GÓMEZ SEÑALA “A pesar del contundente triunfo popular en el plebiscito de octubre de 2020, el régimen político, específicamente, el sistema partidos políticos, no se encuentra en crisis ni ha desaparecido”.

Por Juan Carlos Gómez Leyton ¹

El cambio político constitucional es un tipo de cambio político e histórico, parcial y acotado, de no ir acompañado de transformaciones radicales en la estructura del poder infraestructural de los grupos dominantes no provoca modificaciones, ni pone fin a la dominación. Aunque, puede producir cambios en dimensiones específicas de la hegemonía, las clases dominantes mantienen el control y la dirección de aspectos fundamentales y centrales del proceso de acumu­lación y reproducción del capital. Este se desenvuelve en un nuevo contexto político institucional que lo afecta de manera marginal; pero, de ninguna manera compromete su desenvolvimiento integral. El cambio político constitu­cional no transforma revolucionariamente a la sociedad.

Desde octubre de 2019 sociedad chilena se ilusiona con el cambio constitucional. De la misma forma como la sociedad colombiana lo hizo en 1991. En esta última, si bien, hubo cambio constitucional fue sin transfor­mación societal, ni la resolución de la crisis política que había inducido al cambio constitucional. Pero, paradojal­mente, lo que si hubo fue el cambio del patrón de acu­mulación capitalista. Dado que el proceso constituyente fue dirigido y controlado por los sectores, partidos y gru­pos políticos afines al capitalismo liberal: estos propicia-ron la instalación de la forma de acumulación neoliberal y una democracia liberal que rápidamente derivo en un régimen político autoritario: la democracia de la seguri­dad ciudadana. Impuesta por los sectores autoritarios de la derecha ultraconservadora, vinculada a los paramilitares y narcotraficantes liderada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).

En Colombia el resultado adverso para el movimiento social popular y para las clases dominadas se explica fun­damentalmente por la inexistencia de una crisis del régi­men de partidos políticos y por la dirección del proceso constituyente de parte del poder ejecutivo, en manos de un presidente vinculado a los sectores liberales y capitalis­tas, Cesar Gaviria (1990-1994)

Ambos factores se encuentran también presente en la coyuntura constitucional chilena. En Chile, a pesar de la rebelión de octubre 2019 y del contundente triunfo popular en el plebiscito de octubre de 2020, el régimen político, específicamente, el sistema partidos políticos, no se encuentra en crisis ni ha desaparecido. Y, el gobierno de la derecha empresarial neoliberal de Sebastián Piñera, a pesar de la bajísima aprobación ciudadana (7%, en la últi­ma encuesta disponible) aun gobierna y, lo peor, controla, de una u otra manera, el proceso constitucional. E, in­cluso, osa, contratar una asesoría internacional (europea) para “asesorar” la producción de una nueva constitución política.

En consecuencia, la poderosa institucionalización del sistema de partidos políticos chilenos como la fuerza de la tradición presidencialista se levantan como dos muros de contención y de obstáculo para la realización y ejercicio soberano del poder constituyente, como para el cambio constitucional radical que se busca impulsar, justamente, desde los márgenes del sistema político.

A pesar de la falta de representatividad, de credibili­dad y confianza que tienen los partidos políticos entre la ciudadanía, estos se mantienen como actores principales y relevantes del proceso político actual. Aunque los dis­tintos partidos (viejos y nuevos) y alianzas políticas (viejas y nuevas) están atravesadas por conflictividades internas, reconfiguraciones y bajas adhesiones y respaldos ciudada­nos electorales, mantienen el control del proceso constituyente. Y, actualmente, las alianzas que se están conforman­do tanto en la derecha, en el centro como en la izquierda, protagonizadas por los partidos políticos nos indican que ellos están más “vivos” que nunca.

La única forma para evitar ese protagonismo apunta a que las ciudadanías apartidistas y antineoliberales confor­men un “instrumento político” que no solo les permita presentar candidatos a la Convención Constitucional sino también una plataforma y una estrategia dirigida a con­quistar el poder. De lo contario el camino que seguirá el proceso constitucional chileno será el colombiano, o sea, cambio constitucional con una remozada dominación capitalista: una hibridación capitalista entre lo neoliberal y lo socialdemócrata.

 

¹ Dr. en Ciencias Sociales y Política Director Académico CIPPSAL

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