personas y trabajos desarrollados según sus capacidades y no una producción basada en la ex­plotación del ser humano y la natu­raleza con el único objeto de acumu­lar capital y mantener vidas de lujo de unas/os pocas/os a costa de la miseria de las grandes mayorías.

Solo la férrea voluntad por crear y fortalecer organizaciones con pro­fundas convicciones clasistas, con personas educadas en sus derechos y dotadas de herramientas de lucha, podrá revertir este oscuro panorama y avanzar hacia una sociedad de mayor protección y defensa de un derecho que está muy lejos de ser garantizado.

Si bien las tareas inmediatas son seguir impulsando y luchando en los centros laborales por defender lo conquistado y contra la precariedad laboral, se hace aún más fundamen­tal levantar e impulsar un verdadero sindicalismo de clase, que entienda que no basta con luchar por reivindi­caciones económicas y salariales, sino también organizarnos y luchar por una nueva sociedad, libre de capitalismo y explotación del trabajo.

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